Sergio Delgado
EditorLa creación de puestos de trabajo en España no es una tarea fácil para miles de pequeños negocios. Lo que para muchas empresas era un paso natural dentro de su crecimiento, la situación actual lo ha convertido en un enorme desafío marcado por un incremento sostenido del esfuerzo económico.
Según los datos del último informe de la Fundación Civismo, ya hay un aumento cercano al 28 % en los gastos laborales no salariales durante la última década. Una cifra que supera con claridad el avance de los sueldos y que deteriora la capacidad de expansión de pymes y autónomos.
Esta tendencia se explica por la combinación de varios elementos que han ido acumulándose con el tiempo.
Las modificaciones normativas, la evolución de las bases de cotización, la presión de la inflación y la introducción de nuevos recargos conforman un escenario en el que el empleador asume un volumen creciente de obligaciones económicas.
El resultado es una mayor vulnerabilidad para quienes sostienen buena parte del empleo en España, sobre todo en un contexto en el que su margen financiero es limitado.
Factores que explican el encarecimiento del empleo en la última década
Los especialistas que han analizado la evolución del mercado laboral entre 2015 y 2025 describen un proceso gradual, caracterizado por incrementos encadenados más que por una única reforma decisiva.
Las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional marcaron un punto de inflexión a partir de 2018, elevando de forma directa las bases mínimas de cotización.
Estas bases han aumentado alrededor de un 75 % en diez años, lo que impacta de manera significativa en los sectores más intensivos en mano de obra.
A ello se suma el crecimiento de la base máxima, que se ha incrementado más de un 30 % en el mismo periodo.
Este movimiento ha repercutido especialmente en las empresas que necesitan perfiles cualificados y salarios más altos. Paralelamente, la inflación ha actuado como un multiplicador, intensificando la presión económica sobre los negocios en años con escasa actualización fiscal.
La introducción del Mecanismo de Equidad Intergeneracional añadió un nuevo elemento de carga permanente. Este recargo, que alcanza el 0,8 % en 2025, se aplica en un escenario en el que las empresas ya venían asumiendo aumentos sostenidos.
El efecto conjunto es una subida perceptible y constante del esfuerzo financiero que exige incorporar personal.
Un reparto desigual entre lo que paga la empresa y lo que recibe el trabajador
Los datos del segundo trimestre de 2025 muestran que el desembolso medio por empleado supera los 3.200 euros mensuales, pero una parte importante no llega a la nómina del trabajador.
Más del 25 % se destina a conceptos no salariales, principalmente cotizaciones sociales. Este desequilibrio se ha intensificado en los últimos años, ya que los gastos no salariales han crecido más rápido que los sueldos.
Mientras la retribución ha aumentado un 22 % desde 2015, los costes no salariales lo han hecho cerca de un 28 %. Esta diferencia pesa especialmente sobre los negocios más pequeños, que no siempre pueden ajustar sus precios al alza.
El resultado es una erosión progresiva de la productividad y de la competitividad, que obliga a muchos autónomos a asumir personalmente el impacto de estos incrementos.
La productividad avanza más lento que los gastos laborales
El análisis sobre la evolución de la eficiencia laboral revela una brecha creciente. Entre 2015 y 2025, la productividad por hora trabajada apenas ha avanzado un 1,7 % anual. En cambio, los gastos laborales unitarios han aumentado en torno al 2,5 % anual. Esta diferencia genera una pérdida acumulada de competitividad superior a ocho puntos respecto a la media de la eurozona, afectando de forma directa a las pequeñas empresas.
Muchos negocios, especialmente en el comercio minorista y en actividades de servicios, operan con márgenes reducidos y escaso acceso a financiación. La relación entre productividad y gastos laborales se ha descompensado, lo que dificulta no solo contratar, sino incluso mantener la plantilla en momentos de desaceleración económica.
El impacto sobre pymes y autónomos: menos margen y más riesgo
Los autónomos y pequeñas empresas afrontan este incremento en un contexto de consumo moderado y mayor competencia. En muchos casos no pueden trasladar el aumento de gastos al precio final porque las familias no tienen capacidad de asumir nuevas subidas. Esto provoca que el sobreesfuerzo recaiga directamente sobre el negocio, reduciendo su capacidad de inversión y debilitando su estabilidad.
Las pymes representan más del 95 % del tejido productivo español y generan una parte decisiva del empleo asalariado. Cuando su capacidad de contratar se reduce, el mercado laboral en su conjunto se resiente.
Además, la cuña fiscal sobre el trabajo —que en España supera el 40 %— se sitúa por encima de la media de la OCDE. Esto significa que el diferencial entre lo que paga un empleador y lo que recibe un trabajador es mayor que en otros países con niveles de productividad y salario más altos.
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