Administración / Finanzas

Ayer nos hicimos eco de que el próximo viernes el Consejo de Ministros aprobará un nuevo mecanismo para que las pymes y los autónomos puedan cobrar las facturas que tienen pendientes de las Administraciones. Varios periódicos van anunciando hoy las condiciones que supuestamente incluirían estos mecanismos y que, si se confirman, serían una muestra más de como este Gobierno, como hizo el anterior, ningunea y casi se burla de este colectivo proponiendo un sistema que más parece un timo que una ayuda.

El Economista afirma que los intereses de las operaciones, por encima del 6%, los tendría que pagar la empresa y en Cinco Días publican que las empresas deberán renunciar a cobrar los intereses de demora (garantizados por ley), lo que me hace pensar que, si la nueva medida va en este sentido, el Gobierno cree que la situación de estas empresas es tan desesperada que tragarán sapos con tal de cobrar.

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El Ministro Montoro anunció ayer que este próximo viernes el Consejo de Ministros dará solución definitiva al problema de la morosidad de las Administraciones con autónomos y pymes con la aprobación de un nuevo instrumento financiero a través del cual se podrán cobrar las facturas pendientes de las entidades públicas a través de determinados bancos colaboradores.

Se desconocen las condiciones en las que se realizarían los cobros, pero sin duda sería un magnífica noticia con la que supuestamente se podrían liquidar los miles de millones de euros que los gobiernos autonómicos y locales tienen pendientes de pago con las pequeñas empresas y que están poniendo a éstas en jaque y, en gran manera, estrangulando la economía.

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Una de las quejas más frecuentes de las pymes son las referidas a la financiación. Más de una vez he expuesto mis dudas al respecto. Pero admitamos que hay muchos empresarios que consideran que están siendo maltratados por las entidades financieras. Pues para ellos surgen alternativas como Trocobank, el banco del trueque, un proyecto en beta desarrollado en España.

Trocobank bebe de experiencias como el suizo WIR o los LETS norteamericanos, en un revival de las monedas locales, soportadas ahora por la web 2.0. En este caso, Trocobank apuesta por el trueque, por la creación de una red de empresas que intercambian sus productos y servicios, transacciones monitorizadas y evaluadas que generan dinámicas crediticias y de ahorro de de costos. Más sencillo que explicaroslo yo es visionar el video de presentación o el dossier que acompañan en su web. Yo he de reconocer que, al igual que en otras iniciativas, también soy escéptico por múltiples razones. A continuación citaré únicamente alguna de ellas.

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El pasado Consejo de Ministros ha aprobado una linea de financiación del ICO para que las Comunidades Autónomas puedan pagar las deudas con sus proveedores. La linea estará dotada con 10.000 millones de euros, ampliable a 15.000 millones.

Ya anunciamos, hace unas semansa, que el Ejecutivo tenía previsto aprobar esta mueva financiación para las autonomías, destinada a reducir la escandalosa morosidad de las autonomías con autónomos y pymes.

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Ya hemos hablado de ENISA en numerosas ocasiones. Se trata de una empresa pública, dependiente del Ministerio de Industria. Su objetivo es financiar, principalmente a través de préstamos participativos, pymes que giren entorno a la innovación. Pues bien, recientemente han hecho público, a 1 de enero el listado de pymes financiadas por ENISA desde 1996: 1097 operaciones, con “nombre y apellidos”. Os animo, por distintos motivos, a echarle un vistazo a la esta relación, así como a otros datos interesantes sobre su actividad.

Y es que se pueden extraer conclusiones de lo más interesantes. A título informativo llama la operación el montante desembolsado en estos 15 años, más de 350 millones de euros (los 355.647 evidentemente es una errata). Quizás puedan parecer muchos, pero me pregunto si en este tipo de proyectos, dicha cifra repartida entre 1097 proyectos suponen una cantidad relevante. Sabiendo que siempre se da una cofinanciación, la participación de ENISA puede ser una suerte de reclamo o de refrendo para otros inversores.

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Tras el aumento del gravamen a las rentas del trabajo y del capital por parte del nuevo gobierno de Mariano Rajoy, acapara un mayor interés para los declarantes del IRPF cualquier tipo de deducción o acción que les permita pagar menos impuestos. En este contexto tenemos que decir que no afecta de manera equitativa a los empleados así como a los directivos, pero, ¿por qué? Veamos algunas ‘artimañas’ que las grandes compañías están implementando para sacar de la línea de fuego de la subida impositiva a los empleados que mejor remuneran.

Estas acciones que están enfocadas hacia los rendimientos salariales de ‘ciclo largo’, aquéllas que en teoría se van generando para ser pagadas en un momento a futuro, tales como stock options y retribuciones variables, cuyas empresas están difiriendo el pago para dentro de dos años, es decir, cuando haya expirado la modificación introducida en la ley del impuesto de la renta, que se presume temporal y durante ese período de tiempo.

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A la hora de buscar capital para un proyecto empresarial, la mayor parte de los emprendedores suelen recurrir a un circuito standard. Lo primero que se plantean es la financiación, algo que ahora mismo es casi implanteable salvo en determinadas condiciones, cuando éste falla se intenta recurrir a las pequeñas aportaciones de conocidos y si esta falla o no es suficiente se pasa a la busqueda de inversores privados. Sin embargo este recorrido es erróneo porque hay mucha diferencia entre proyectos financiables y proyectos invertibles.

Hay que partir de la base de que financiar es prestar con la idea de recuperar ese dinero con una mínima rentabilidad garantizada. Lo de garantizada es una componente prácticamente imprescindible, de ahí que más allá de la viabilidad del proyecto y de la valía de sus promotores, se busca la capacidad de devolución del capital y las garantías que se pueden ofrecer para asegurar a quién presta que va a recuperar su dinero. El que financia muchas veces no apuesta tanto por el negocio sino por esas garantías.

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El Gobierno desarrollará una medida, dentro de la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria y los cambios que se realizarán en la Ley de Transparencia, que obligará a las Comunidades Autónomas a informar trismestralmente al Gobierno Central de los pagos pendientes con sus proveedores.

Esto serviría para comprobar el cumplimiento del déficit y el control de los plazos de pago fijados por la Ley contra la Morosidad y la normativa europea a este respecto y que, hasta ahora, está siendo incumplida sistemáticamente por parte de estas administraciones.

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El Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, anunció ayer, al término de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se habilitará una nueva línea de financiación a través del ICO para que las Comunidades Autónomas paguen a sus proveedores.

Esta medida es similar a la que al anterior Gobierno puso en marcha para los Ayuntamientos y que no tuvo el efecto esperado ya que, según palabras del Presidente de la Federación Nacional de Municipios y Provincias y Alcalde de Sevilla Juan Ignacio Zoido, las condiciones eran poco atractivas.

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