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La base de cotización mínima de los trabajadores autónomos subirá un 3% en el mes de julio. A pesar de que se trata de la mayor subida de los últimos años, todavía hay un colectivo que ha sido más damnificado por un nuevo aumento tributario. Este no es otro que el colectivo de los autónomos societarios y de los que tienen más de diez empleados a su cargo, cuya base de cotización se va pareja al incremento del Salario Mínimo Interprofesional, que este año ha aumentado un 8%.

Este incremento implicará un aumento de las bases de cotización de unos 300 euros anuales, a los que se les suman los costes salariales que tendrán que soportar por cada trabajador, que implicarán unos 1.000 euros por cada uno de ellos. Esto supondrá, a su vez, también un incremento de la recaudación de la Seguridad Social por este concepto de unos 70 millones de euros.

Ser autónomo societario se ha encarecido como nunca antes, lo que ha llevado a este colectivo a reivindicar un cambio en este modelo para evitar que esta base se incremente por encima del 3%. Una demanda que ya ha sido recogida dentro del contexto de la reforma de la ley de autónomos, que regularía la base de cotización de este tipo de autónomos para dejarla fuera del Régimen General y que se calcule anualmente en los Presupuestos Generales del Estado, como ocurre con las bases de cotización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Las principales asociaciones de autónomos, entre las que destacan ATA y UPTA, han ratificado que, aunque no existe confirmación al respecto, se trata de una petición realizada al Gobierno a raíz de la última subida desproporcionada, unilateral y sin consenso que provocará que un millón de trabajadores por cuenta propia tengan que asumir un incremento sin precedentes en su cuota mensual.

Tengamos en cuenta que los incrementos de la base de cotización se calculan sobre la del año anterior. Es decir, aumentan de forma exponencial. Dado que parece que el SMI seguirá subiendo en los próximos años, urge una reforma de este régimen para desligar los incrementos del salario mínimo a los de las bases de cotización, pues no tiene ningún sentido utilizar un indicador utilizado en el mercado laboral para determinar las bases de cotización.

Imagen | stevepb

En la entrada anterior si los administradores de la sociedad actúan de forma desleal o fraudulante puede dar lugar una acción social contra la sociedad o una acción individual si afecta a terceros.

Si el perjudicado es la sociedad mercantil, se podrá dirigir la acción de responsabilidad social contra el administrador.Si el afecado es cualquier otra persona, se producirá la acción individual.

Es frecuente que las entidades inactivas acumulen deudas impagadas con la administración, en la creencia de que, al carecer la empresa de patrimonio, caerán en el olvido. Nada más lejos de la realidad. Si esto fuera así, sería sencillo crear una Sociedad Limitada y dejar de pagar los impuestos que le son exigibles. De este modo, el patrimonio de los socios estaría siempre a salvo.

La Agencia Tributaria puede retener la devolución del Impuesto sobre la Renta del administrador de una entidad a consecuencia de una deuda tributaria liquidadas por la Inspección. Para que esto pueda ocurrir, Hacienda deberá realizar previamente un procedimiento de declaración de responsabilidad que le permita adoptar medidas cautelares para asegurar el cobro de la deuda.

Recibimos una consulta en relación a la obligación de cotizar de los administradores societarios.

Se plantea el caso siguiente:

Buenas tardes, les escribimos con motivo de una duda acerca de la inclusión en la Seguridad Social del administrador único de una S.L., que si bien ha sido ya tratada en esta web, existen discrepancias en función de las fuentes consultadas. En nuestro caso particular, formamos una S.L. de 4 socios. El administrador posee una participación del 24% por lo que carece del control efectivo, y no es retribuido porque así se establece en los estatutos. Según un artículo de esta web, el administrador ha de cotizar siempre en la seguridad social. Sin embargo, otras fuentes señalan que un administrador sin control efectivo y no remunerado, sin relación laboral con la sociedad, y que únicamente ejerce funciones de dirección y gerencia, está excluido del régimen de la Seguridad Social. Les agradeceríamos una aclaración acerca de esta cuestión. Muchas gracias de antemano.

Cuando los socios de una empresa quieren sustituir al administrador societario deben aprobarlo en junta y establecer qué persona o personas lo ha de sustituir en el cargo. ¿Qué ocurre si el que quiere dejar el cargo es el administrador? ¿Se debe seguir el mismo procedimiento? ¿Puede hacerlo por otra vía?

Una reciente resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado (PDF), establece el criterio a seguir en estos casos en relación a la imposibilidad de inscribir el cese de un administrador notificado por éste a la sociedad a través de un documento notarial y sin haberse convocado una Junta para ello.

Ya hemos hablado de algunas medidas que incrementarán el coste de la Seguridad Social para las empresas, en concreto la inclusión en la base de cotización a la Seguridad Social de determinados conceptos hasta ahora excluidos. Pero también el Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, incluye una medida sorpresa que supone un incremento de la base mínima del Régimen de Autónomos para determinadas situaciones.

El, desarrollo de la disposición adicional segunda de las medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores supone que muchos de los cotizan en el RETA verán como a partir de este mes de enero pasarán de pagar unos 260 euros mensuales a casi 315 euros.

Desde hace unos días se vienen comentando la actuación de la Seguridad Social en cuanto a la no aplicación de la tarifa plana de autónomos en los administradores societarios. Lo que se comenta desde dentro del Organismo es que una norma interna del mes de junio indica que la nobificación en la cuota de autónomos no es aplicable en estos casos.

Lo primero que hay que decir es que en el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, ni la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo no se hace mención a esta exclusión.

La cotización a la Seguridad Social de los administradores societarios es una de las cuestiones que más dudas suscita a quienes quieren iniciar un negocio. Un ejemplo es esta consulta que nos ha realizado un lector:

Se plantea la siguiente situación, posibilidad de crear una empresa como Administrador Único, sin remuneración y con control efectivo de la Sociedad, a la vez se trabaja por cuenta ajena en otra empresa, en la que cotiza el máximo, ¿es necesario estar dado de alta como autónomo?. Muchas gracias.

En los tiempos que corren hay un gran número de sociedades de capital que han cesado sus actividades. La mayoría de ellas se convierten en empresas inactivas sin disolución. El problema que presenta este tipo de entidades es que, con frecuencia, quedan en un estado de abandono y dejan de atender obligaciones fiscales o de otra índole que siguen existiendo mientras la sociedad no se disuelva.

Un aspecto que supone un freno a la hora de optar por la disolución son las deudas. Una sociedad con deudas no puede disolverse. Pero aún sin tenerlas, dar el paso es una labor que a muchos se les plantea complicada o costosa. Por ello deciden dejar la sociedad inactiva, a menudo generando obligaciones y sanciones, en una espiral cada vez mayor y más difícil de finalizar.

Una vez que el juzgado de lo mercantil admite el procedimiento concursal de una empresa lo primero que procede es decretar el auto de admisión del concurso de acreedores y cambiar al órgano de administración de dicha sociedad. Por tanto, el Juez tendrá que nombrar a unos nuevos administradores que serán los que se encarguen de dirigir la empresa durante el procedimiento.

El o los nuevos administradores no serán unas personas cualquiera, de hecho la Ley concursal establece cómo ha de ser ese nombramiento del órgano de administración y qué tipo de personas serán las que estén facultadas para desempeñar esa función.