Sergio Delgado
EditorEs de sobra conocido que los trabajadores autónomos siguen encontrándose con importantes obstáculos para acceder a una protección social mínima, cuando su actividad deja de ser viable o atraviesan problemas de salud.
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) denuncia que numerosas reformas comprometidas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones permanecen paralizadas desde hace nueve meses.
Y claro, esto deja a miles de profesionales sin una cobertura adecuada en los momentos de mayor vulnerabilidad.
De hecho, las carencias afectan especialmente a quienes han cotizado durante años y, al cerrar su negocio, sufrir una enfermedad de larga duración o aproximarse a la jubilación, descubren que el sistema continúa ofreciendo respuestas insuficientes.
El cese de actividad sigue siendo una prestación difícil de conseguir
Uno de los principales problemas es el acceso al cese de actividad. Es decir, la prestación diseñada para ofrecer una red de seguridad económica a los trabajadores por cuenta propia cuando deben cesar su negocio.
Los datos hablan por sí solos. Durante 2025 se rechazaron más de 9.000 solicitudes de acceso a esta ayuda. Y en lo que va de 2026 ya se han denegado más de 3.000 peticiones, manteniéndose un porcentaje de rechazo superior al 55%.
Esto significa que únicamente el 45% de los autónomos que solicitan esta prestación consigue finalmente obtenerla, mientras que la mayoría queda fuera del sistema pese a haber cotizado durante años.
Desde la organización consideran que estas cifras evidencian la necesidad de revisar el funcionamiento de la prestación para adaptarla mejor a la realidad económica que afrontan quienes se ven obligados a cerrar un negocio.
Los autónomos mayores de 52 años afrontan una doble desprotección
Otro de los aspectos que preocupa especialmente es la situación de los profesionales mayores de 52 años.
Muchos autónomos llegan a esa etapa tras décadas desarrollando su actividad y realizando sus cotizaciones.
Sin embargo, cuando el negocio deja de ser viable y solicita el cese de actividad, las posibilidades de acceder a la ayuda son reducidas. Si además la solicitud resulta denegada, tampoco pueden acceder a una prestación equivalente al subsidio para mayores de 52 años del que sí disponen los trabajadores asalariados.
Esta circunstancia provoca que numerosas personas afronten los últimos años antes de la jubilación sin ingresos de sustitución, con escasas posibilidades de volver al mercado laboral y sin un mecanismo específico que garantice una transición económica estable hasta alcanzar la edad de retiro.
Según UPTA, esta situación incrementa el riesgo de pobreza y exclusión social entre profesionales que han contribuido durante buena parte de su vida al sistema de Seguridad Social.
Las bajas médicas siguen suponiendo un fuerte impacto económico
La organización también reclama cambios para quienes atraviesan procesos de incapacidad temporal prolongados.
Actualmente, muchos autónomos continúan soportando obligaciones económicas y de cotización mientras permanecen de baja médica y ven cómo sus ingresos disminuyen considerablemente o desaparecen por completo.
Por ello, se plantea modificar la normativa para que exista una exoneración automática de las cuotas a la Seguridad Social durante los procesos de incapacidad temporal inferiores a 60 días, evitando que una enfermedad termine agravando aún más la situación financiera del trabajador.
Reformas pendientes para mejorar la protección del colectivo
Además del cese de actividad y de la protección durante las bajas médicas, siguen pendientes otras medidas comprometidas para reforzar la cobertura social de los autónomos.
Entre ellas figura el reconocimiento de las condiciones de penosidad de determinadas profesiones, una cuestión que permitiría adaptar mejor la protección a actividades especialmente exigentes desde el punto de vista físico o de la salud.
Imágenes | Hans, Peggy_Marco
Ver 0 comentarios