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A partir de 2013, la Unión Europea sancionará a aquellas Administraciones públicas que con cumplan con los plazos legales de pago y abonen sus facturas en un plazo superior a los 30 días que determina la ley. Con ello se quiere controlar y obligar a la Administración Central y las autonómicas y locales a respetar la Ley y defender, de este modo, a las empresas que ahora mismo ven peligrar su futuro por el impago sistemático de los organismos públicos.

Según los últimos datos, España es, tras Grecia, el país en el que el sector público se demora más en el abono de sus facturas, la media es de 170 días. La directiva obliga a pagar en 30 días a partir de 2013, cosa prácticamente imposible de cumplir, teniendo en cuenta que ahora mismo no se están respetando los plazos establecidos para el periodo transitorio.

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Las posibilildades definir la estructura de nuestro circuito de pagos suelen ser más limitadas que en el caso de los cobros. Independientemente de que las condiciones de pago puedan ser objeto de negociación, en la mayoría de las ocasiones el plazo y la forma de pago suelen venir impuestas por los proveedores.

Como ya hemos explicado, el objetivo de nuestra política de gestión activa de tesorería es retrasar, en la medida de lo posible, el periodo de pago pero siempre teniendo en cuenta el control de costes y la carga administrativa de nuestra estructura y eligiendo el instrumento financiero apropiado para cada caso.

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Una de las maneras de conocer el estado económico y patrimonial de una empresa es a través de su balance de situación. Este balance nos muestra el conjunto de inversiones, de bienes y derechos que tiene la empresa y, como contrapartida, de donde han salido los recursos necesarios para obtenerlos. Más allá de la información del balance la dirección de la empresa debe plantearse, antes incluso de inicar su actividad, cuál va a ser la estructura económica de la empresa, para ello hay una serie de cuestiones clave que han de tenerse en cuenta.

Partiendo de la base de que la empresa va a necesitar una serie de activos para realizar su actividad, que puede tener que gestionar stocks de materias primas y/o de productos terminados, que ha de definir el sistema de ventas y los métodos y plazos de cobros y pagos, una gestión óptima del negocio ha de tener previstos todos estos aspectos.

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Como era de esperar, en la situación actual el excedente del FOGASA no durará mucho tiempo. El Ministro de Trabajo prevé que en 4 ó 5 años se agote dicho excedente si no se suben las cotizaciones. Dicho excedente se sitúa actualmente entre los 2.200 y los 2.300 millones de euros pero las cargas que soporta el Fondo, y que no se han compensado con el aumento de las aportaciones, están mermando notablemente su cuantía.

Las cantidades que debe abonar el Fondo en los casos de insolvencia de las empresas son cada vez mayores, derivadas precisamente de la crisis que ha aumentado el número de empresas que no pueden hacer frente a los pagos de salarios o indemnizaciones a sus trabajadores. Además estos días entra en vigor la nueva norma que determina que el FOGASA se hará cargo de pagar 8 días de indemnización en los despidos objetivos.

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Uno de los principales problemas que suelen tener las empresas cuando pretenden lanzarse a vender a través del comercio electrónico es el de los pagos. La manera más sencilla y más tradicional suele ser el cobro contra-reembolso pero este tiene varios inconvenientes, su coste, su lentitud o la gestión de las devoluciones, etc. y, por otro lado, la solución de implantar una pasarela de pagos en la web para pagar mediante tarjeta de crédito puede resultar muy cara. Hay una solución intermedia que cada vez tiene mayor aceptación, el cobro a través de Paypal.

Paypal es un sistema de pago que permite a sus usuarios abrir una cuenta en Internet para realizar pagos desde nuestra cuenta bancaria o tarjeta de crédito sin tener que facilitar nuestra información financiera. El único requisito para abrir una cuenta en Paypal es disponer de una cuenta de correo electrónico.

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Según aparece hoy publicado, el New York Times ha perdido un 15% de lectores en su edición digital desde que ésta es de pago. Esta cifra refleja la caida de lectores sufrida en apenas 10 días ya que la transformación de servicio gratuito a de pago se produjo el pasado 28 de marzo, con lo que el efecto puede ser mayor todavía.

No es el primer caso de este estilo, ya el pasado año The Times perdió el 90% de sus lectores del periódico por intenet al empezar a cobrar por acceder a su contenido. Esto demuesta que ofrecer contenido gratuito e intentar cobrar por él más tarde suele tener efectos negativos y la reacción de una buena parte del público es similar a la de un niño al que se le da un caramelo y luego se lo quitan.

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El BOE ha publicado una resolución del 4 de marzo de 2011, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se autoriza la utilización de tarjetas como medio de pago de las deudas existentes con la Seguridad Social y que estén en vía ejecutiva, las tarjetas que se podrán utilizar serán tanto de débito como de crédito.

El Reglamento General de recaudación de la Seguridad Social establece que el pago de las deudas a la Seguridad Social podrá hacerse en efectivo, a través de cheques, transferencias o domiciliaciones bancarias, así como cualquier otro medio de pago autorizado por la Tesorería General de la Seguridad Social. A partir de ahora, dentro de estos medios autorizados, se incluirán las tarjetas.

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Ya hemos hablado en varias ocasiones la poca efectividad de la Ley contra la Morosidad, especialmente por los incumplimientos de los plazos de pago de las Administraciones Públicas y las grandes empresas. Ayer Expansión publicó una noticia que supone la primera denuncia por incumplimiento de la Ley de la Morosidad hacia una gran empresa.

La Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos (Anefa) ha presentado ante los Juzgados de lo Mercantil de Madrid una demanda judicial contra Ferrovial por incumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Según Anefa, la constructora impone abonar sus facturas en un plazo superior a los 120 días que establecía la Ley de Morosidad para 2010 y 2011, llegando incluso a realizar concursos en los que el plazo de pago al proveedor se establece en 180 días.

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Probablemente las grandes, medianas o incluso pequeñas empresas que venden habitualmente mercancías al extranjero o que prestan servicios en mercados internacionales no tienen problemas con cobrar en otras divisas pues ya se cubren con mecanismos para garantizarse ante fluctuaciones de las mismas, pero no en todos los casos es así.

Existen casos de autónomos que aun y prestando sus servicios igual residiendo en España prestan sus servicios de forma telemática y tienen un alto número de clientes que les pagan en otras monedas, y si bien esto puede ser una ventaja en caso de que el cambio de divisa nos vaya siendo favorable, también nos puede suponer un auténtico quebradero de cabeza en caso de que la tendencia cambie de lado.

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