Javier Ruiz
El Ministerio de Trabajo abrirá en octubre la negociación con sindicatos y patronal para reformar la regulación del despido en España. La propuesta busca elevar las indemnizaciones por despido que perciben los trabajadores. El objetivo fundamental será responder a las críticas que llegan de Europa y evitar que el despido injustificado siga siendo rentable.
El Comité Europeo de Derechos Sociales ya advirtió que el sistema español no garantiza una compensación "adecuada y disuasoria" y que, en muchos supuestos, el coste del despido es demasiado bajo para cumplir con los estándares de la Carta Social Europea.
Siete días más por año
El movimiento del Gobierno se produce en un contexto político marcado por la reciente aprobación en el Congreso de una proposición no de ley que insta a subir la indemnización por despido.
El texto salió adelante por un error de votación del PP, pero ha servido para marcar la agenda y dar cobertura a Trabajo para abrir la mesa de diálogo. En este marco, si bien las proposiciones no de ley no tienen carácter vinculante, sí funcionan como orientación política y parlamentaria.
La propuesta se suma a un clima de tensión, con la reciente polémica por el cálculo de los nuevos tramos de cotización para 2026 de los trabajadores por cuenta propia y el conocido como "paro de los autónomos", que tiene en pie de guerra a Gobierno y patronal.
Actualmente, la legislación fija dos grandes supuestos. Por un lado, el despido objetivo, con indemnización de 20 días por año trabajado y un máximo de doce mensualidades.
Por el otro, el despido improcedente, que da derecho a 33 días por año con un tope de 24 mensualidades. Antes de la reforma laboral de 2012, esa última cifra era de 45 días, pero la modificación impulsada entonces abarató de forma considerable el coste de extinguir contratos.
La respuesta del Supremo
Ese marco legal ha sido ratificado por el Tribunal Supremo, que en julio de 2025 volvió a recalcar que los jueces no pueden elevar la indemnización por su cuenta y que cualquier cambio debe aprobarse mediante ley.
La reforma que plantea ahora Trabajo pretende cerrar la brecha entre España y Europa y limitar lo que se ha denominado "el despido barato".
En la práctica, elevar las indemnizaciones supondría encarecer los costes laborales para las empresas, sobre todo para las pymes y autónomos que trabajan con márgenes ajustados.
Que supondría en la práctica
Un ejemplo ilustra el impacto: despedir a un trabajador con cinco años de antigüedad cuesta actualmente unos 5,5 meses de salario en caso de improcedencia; si la indemnización se elevara de 33 a 40 días, la factura se incrementaría en más de un mes de sueldo adicional.
Desde el Gobierno se argumenta que la reforma es necesaria para reforzar la protección del trabajador y garantizar que el despido sea realmente la última opción. La ministra Yolanda Díaz ha defendido que "un despido barato fomenta la rotación y la precariedad" y que, con indemnizaciones más altas, las empresas tenderán a cuidar más la contratación indefinida y a buscar fórmulas alternativas antes de extinguir contratos.
No obstante, entre los empresarios y expertos en relaciones laborales las dudas son evidentes. Se teme que un aumento del coste del despido pueda traducirse en menor creación de empleo estable, ya que las empresas podrían dudar antes de formalizar un contrato indefinido.
De igual modo, también se apunta a que la litigiosidad podría crecer, dado que cualquier diferencia entre lo previsto en la norma y lo que reclaman trabajadores y abogados puede acabar en los tribunales.
La negociación que arranca en octubre definirá si se trata de una reforma profunda —con recuperación de los 45 días previos a 2012 o con un sistema de compensaciones variables— o de un ajuste más limitado.
En todo caso, el giro político es evidente: Trabajo quiere reducir los incentivos al despido y reforzar la causalidad, de modo que prescindir de un trabajador sea más costoso y menos automático. Para las pymes, la clave parece ser mantenerse al día sobre los cambios normativos, porque de ellos dependerá el coste real de una futura reestructuración.
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