Javier Ruiz
Se confirma que la segunda fase de la reforma de cotización por ingresos reales está en marcha. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado que, en las próximas semanas, se reactivará la mesa de diálogo con asociaciones de autónomos y sindicatos para fijar las nuevas cuotas de cara a 2026.
El objetivo principal, asegura, es consolidar un sistema que acerque las prestaciones de los trabajadores por cuenta propia a las de los asalariados, garantizando que cada profesional cotice de acuerdo con lo que realmente ingresa.
Un “acto de justicia social”
Saiz ha defendido la reforma aprobada en 2022 como un “acto de justicia social”. Según la ministra, el nuevo modelo permitirá que los autónomos tengan mejores coberturas en situaciones de incapacidad, jubilación o cese de actividad. “Se trata de que nadie quede atrás y de que la cotización responda a la realidad de cada negocio”, ha apuntado en declaraciones recientes.
El calendario político marca que las tablas de cotización para el próximo año deberían aprobarse antes de final de 2025. En caso contrario, se aplicaría una prórroga de las cuotas vigentes en 2025, lo que supondría retrasar la segunda fase del despliegue del sistema.
De este modo, se espera que los cambios previstos afecten a tres puntos clave: la subida de varios tramos de cotización, donde los autónomos con ingresos medios y altos podrían ver incrementada su cuota, un alivio moderado en los tramos más bajos gracias a ciertos ajustes a la baja y el acceso al cese de actividad, que pese a los desacuerdos entre la ATA y el Ejecutivo, el Gobierno insiste en que se reforzará esta prestación, pero aún no ha detallado cómo se solucionarán las restricciones actuales.
El reto de la negociación
Como ya hemos mencionado, no obstante, algunas organizaciones del sector están en la mesa. En este sentido, la ATA y su principal representante, Lorenzo Amor, han reiterado que no participarán hasta que se resuelvan los problemas en la regularización de cuotas de 2023 (pluriactividad, societarios y colaboradores) y se reestructure el acceso al paro para los autónomos.
Además, los expertos advierten que un retraso en la aprobación de las tablas podría afectar al cumplimiento de compromisos europeos en materia de sostenibilidad de la Seguridad Social.
Para los trabajadores por cuenta propia y las pymes, esta negociación es realmente importante, puesto que está en juego:
- La comprobación de ingresos declarados: las regularizaciones de 2023 mostraron que ciertos errores o incongruencias generan recargos importantes.
- Valorar el tramo futuro: una subida de cuota en 2026 puede impactar directamente en la tesorería del negocio.
- Seguir de cerca la prestación por cese: si se amplía y se flexibiliza el acceso, podría convertirse en una herramienta real de protección. Hoy, con 6 de cada 10 autónomos sin acceso real a la misma, no lo es.
- Preparar escenarios: tanto si hay subida como si se prorrogan las cuotas, conviene simular su impacto en las cuentas del próximo año.
En pocas palabras, el Gobierno quiere mostrar resultados antes de que acabe el año, pero la ausencia de una de las principales asociaciones del sector y las dudas sobre la viabilidad técnica del sistema añaden presión al calendario.
El desenlace marcará no solo cuánto pagarán los autónomos en 2026, sino también la confianza del colectivo en un modelo que nació con la promesa de ser más justo y transparente.
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