Javier Ruiz
Si bien todavía queda un año para que todas las empresas españolas tengan la obligación de emitir facturas usando sistemas compatibles con Verifactu, la nueva herramienta de control fiscal impulsada por la Agencia Tributaria, julio de 2025 está marcando un punto de inflexión para los negocios que ya se han comprometido a dar el salto, y también para aquellos que lo observan con recelo.
La medida busca combatir el fraude fiscal, pero muchas microempresas —como las tradicionales pescaderías de barrio— ya han empezado a alzar la voz: denuncian que el nuevo sistema les obliga a digitalizarse sin recursos ni apoyo real, poniendo en peligro su viabilidad.
¿Qué es Verifactu?
Verifactu es un sistema informático que obliga a enviar de forma inmediata los registros de facturación a Hacienda. Para ello, las empresas deben utilizar programas homologados (SIF) que garanticen que los datos no se pueden manipular ni borrar, generando un fichero inalterable que se remite directamente a la Agencia Tributaria.
Este nuevo modelo de facturación afectará a todos los autónomos y empresas que estén obligados a emitir facturas, con independencia de su tamaño, aunque su entrada en vigor es progresiva:
- A partir del 1 de julio de 2025, cuando las empresas con facturación superior a 6 millones de euros ya se han ido incorporando.
- A partir del 1 de julio de 2026 para el resto, como tarde, para el resto de profesionales y empresas.
En la práctica, esto implica que cualquier autónomo deberá contar con un programa compatible, adaptarse al nuevo formato y garantizar su envío automático: una serie de requisitos que no todas las empresas ven igual de viable.
¿Por qué protestan las pescaderías?
En los últimos días, FEDEPESCA y otras asociaciones de comercio tradicional han advertido que la mayoría de estos negocios ni siquiera tienen un ordenador en el punto de venta.
Por ello, pasar de un sistema tradicional a un sistema informatizado, comprar software y formarse puede suponer un coste económico y organizativo elevado para negocios con márgenes muy ajustados.
Sin embargo, el problema va más allá de estos comercios, pues la situación es similar (por no decir, casi idéntica) en fruterías, bares, carnicerías o ferreterías, que pueden encontrarse en la misma situación.
A menudo, las nuevas tecnologías no alcanzan el pequeño negocio, con todo lo que eso supone: en 2021, según el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), todavía había 600.000 pequeños negocios sin ordenadores en el puesto de trabajo tras la pandemia de la Covid-19, que, pese a estos datos, supuso un acelerón generalizado en esta materia.
En su mayoría, existe un gran número de profesionales que siguen trabajando con facturas manuales o sistemas de caja no informatizados, y señalan que la transición no es tan sencilla como se presupone desde la administración.
"¿Y si no me adapto?"
No obstante, no adaptarse parece impensable. Las sanciones por no emitir facturas conforme al nuevo sistema pueden ser elevadas. Además, no adaptarse impide declarar correctamente y puede cerrar el acceso a deducciones, ayudas y relaciones comerciales con empresas ya digitalizadas.
Más allá de las sanciones, el verdadero riesgo es quedar fuera del sistema por no poder cumplir con los requisitos técnicos.
Por ello, estos meses las pymes deberían:
- Informarse cuanto antes: buscando programas homologados por la Agencia Tributaria y tener presentes los plazos.
- Consultar con tu asesoría fiscal o gestoría para coordinar el cambio.
- Valorar soluciones "low-cost" o subvencionadas: algunos programas gratuitos o subvenciones del Kit Digital pueden ayudar a sufragar el coste, si bien ciertas soluciones pueden ser ineficientes a partir de cierto volumen de facturación.
- Formar al equipo, conocer el funcionamiento básico del software que se utilizará para evitar errores.
Una oportunidad, si se hace bien
Hasta la fecha, el salto hacia Verifactu ha sido recibido con escepticismo, pero también puede ser una oportunidad para profesionalizar procesos, simplificar gestiones y evitar errores contables.
La realidad es que, una vez más, el verdadero problema no es la digitalización, sino hacerla sin un apoyo real y sin opciones adaptadas al tamaño de cada negocio y a sus ritmos. Si Hacienda quiere que nadie se quede atrás, tendrá que mirar también al pequeño comercio.
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