Entra en vigor la ley de 'riders': ¿fin del problema o agravamiento de la situación?

Entra en vigor la ley de 'riders': ¿fin del problema o agravamiento de la situación?
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Hoy, 12 de agosto, ha entrado en vigor la nueva ley de riders que regula la actividad de numerosos repartidores pertenecientes a plataformas digitales, y que fue aprobada en el mes de mayo. Desde hoy, las empresas tienen la obligación de contratar a sus trabajadores como asalariados, en lugar de utilizar la modalidad de falsos autónomos.

No obstante, por el momento existe una cierta reticencia por parte de las empresas digitales de envío de comida a domicilio de contratar a sus trabajadores. Tan solo Just Eat y Glovo pondrán en nómina a un porcentaje de sus repartidores, lo que ha provocado un fuerte malestar en el sector.

Otras plataformas, por el contrario, ya han manifestado su intención de cesar su actividad en España debido a los riesgos regulatorios. Este ha sido el caso reciente de Deliveroo, que a finales del mes de junio anunció su salida de España por las dificultades para garantizar la viabilidad de su negocio en el país.

Un conflicto que parece no tener fin

Sea como fuere, parece que el lío judicial continuará, pese a que la normativa que acaba de entrar en vigor es clara. Tal y como recoge ABC, las plataformas buscan resquicios legales para evitar tener que contratar a todos los trabajadores que ahora mismo se encuentran ejerciendo su actividad como autónomos, lo que dejaría de nuevo en manos de los jueces la decisión última.

Esta nueva regulación tampoco contenta a los trabajadores que desean continuar trabajando como autónomos, ya que la ley se lo impide. Ambos bandos coinciden en que la entrada en vigor de la norma, lejos de ser la solución, agravará la precariedad de los repartidores, llenando de incertidumbre su futuro.

Por el momento, y a pesar de que las plataformas tienen que tener a sus trabajadores en plantilla, solo Just Eat contratará a los trabajadores. Otras plataformas tratarán de evitar los costes que acarrea la contratación de los riders que operen para ellos, utilizando para ello otras fórmulas como la subcontratación.

En consecuencia, la ley, lejos de haber resuelto el problema, parece que abre nuevas vías para agravar la situación.

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