Sergio Delgado
EditorNo es un secreto para nadie. Las microempresas españolas atraviesan un momento complejo: incremento de los gastos laborales, presión regulatoria, necesidad de adaptarse a nuevas obligaciones tecnológicas…
Por ello, varias organizaciones empresariales han mostrado su preocupación por la implantación del sistema de facturación electrónica Verifactu, una herramienta diseñada para mejorar el control fiscal pero que, según el sector, podría generar un impacto significativo en los negocios más pequeños.
Datos recientes de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa reflejan que el empleo en las empresas de menor tamaño apenas aumentó un 0,4% durante 2025, mientras que las grandes corporaciones registraron un incremento del 4,5%. Esta diferencia evidencia una brecha estructural que limita la capacidad de expansión de los negocios más pequeños.
Verifactu y la preocupación de los pequeños negocios
El sistema Verifactu forma parte de la estrategia de digitalización fiscal impulsada por la Administración para reforzar el control de la facturación empresarial.
Su objetivo es garantizar que las facturas emitidas por las empresas se registren de forma segura y verificable, reduciendo así el fraude fiscal y aumentando la transparencia en las operaciones económicas.
Sin embargo, su implantación ha generado inquietud en el tejido empresarial más pequeño. Aunque inicialmente estaba prevista para 2026, la obligatoriedad del sistema se ha aplazado hasta 2027, una decisión que ha dado más margen a las empresas para adaptarse, pero que no ha eliminado las dudas sobre su impacto.
Las micropymes sostienen que la adaptación a este sistema implicará inversiones en software, equipos informáticos y formación que podrían resultar difíciles de asumir para muchos negocios de reducida dimensión.
Sectores que solicitan quedar fuera del sistema
Algunas asociaciones sectoriales han planteado directamente la exclusión de determinadas empresas del sistema de facturación. Entre ellas se encuentran organizaciones vinculadas al comercio minorista de alimentación, como Fedepesca, Cedecarne o Ceoppan.
Estas entidades consideran que las empresas gestionadas por personas físicas con menos de diez empleados deberían quedar fuera de la obligación de aplicar el sistema. También proponen que los titulares de negocios mayores de 60 años o las comunidades de bienes con menos de diez integrantes puedan beneficiarse de un tratamiento similar.
Además, se ha planteado que los autónomos del comercio minorista que tributan bajo el régimen especial del recargo de equivalencia y que venden exclusivamente a consumidores finales queden exentos de la normativa.
Las asociaciones argumentan que estas medidas se basan en criterios de proporcionalidad y en la necesidad de proteger la viabilidad económica de negocios de pequeña escala.
El peso de las microempresas en la economía española
Las microempresas representan una parte fundamental del tejido productivo español. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, miles de pequeños negocios forman parte de sectores clave como el comercio de proximidad, la alimentación especializada o los servicios locales.
Solo en el ámbito del comercio minorista especializado en alimentación, bebidas y tabaco existen más de 62.000 empresas o profesionales con plantillas inferiores a diez trabajadores.
Esta cifra representa menos del 5% del conjunto de la cadena alimentaria, lo que indica que el impacto fiscal de una posible exención sería relativamente reducido.
Muchos de estos negocios, además, tributan bajo sistemas simplificados como la estimación objetiva, lo que limita su capacidad de aplicar sistemas de facturación avanzados sin realizar inversiones adicionales.
Propuestas para facilitar la adaptación
Ante el nuevo escenario regulatorio, las organizaciones empresariales han propuesto diversas medidas para facilitar la adaptación de las microempresas al sistema Verifactu.
Entre las propuestas planteadas se encuentran deducciones fiscales en el IRPF vinculadas a las inversiones necesarias para implantar la facturación electrónica, subvenciones directas para adquirir software y equipos de punto de venta, y líneas de financiación con condiciones favorables destinadas a autónomos y pequeñas empresas.
Estas medidas permitirían reducir el impacto económico inicial de la transición digital y garantizar que los negocios de menor tamaño puedan adaptarse sin comprometer su estabilidad financiera.
Las dificultades estructurales de las microempresas
Los datos del mercado laboral reflejan las dificultades que enfrentan los negocios más pequeños. Según la Encuesta de Población Activa correspondiente al cuarto trimestre de 2025, el número total de ocupados en España aumentó un 2,77% en términos interanuales.
Sin embargo, el crecimiento del empleo entre los autónomos fue mucho más moderado. Los trabajadores por cuenta propia sin empleados registraron un incremento cercano al 1,1%, mientras que los autónomos con trabajadores a cargo experimentaron incluso una ligera caída del 0,8%.
Estos datos muestran que las microempresas tienen una capacidad mucho más limitada para generar empleo o expandir su actividad, en comparación con las grandes empresas que cuentan con mayores recursos financieros y administrativos.
Las organizaciones empresariales insisten en que la regulación económica debería aplicarse teniendo en cuenta el tamaño de las empresas y su capacidad real para asumir nuevas obligaciones administrativas.
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