En teoría, ofrecer a nuestros clientes una política de devolución indulgente puede aumentar el número de artículos comprados más de lo que aumenta el número de artículos devueltos.
Pero en el mundo real, la mayoría de las empresas imponen restricciones para tratar de evitar demasiadas devoluciones. Esto es comprensible, pero las empresas deberían adoptar un enfoque más equilibrado y ser selectivamente indulgentes o restrictivas.
A pesar de las buenas perspectivas que presenta el crecimiento del comercio electrónico en nuestro país, se trata de un sector que aún tiene que enfrentarse a numerosas barreras.
La principal de ellas es el hecho de no poder ver, tocar y probar el producto que se va a comprar de forma online crea numerosos retos para el comercio electrónico.
Una práctica muy habitual en las operaciones comerciales es la emisión de facturas rectificativas negativas, conocidas generalmente como abonos. Los numerosos impagos se solucionan con frecuencia emitiendo un abono que anula la factura inicial y permite resarcirse del IVA no cobrado y adelantado a Hacienda.
Este sistema no es admisible en el ámbito tributario. La Ley del IVA recoge expresamente los casos en los que puede y en los que debe realizarse una rectificación de una factura y los plazos y requisitos que debe reunir la factura rectificativa para que tenga validez fiscal.
El Tribunal Supremo ha ratificado diversas sentencias de la Audiencia Nacional que anulan el cobro del canon digital desde 2008. Esto abriría la puerta a la devolución de las cantidades indebidamente cobradas.
En su día la legislación europea eximió del pago del canon a empresas, profesionales y Administraciones, acogiéndose a esta resolución varias empresas reclamaron la anulación del canon y los fallos fueron favorables a los demandantes. Ahora el TS confirma la doctrina de esos fallos.
Hay muchos trabajadores asalariados que desempeñan una actividad como autónomos de forma simultánea a su relación laboral. Algunos son trabajadores a tiempo parcial o simplemente personas que tienen un segundo empleo por cuenta propia, muchas veces de forma accesoria. Esta situación es la denominada pluriactivad y ya la hemos tratado en otras ocasiones.
Los trabajadores autónomos que hayan cotizado en pluriactividad, en régimen General y en el Régimen Especial de Autónomos, en el 2011 pueden solicitar la devolución de una parte de las cuotas de autónomos pagadas en el año. Para ello deben cumplir la condición de que la cantidad cotizada debe ser igual o superior a 10.969,42 euros. La solicitud de devolución debe hacerse en los cuatro primeros meses del año, por lo que este mes se acaba el plazo para 2012.
Cuando la liquidación del IVA sale a nuestro favor, porque hemos pagado más IVA del que hemos cobrado, podemos optar por dejarlo a compensar para el siguiente periodo o solicitar la devolución. Esa devolución del IVA ha de pedirse en el último trimestre del año, pero ¿qué pasa si hemos cesado nuestra actividad antes?
Imaginemos un autónomo que jubila a mitad de año, y consecuentemente causa baja en su actividad. En ese momento tiene un saldo a favor de IVA, que no puede solicitar hasta enero, ¿qué procedimiento ha de seguir para realizar esa solicitud?
Según se establece en la Ley General Tributaria, la AEAT deberá devolver el coste de los avales aportados para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda, previa solicitud del contribuyente y acreditación de su importe, si dicho acto o deuda es declarado improcedente por sentencia o resolución administrativa firme.
En función de la cuantía y de la fase del procedimiento en que se encuentre el expediente, la Administración exige una garantía de cobro de las cantidades reclamadas para proceder a la suspensión de la ejecución del acto en cuestión o bien para conceder el aplazamiento o el fraccionamiento de la cantidad objeto de reclamación. La normativa indica que, en caso de que la resolución final fuera favorable al contribuyente, éste podrá reclamar el reembolso de los costes de las garantías aportadas.
Dos recientes sentencias del Tribunal Supremo han obligado a al Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) a modificar su doctrina que fijaba a los contribuyentes un plazo de cuatro años para compensar o solicitar la devolución del IVA negativo. Esta nueva doctrina fija ese plazo de cuatro años a efectos de compensación pero no para solicitar la devolución de las cantidades pendientes.
De tal manera que si el contribuyente opta por la compensación durante los cuatro años siguientes al ejercicio en que se produjo un exceso de IVA soportado y, transcurrido ese plazo todavía tiene saldo a su favor, podrá solicitar la devolución de esas cantidades.
Lo derechos de los consumidores en sus compras por Internet serán mayores si la Eurocámara aprueba una norma elaborada por los países de la UE. Esta norma contempla que habrá un plazo de devolución de 14 para que el comprador pueda devolver su compra realizada a través de la red. El comprador no tendrá que justificar esa devolución ni pagar un coste añadido por ello.
El vendedor tendrá que proporcionar al comprador una información completa sobre el producto: las características del mismo; la identidad y dirección; el precio con todos los impuestos y los costes de envío a aplicar. De esta manera se garantizará al comprador la posibilidad de elegir ese producto con conocimiento de causa.
Y es que de todos es sabido que una cosa es tener la razón, más difícil es tener que demostrarlo, y en último lugar, falta que los tribunales nos la den. Otra cita muy popular es esa que dice "más vale un mal pacto que una buena sentencia" y finalmente la que reza "Los caballos de Gürtel no tienen dientes". En realidad esta última no tiene razón de ser, pero necesitaba decir una gilipollez al respecto.
La lectura de un artículo del diario "Negocio" de hoy me ha recordado que a veces es mejor pactar o literalmente "bajarse los pantalones" a ser firme, recto e inflexible. Este artículo nos informa que son dos las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, una del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y otra del Tribunal Supremo las que rompen una lanza a favor del administrado y conceden al mismo, pasados cuatro años otorgados por ley para solicitar la devolución o proceder a la compensación del IVA, la posibilidad de exigir en otro plazo igual de cuatro años, la reclamación de esos importes.