Sergio Delgado
EditorNo hay manera. El Congreso ha rechazado por segunda vez en lo que va de año la convalidación del Real Decreto-ley que pretendía extender los umbrales vigentes en ejercicios anteriores para 2026.
La decisión deja en suspenso la continuidad de un sistema al que siguen acogidos numerosos pequeños negocios, especialmente en sectores como el transporte, el comercio minorista o la hostelería.
El escenario no es para nada nuevo. Desde hace casi una década, el régimen de módulos se mantiene en una especie de prórroga permanente que depende cada año de acuerdos políticos de última hora.
La votación negativa en la Cámara Baja reproduce el bloqueo ya vivido en enero y abre un periodo de dudas justo cuando el calendario fiscal avanza hacia el primer pago fraccionado del ejercicio.
Un sistema en equilibrio inestable desde 2016
El origen del problema se remonta a la reforma normativa aprobada en 2015 para su aplicación a partir de 2016.
Aquella modificación redujo de forma significativa los umbrales de exclusión del régimen de estimación objetiva. Los límites pasaron de permitir facturaciones anuales de hasta 250.000 euros en términos generales a cifras sustancialmente inferiores, fijadas en 125.000 euros o incluso 75.000 euros en determinados supuestos vinculados a operaciones con empresarios y profesionales.
Desde entonces, diferentes organizaciones representativas del colectivo han presionado para que se mantuvieran los umbrales anteriores mediante prórrogas anuales.
El argumento principal es que la reducción automática de los límites expulsaría del sistema a un volumen considerable de autónomos cuya estructura de negocio sigue siendo propia de pequeños contribuyentes.
Más de 150.000 autónomos pendientes de una decisión
Las estimaciones difundidas por asociaciones como la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos apuntan a que más de 150.000 profesionales podrían quedar fuera del régimen si no se consolidan los umbrales ampliados.
La salida automática implicaría el paso a estimación directa, con mayores obligaciones formales y contables, así como un cambio en la forma de calcular el rendimiento neto.
Para muchos pequeños negocios, el régimen de módulos aporta previsibilidad y simplificación administrativa. La tributación se determina en función de parámetros objetivos como metros del local, potencia eléctrica o número de empleados, en lugar de depender estrictamente de ingresos y gastos reales. El eventual tránsito a estimación directa supondría asumir una gestión contable más compleja y un mayor control documental.
El segundo rechazo parlamentario en 2026
El Real Decreto-ley 2/2026, aprobado previamente por el Consejo de Ministros, pretendía prorrogar los límites ya vigentes en ejercicios anteriores.
Sin embargo, la falta de apoyos suficientes en el Congreso ha provocado su caída, dejando sin efecto la ampliación prevista. El rechazo se produce pocas semanas después de que expirara el plazo extraordinario para que los autónomos solicitaran ante la Agencia Tributaria su permanencia en el sistema.
La situación reproduce la vivida en 2025, cuando la extensión de los límites quedó inicialmente en el aire tras el fracaso del conocido decreto ómnibus. En aquel momento, la Dirección General de Tributos emitió una consulta vinculante que interpretó que los umbrales anteriores seguían siendo aplicables al no haberse producido una modificación legal con efectos desde el uno de enero. Aquella interpretación permitió salvar el ejercicio in extremis.
La presión del calendario fiscal
El elemento temporal es determinante. El próximo 20 de abril finaliza el plazo para presentar el primer pago fraccionado del IRPF correspondiente al ejercicio.
Para esa fecha, los autónomos deben saber si pueden seguir tributando en módulos o si, por el contrario, deben realizar el cálculo en estimación directa.
La falta de claridad normativa complica la planificación financiera y contable de miles de negocios.
Desde el Ministerio de Hacienda no se ha detallado aún qué instrumento jurídico podría utilizarse para desbloquear la situación.
Algunas organizaciones sectoriales han reclamado un mecanismo extraordinario similar al empleado el año anterior, ya sea mediante una nueva norma o a través de una interpretación administrativa que aporte seguridad jurídica.
Otras medidas fiscales en suspenso
La caída del Real Decreto-ley no afecta únicamente al régimen de módulos. También quedan en el aire otras disposiciones de carácter fiscal que estaban incluidas en el mismo texto.
Entre ellas figuran incentivos vinculados a la eficiencia energética en viviendas y deducciones relacionadas con la adquisición de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga.
La falta de aprobación definitiva genera un escenario de provisionalidad que impacta tanto en la planificación empresarial como en las decisiones de inversión. En un contexto económico marcado por la inflación acumulada de los últimos años y por el incremento de los tipos de interés, la estabilidad normativa adquiere especial relevancia para el colectivo autónomo.
Imágenes | Pixabay, Libertad Digital
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