Javier Ruiz
En la última semana, el Gobierno ha aprobado la ampliación de los permisos parentales retribuidos, pasando de 16 a 19 semanas, con efectos retroactivos desde el 2 de agosto de 2024. Como resultado, las familias monoparentales podrán acceder a 32 semanas de baja retribuida.
Pese a que el Ejecutivo ha presentado la medida como un nuevo avance en la conciliación familiar, también ha generado críticas de CEOE y Cepyme, que denuncian su aprobación sin diálogo social previo con empresarios y sindicatos.
Cambios relevantes
Entre los cambios más importantes que se han aprobado destaca el permiso por nacimiento, que pasa de 16 a 17 semanas retribuidas, con seis obligatorias tras el parto. A todo ello, se suman dos semanas más retribuidas al permiso parental de ocho semanas, que pueden utilizarse hasta que el menor cumpla 8 años.
De este modo, en familias monoparentales, el permiso acumulado alcanza 32 semanas, como respuesta a la directiva europea de conciliación, cuya transposición estaba pendiente.
Sin embargo, en empresas con plantillas reducidas, cubrir bajas más largas supone un reto operativo, como apuntan desde Cepyme. Sustituir trabajadores cualificados en poco tiempo es complicado y, a menudo, implica costes adicionales y una gran carga administrativa que sectores como la hostelería, el comercio o la industria ligera podrían ser los más afectados.
El impacto en las pymes
Para la patronal, estas medidas deberían acompañarse de mecanismos de apoyo, como incentivos para contratar sustitutos, facilidades para la reorganización interna o ayudas económicas temporales. En cambio, consideran que la Administración pone la mayoría del peso en hombros de los empresarios.
Asimismo, las patronales sostienen que aprobar cambios de gran impacto sin negociación minan la seguridad jurídica y la estabilidad de las empresas. La falta de consenso frente a este episodio se suma a otros choques recientes, como la jornada de 37,5 horas o las reformas en prevención de riesgos laborales.
Según datos de la Seguridad Social, en más del 60 % de las pymes españolas trabajan menos de 10 personas, lo que limita su capacidad para reorganizar turnos o asumir sustituciones prolongadas. Además, la temporalidad y la escasez de perfiles disponibles en el mercado laboral complican todavía más el reemplazo de trabajadores en baja por cuidados, especialmente en sectores con alta estacionalidad como hostelería y turismo.
En 2023, se creó el permiso parental de ocho semanas, inicialmente sin retribución, lo que ya generó dudas entre las pymes sobre su viabilidad. Otras ampliaciones, como el aumento progresivo del permiso de paternidad de dos a 16 semanas entre 2017 y 2021, también supusieron un esfuerzo organizativo importante para las pequeñas empresas.
En pocas palabras, CEOE y Cepyme afirman que la conciliación es un objetivo compartido, pero su éxito depende de que el marco legal sea compatible con la realidad de las pymes.
Así, los expertos insisten en que el diálogo social y las medidas de acompañamiento son esenciales para evitar que las buenas intenciones se traduzcan en dificultades económicas y de gestión para miles de negocios.
En países como Francia o Alemania, la ampliación de permisos parentales se ha acompañado de programas públicos para financiar la contratación de sustitutos, así como de incentivos fiscales para las empresas. Este modelo ha permitido reducir el impacto en las pequeñas compañías, facilitando que la conciliación no se perciba como una carga, sino como una política compartida entre Estado y empleadores.
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