La jornada laboral de 37,5 horas semanales sin reducción de salario ha sido una de las principales medidas impulsadas por el Ministerio de Trabajo esta legislatura y sigue enfrentando dificultades.
Esta semana, la iniciativa ha encontrado, de nuevo, una falta de mayoría parlamentaria estable, que mantiene la iniciativa bloqueada en el Congreso. El mismo estancamiento afecta a otras propuestas clave del Ejecutivo, como el plan de vivienda y la reforma del sistema judicial, que tampoco han logrado avanzar hacia su tramitación.
Menos horas de trabajo
El Ministerio de Trabajo ha defendido, desde 2023, una reducción de la jornada máxima semanal desde las 40 horas actuales hasta las 38,5 horas primero, que deberían haberse comenzado a aplicar en 2024, y las 37,5 horas de cara a 2025.
En ningún caso, esta medida implicará pérdida salarial para los trabajadores, puesto que el objetivo es buscar una mejora en la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.
Desde el Gobierno se han señalado posibles beneficios para la eficiencia del mercado laboral, argumentando que la reducción de horas trabajadas no tiene por qué traducirse en una menor producción, sino en una mayor optimización del tiempo de trabajo.
Sin embargo, hasta la fecha la reducción de la jornada laboral sigue sin implementarse, debido a la falta de acuerdos y al retraso en la tramitación legislativa, que impidió que la primera fase (38,5 horas) se aplicara.
Un bloqueo político sin consenso
El Consejo de Ministros aprobó en febrero de 2025 un anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral sin disminución salarial, pero este aún debe superar su trámite parlamentario antes de convertirse en norma definitiva.
Hasta que la ley sea aprobada y entre en vigor, las empresas no están obligadas a realizar ningún ajuste. El avance de esta reforma dependerá de las negociaciones y de si el Gobierno logra reunir apoyos suficientes para sacarla adelante.
El principal obstáculo para la aprobación de la reforma es la falta de una mayoría suficiente en el Congreso. El Gobierno de coalición, sin apoyos fijos más allá del PSOE y Sumar, necesita el respaldo de otros grupos para sacar adelante la medida.
Así, entre las posturas ya expresadas, PSOE y Sumar defienden la reducción como parte de su agenda, mientras que Junts per Catalunya ha rechazado la medida, argumentando que no ha sido una demanda de las empresas y que no es una prioridad para los trabajadores, y PP y Vox se oponen, alegando que afectará a la competitividad y aumentará los costes para los empresarios.
Para pymes y autónomos
Para las pequeñas y medianas empresas, así como para los autónomos, la reducción de la jornada laboral plantea varios desafíos.
Si bien existen potenciales ventajas, como mejorar el bienestar laboral de los trabajadores y, en algunos casos, se prevé que aumentar la productividad al optimizar los tiempos de trabajo, no queda exento de riesgos, como apuntaba la ATA y la CEOE, para modelos de negocio con menos margen financiero para afrontar la reorganización de turnos o absorber el coste de la reducción de horas sin afectar su rentabilidad.
Las patronales, además, han indicado que el impacto no será homogéneo en todos los sectores. Mientras que en industrias con mayor automatización o trabajo por objetivos podría haber una mejor adaptación, en otros como la hostelería o el comercio, la reducción de jornada sin ajuste en los costes salariales podría ser difícil de sostener.
En ningún caso, no obstante, deben confundirse con la actualización del registro horario digital, que sí entrará en vigor, pues cuelga de una legislación previa de 2019.
Escenario incierto
Desde El Diario.es, se apuntaba que "los grandes anuncios del Gobierno como la reducción de la jornada laboral, las medidas de ayuda a la vivienda, el plan de regeneración democrática [...] ni siquiera han empezado el recorrido de su tramitación parlamentaria a la espera de mayorías estables en el Congreso que garanticen su viabilidad."
En esta tesitura, y si bien el Gobierno mantiene la intención de impulsar la reducción de jornada, ni existe una mayoría clara en el Congreso de los Diputados, ni se han visto avances en esta dirección. Así, la reducción de la jornada laboral se une a una carpeta cada vez más grande de anteproyectos de ley.
Las negociaciones con los grupos parlamentarios serán clave para determinar si la medida puede desbloquearse en los próximos meses o si quedará relegada en la agenda legislativa.
El futuro de la reducción de jornada dependerá de la capacidad del Gobierno para alcanzar acuerdos en un Congreso fragmentado. Por el momento, la falta de apoyos mantiene la reforma en un punto muerto, sin una fecha clara para su tramitación efectiva.
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