Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y España vuelven a escena. El actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con penalizara los países que no alcancen el 5 % del PIB en gasto militar (una cifra muy por encima del 2 % que exige la OTAN).
España ha sido señalado en los últimos días de forma directa en una de las famosas reprimendas televisadas del dirigente norteamericano y podría verse afectada por una oleada de aranceles. De ser así, el impacto recaería especialmente sobre las pequeñas y medianas empresas exportadoras.
26.700 pymes en el punto de mira
Según estimaciones recientes, unas 26.700 pymes españolas exportan regularmente productos a Estados Unidos, principalmente en agroalimentación, automoción, componentes industriales, farmacia o bienes de equipo.
En total, España exportó en 2023 más de 21.000 millones de euros a EE. UU. Solo el aceite de oliva superó los 640 millones de euros, seguido del vino (más de 340 millones) y otros productos clave como maquinaria, transformadores eléctricos o medicamentos.
Durante su anterior mandato, Trump ya aplicó aranceles del 25 % al acero y del 10 % al aluminio. En 2025, el escenario podría ampliarse con nuevos gravámenes a productos del motor, bienes industriales y alimentos, con tarifas entre el 10 y el 25 %.
Para muchas pymes, esto supone una pérdida de competitividad, subidas de precios en destino y posibles tensiones en los contratos firmados con sus socios norteamericanos.
Entre los sectores más expuestos están el agroalimentario (aceite, vino, jamón o aceitunas) ya fueron penalizados en rondas anteriores, donde muchas cooperativas podrían ver afectada su rentabilidad, la automoción y componentes y el sector farmacéutico e industrial, con una base más sólida, pero también sensibles a cambios en el régimen arancelario.
Limitaciones legales, con riesgo
Si bien la Unión Europea tiene competencia exclusiva en política comercial y puede bloquear aranceles selectivos contra España, el daño anticipado ya se deja notar.
Algunas pymes han retrasado inversiones o aplazado acuerdos con distribuidores estadounidenses ante la incertidumbre.
Ante el escenario actual, el Gobierno ya planteó el pasado abril un plan de contingencia de 14.100 millones de euros, que incluye 6.000 millones en líneas de liquidez, 5.000 millones en avales ICO, 200 millones para modernización industrial y 400 millones para el sector automoción y 2.000 millones en seguros de exportación.
El objetivo es amortiguar el impacto sobre las pymes más expuestas y fomentar la diversificación de mercados y exportaciones, adaptándose para minimizar riesgos, revisar cláusulas contractuales ante cambios arancelarios y asegurar los cobros internacionales, entre otros aspectos.
Por ahora, no se han materializado nuevas amenazas arancelarias, pero la exposición es real y las consecuencias potenciales son significativas para el tejido empresarial español. La evolución de la política comercial estadounidense en los próximos meses será clave, pero, como lleva ocurriendo todo este 2025, también difícil de prever.
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