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Ni la Ley de Morosidad, ni el plan de pago a proveedores, ni la posibilidad de utilizar el criterio del IVA de caja; ninguna de estas medidas han servido para reducir el período medio de pago de facturas por parte de la Administraciones Públicas, y más concretamente por parte de las corporaciones locales y regionales.

Y es que, según el último boletín de Morosidad, elaborado por Cepyme para el tercer trimestre de 2016, el período de pago a proveedores por parte de las corporaciones locales se sitúa en 107 días de media, 77 días más del máximo permitido por la Ley. Un problema que sigue sin solucionarse, y que está provocando más de una fractura en las empresas españolas.

Continuamos con el serial dedicado a los cambios impositivos para 2016. Después de analizar el Impuesto de Sociedades, el IRPF y el régimen de módulos, toca hacer un breve repaso sobre las novedades que nos traerá uno de los impuestos más importantes para todo autónomo y pyme: el IVA.

A pesar a que los partidos políticos han hecho mucho hincapié en una reforma estructural del IVA, los principales aspectos del impuesto quedan intactos, y todo hace indicar que durante el próximo año, el tipo general seguirá siendo del 21%. No obstante, se introducen algunos cambios en la Ley 37/1992, sobre el Impuesto del Valor Añadido (LIVA).

60 días. Ese es el tiempo que marca la Ley de Morosidad para que las empresas efectúen sus pagos a los proveedores. Sin embargo, esta obligación parece no ir con las grandes constructoras que cotizan en el IBEX-35 que tardan de media, casi un año en pagar sus facturas, en concreto, 310 días, más de cinco veces más que el máximo permitido por Ley.

Así lo señala un informe elaborado por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y, en concreto, por el profesor Oriol Amat, consejero en los últimos años de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y que ha sido utilizado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) para denunciar este abuso.

El IVA de caja, esa medida estrella del Gobierno para evitar tener que adelantar el IVA de facturas no pagadas, sigue siendo un auténtico desastre. A pesar de que hasta 2,3 millones de personas y empresas podrían haberse beneficiado de esta modalidad, tan solo 22.000 profesionales se han inscrito para utilizarlo.

Ni siquiera se han inscrito muchos de los autónomos que ofrecen sus servicios para la Administración Pública. Sin embargo, Cristóbal Montoro, al ser preguntado por esta cuestión en la sesión de control al Gobierno, ha hecho hincapié en la necesidad de dar una segunda oportunidad al IVA de caja.

No es nada nuevo decir que el IVA de caja está siendo un auténtico fracaso. No en vano, tan solo 21.569 pymes y autónomos (menos del 1% del total) se ha acogido al nuevo régimen del IVA de caja que entró en vigor este año.

El IVA de caja había sido una de las principales demandas de las pymes, en especial aquellas que actúan como proveedores con las Administraciones Públicas. De hecho, el Gobierno vendió a bombo y platillo que su aplicación práctica supondría el fin de estos problemas. Sin embargo, el fracaso de este modelo es palpable; una evidencia que el propio ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha reconocido.

La aprobación del IVA de caja obligaba a la modificación de la declaración del resumen informativo del IVA, modelo 390, que se ha de presentar en el primer mes del año sobre las operaciones del ejercicio anterior. Hacienda ya ha preparado la configuración del nuevo modelo, pero además el proyecto de reforma incluye la exclusión de la obligación de presentar el mismo a determinados obligados que hasta ahora sí debían presentarlo.

El nuevo modelo no es oficial, pero ya se ha dado a conocer la orden que va a regular estos cambios y que supone un aumento de información de las operaciones para los sujetos pasivos acogidos al nuevo criterio y a los que han realizado operaciones con ellos, además de algun otro cambio más.

Seguimos analizando los cambios que supone la entrada en vigor del criterio de caja. Este es el primer trimestre en el que ha estado en vigor así que la liquidación de este mes de abril será la que inaugure el sistema y por tanto debemos explicar la manera de presentar dicha liquidación.

Además hay que tener en cuenta que se ha producido la unificación de los diferenes modelos y que el modelo 303 es el que debemos presentar tanto si tributamos por módulos como por estimación directa (tanto siguiendo el criterio del devengo como el de caja).

Hemos hablado ya basante del funcionamiento del IVA de caja y de lo que ello conlleva. Sin embargo no habíamos tratado hasta ahora lo que supone acogerse al criterio de caja del IVA y la necesidad de llevar una doble contabilidad porque el cambio no afecte también al resto de impuestos.

Hablamos de la obligación que tienen los cliente y proveedores de aquellos que se acojan al IVA de caja de declarar según el criterio del devengo de manera general y por el de caja en aquellas operaciones en las que intervengan contribuyentes acogidos al nuevos sistema. Pero la doble contabilidad también se aplica a los propios contribuyentes acogidos a este nuevo criterio del IVA.

Una de las dudas que se están planteando a los contribuyentes que están planteándose acogerse al IVA de caja es lo que ocurre con las facturas pendientes de cobro si se produce un cese de actividad. El criterio establece que el IVA se declara en el momento en que se realiza el cobro, si llegado el momento en que se produzca un cese de actividad ¿qué pasa con el IVA de las facturas que no se hayan cobrado en ese momento?

La normativa no establece en ningún caso que sea obligatorio declarar las facturas pendientes de cobro previamente a proceder a la baja, es decir no deberíamos liquidar el IVA de esas facturas al cesar la actividad. Esas facturas quedarán pendientes de declarar hasta el momento en que se cobren.

Las cifras, no oficiales todavía, de los contribuyentes que se han acogido al IVA de caja manifiestan el enorme fracasoque esta medida está resultando, algo que ya se podía prever a pesar de que las estimaciones del Gobierno eran muy optimistas. Se calcula que habrá poco más de cinco mil solicitudes frente a las ciento cuarenta mil que se estimaban.

A pesar de la prórroga del plazo para solicitar la inscripción en el nuevo régimen, se amplió desde el 31 de diciembre pasado hasta el próximo 31 de marzo, y de la campaña informativa de la AEAT, el resultado está siendo un rotundo fracaso debido a varias razones.