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En un entorno de crecimiento económico como en el que nos encontramos en la actualidad, la morosidad debería comenzar a ser un asunto con una importancia menor. Sin embargo, a estas alturas todavía sigue siendo una de las principales asignaturas pendientes de la economía española.

Y es que, aunque los plazos de pago a proveedores se han reducido en los últimos meses (y previsiblemente se reducirán aún más), todavía están lejos de los plazos establecidos por la Ley de Morosidad y de lo que marca el Tribunal Supremo. Recordemos que, si bien estos plazos no pueden superar los 60 días, en algunos casos se sitúan en más de 150 días.

Por esta razón, los principales partidos que componen el arco parlamentario están tomando posiciones para evitar uno de los mayores problemas con los que tienen que lidiar las pymes españolas, pues comprometen su supervivencia futura por la falta de liquidez que les supone aplazar los pagos.

La mayoría de ellos coinciden en que este problema se podría atajar estableciendo un proceso sancionador claro que sirva para disuadir a las empresas y administraciones públicas incumplidoras. Para ello, los partidos piden llevar a cabo llevar a cabo campañas divulgativas que conciencien a todos los agentes de la necesidad de cumplimiento de los plazos de pago a sus proveedores y acreedores comerciales.

Entre 2007 y 2012, desaparecieran en nuestro país 61.642 empresas y se destruyeran 600.000 empleos como consecuencia de la incidencia de la morosidad de la administración, y muchas más si tenemos en cuenta al resto de empresas. Por poner dos ejemplos de empresas importantes de nuestro país, Ferrovial tarda 536 días y Acciona, 425.

No hay que olvidar que, por el momento, las medidas tomadas para evitar la morosidad han estado lejos de lograr su objetivo. Tanto el IVA de caja como el plan de pago a proveedores no han conseguido, por diferentes razones, sus objetivos.

En Pymes y Autónomos | Las Administraciones Públicas aumentan el período de pago a proveedores a 113 días

Imagen | DafneCholet

Desde el pasado 15 de enero, la fecha de la obligación de facturar electrónicamente para muchas empresas con las administraciones públicas, el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe) ha recibido más de cinco millones de facturas. El FACe permite unificar en un único punto la presentación de facturas electrónicas ante cualquier órgano de la Administración General del Estado y aquellas Administraciones Públicas que han optado por adherirse a dicho punto.

Actualmente se encuentran adheridas 16 Comunidades Autónomas además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. A ellas se suman más de 7.750 Administraciones Públicas. El objetivo es lograr un mejor control de las facturas de las admnistraciones y reducir la deuda comercial de las mismas.

La morosidad sigue siendo uno de los mayores problemas entre las pymes españolas. El período medio de pago ha subido hasta los 80 días en el segundo trimestre del año y el 90% de las pymes tienen todavía facturas pendientes de cobro. Todo ello por no hablar del retraso que sufren en los pagos las pymes que tienen negocios con algunos sectores, como el de la construcción, con un retraso en el pago de facturas que asciende hasta casi el año.

Pero, además, según un informe de Cepyme, y aunque la deuda comercial en mora se ha reducido 1,3 puntos porcentuales con respecto a los tres primeros meses del año, este porcentaje asciende todavía a los 67,7% de la toda la deuda comercial, con un importe que asciende hasta los 201.300 millones de euros.

Esta situación es más común de lo que a uno le gustaría desear. Has concluido un proyecto, todo está conforme y cuando envías la factura, el cliente no da señales de vida.

Llega el día en que la factura debería estar cobrada y el cliente no ha ingresado el dinero. Antes de llegar a esta situación es muy importante especificar correctamente en tus facturas el modo y periodo de pago.

Nos hemos quejado mucho de la falta de rigor por parte de las Administraciones Públicas en lo que a pagos a proveedores se refiere. Pese a la aprobación del Plan de Pago a Proveedores y la Ley de Morosidad, las Administraciones Públicas debían en 2012 más de 5.000 millones de euros a las pymes y el retraso en los pagos ascendía a 144 días, cuando la ley establecía un plazo máximo de 30 días.

Una evolución negativa que, sin embargo, parece haberse revertido, puesto que la morosidad de las administraciones con sus proveedores ha caído un 18%, hasta los 3.947 millones de euros en el trimestre que abarca desde Septiembre hasta Noviembre, mientras que el retraso en los pagos se ha reducido desde 144 hasta 129 días.

Los varios y consecutivos Planes de Pago a Proveedores que el Gobierno ha ido diseñando para intentar eliminar las deudas de las Administraciones no están cumpliendo con su principal objetivo, poner el "marcador a cero" y posibilitar que se cumpla desde los Organismos Públicos el plazo de pago dictado por la Ley contra la Morosidad. Sin embargo uno de los factores principales con los que cuenta, o contaba, el Gobierno para su aplicación va perdiendo fuerza porque los proveedores están perdiendo el miedo a reclamar sus deudas.

Ya comentamos en anteriores ocasiones que algunos de los requisitos para acogerse a este plan de pagos es la renuncia a los intereses de demora, establecidos por la propia Ley, e incluso someterse a una quita de la deuda para conseguir el cobro con mayor rapidez. Sin embargo últimamente son más las empresas que no "pasan por el aro" y prefieren defender sus derechos, aun sabiendo que el cobro se pueda demorar más del lo establecido.

El comportamiento de los pagos es en la actualidad un elemento de preocupación para todas las empresas. En la actualidad el 57% de las empresas pagan con retraso y aunque esta cifra aún excesivamente alta ha ido mejorando paulatinamente desde el último trimestre de 2011, cuando los pagos con mora alcanzaron el 62%, según los datos que publica el Estudio sobre Comportamiento de Pagos de las Empresas Españolas realizado por INFORMA D&B.

Este estudio sobre los hábitos de pago de más de 360.000 empresas. De dicho análisis se desprende que de la suma de los importes de las facturas computadas, el 33% del total se paga dentro de los plazos pactados y la cifra se incrementa al 95% incluyendo las que se pagan con hasta 30 días de retraso. Las condiciones promedio pactadas es de 76,41 días, en el segundo trimestre de 2013, la media de las empresas para hacer efectivas las facturas ha sido de 94,82 días, cuando en el segundo trimestre del año pasado era de 102,32.

Decir que la tesorería de la mayoría de las empresas no atraviesa por su mejor momento, no es ninguna novedad. Pero si comparamos nuestras empresas con las de los países de nuestro marco de comparación, podremos tener una medida de sensibilidad relativa de si pagamos pronto o no a nuestros proveedores.

Para establecer esta comparación, voy a apoyarme en el estudio 'Comportamiento de pagos de las empresas en Europa' del segundo trimestre de 2013 que ha realizado la compañía Informa D&B, y cuyas conclusiones no son muy halagüeñas para nuestro país, al ser el tercero de Europa en pagar más tarde.

La Secretaría General del Tesoro y Política Financiera ha anunciado el tipo de interés a aplicar como intereses de demora para el segundo semestre de 2013. La Ley establece que, dentro de las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, este tipo de interés se revise semestralmente.

El tipo de interés se rige por el que el BCE haya aplicado en su última subasta a tipo fijo. En esta caso corresponde con la del 25 de junio, en la que se aplicó el 0,50%.

El Gobierno obligará a todos los proveedores de la Administracion que les emitan facturas de importe superior a 5.000 euros a abandonar la emisión em papel y tendrán que recurrir a la factura electrónica. A partir del 15 de enero de 2015 este procedimiento será obligatorio y tambián alcanzará a las empresas privadas "prestadoras de servicios de especial trascendencia económica".

De esta manera se aumentará el control sobre los pagos de las Administraciones, que deberá producirse en un máximo de treinta días, y se evitará que esos gastos no se reflejen contablemente hasta ejercicios posteriores porque queden "olvidados " en algún cajón.