morosidad

Como ya avisamos anteriormente, la aplicación del criterio de caja para el IVA no va a ser factible. La aplicación de esta medida, que se pretende incluir en la próxima Ley del Emprendedor es, según publica hoy El Economista, una mera declaración de intenciones que no podrá ponerse en práctica a corto plazo. Para todos aquellos que estaban esperando esta medida, casi podemos anticipar que no se podrá aplicar el pagar el IVA cuando se cobre la factura.

Hay que tener en cuenta, además, que la posible puesta en marcha de esta medida sería con carácter excepcional, sólo para determinadas empresas y para casos muy concretos. Además sería necesaria la autorización de la UE para llevarla a cabo.

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El pasado Consejo de Ministros ha aprobado una linea de financiación del ICO para que las Comunidades Autónomas puedan pagar las deudas con sus proveedores. La linea estará dotada con 10.000 millones de euros, ampliable a 15.000 millones.

Ya anunciamos, hace unas semansa, que el Ejecutivo tenía previsto aprobar esta mueva financiación para las autonomías, destinada a reducir la escandalosa morosidad de las autonomías con autónomos y pymes.

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El Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, anunció ayer, al término de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se habilitará una nueva línea de financiación a través del ICO para que las Comunidades Autónomas paguen a sus proveedores.

Esta medida es similar a la que al anterior Gobierno puso en marcha para los Ayuntamientos y que no tuvo el efecto esperado ya que, según palabras del Presidente de la Federación Nacional de Municipios y Provincias y Alcalde de Sevilla Juan Ignacio Zoido, las condiciones eran poco atractivas.

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La Ley de lucha contra la morosidad establece que en 2012 se reduzcan los plazos de pago a proveedores a 75 días de máximo en los pagos entre empresas y a 40 para el pagp de las Administraciones Públicas. Esta reducción se debe al cumplimiento del régimen transitorio de la ley a los plazos definitivos, que quedarán fijados en 60 y 30 días respectivamente.

Esta noticia sería relevante si realmente se cumpliera la ley. Por desgracia. como ya hemos comentado en varias ocasiones, la morosidad es el principal problema con el que se encuentran las empresas a la hora de mantener su actividad y alcanza tintes dramáticos por su influencia en el cierre de muchas de ellas y la consecuente destrucción de empleo.

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Con motivo de la campaña electoral desde muchos ámbitos políticos, empresariales y varias organizaciones vuelven a insistir en el tema de la aplicación del criterio de caja en la declaración del IVA para evitar las situación actual de que las empresas tengan que adelantar el IVA de las facturas no cobradas.

En su día ya comentamos que poner en marcha este sistema es complicado. De hecho, hace unos días, el jefe de Equipo de Inspección y secretario general de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda, Francisco de laTorre, ha declarado al respecto que la aplicación de este sistema supondrá “un grave problema de control, pero que también tendría que implicar que quien no paga una cuota de IVA no se va a poder deducir el IVA soportado”.

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El desarrollo del Plan de lucha contra el fraude fiscal, laboral y a la Seguridad Social desarrollado por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) está dando sus resultado. La recaudación en vía ejecutiva de este organismo ha sido, entre enero y julio, de 907 millones de euros, mientras que las actuaciones de derivación de responsabulidades ha sido de 425,4 millones de euros.

El seguimiento que se ha hecho a las grandes cuentas se ha incrementado en un 240% entre 2004 y 2010. En 2004 fueron 27.709 empresas a las que se les hizo un seguimiento, en 2010 son el nuevo Plan se llegó a 94.218 empresas. De ellas, se encontraron 6.883 empresas con primer descubierto, 3.339 abonaron la deuda total o parcialmente y 1.613 solicitaron o se les concedió aplazamientos de pago. En el primer semestre de 2011, fueron 3.988 las empresas con primer descubierto entrevistadas, 1.391 han abonado la deuda y 987 han solicitado o se les ha concedido aplazamientos de pago.

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Según aparece publicado hoy en Expansión, los Ayuntamientos no están utilizando los fondos puestos a su disposición por el ICO para saldar sus deudas con autónomos y pymes ya que sólo han consumido un 13% del total de la línea de financiación.

Ya comentamos hace más de un mes el el poco éxito que estaba teniendo esta linea de financiación creada para que los consistorios pudieran reducir su morosidad, los nuevos datos lo confirman.

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Hace cosa de tres años un pequeño empresario me comentaba que había encontrado una solución a sus problemas: había empezado a trabajar con el ayuntamiento más grande de la zona. Le dirigí una mirada tierna, pague nuestra consumición y cambié de tema. La semana pasada me acorde de él a propósito del lock-out de los farmacéuticos castellano-manchegos.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Castilla La Mancha les adeuda cerca de 3 meses de medicamentos, 125 millones de euros. Se trata de la diferencia entre el coste efectivo del medicamento cobrado a los farmacéuticos por sus proveedores y el que ellos repercuten a los pacientes, debido a la conocida subvención pública al medicamento.

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Una de las principales preocupaciones de muchas empresas y negocios en la difícil encrucijada por el cobro a clientes por trabajos realizados, es la morosidad de la administración pública, que realiza un daño tremendo a aquellos negocios que trabajan con la administración, y que por una razón u otra, no reciben la contraprestación acordada en tiempo y forma.

Hoy me ha llamado la atención la noticia que ha publicado el diario Expansión sobre la posibilidad de que la comunidad autónoma de Castilla La Mancha adeude alrededor de 1.700 millones de euros a sus proveedores, una noticia que de confirmarse, acabaría con muchas pymes que proveen bienes y servicios a la administración, por el simple hecho de no poder cobrar, o al menos dilatar su cobro en el tiempo, de los trabajos ya realizados.

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