Con la aprobación de las nuevas medidas anti-fraude ha vuelto a quedar claro que el Gobierno se siente más comprometido con la persecución de autónomos y pymes y su control del fraude antes que afrontar la búsqueda de los grandes defraudadores.
Para ello diseña una estrategia que dificulta la actividad de este colectivo ante la sospecha de que algunos de ellos puedan cometer fraude fiscal pero no mide por el mismo rasero a las grandes empresas. Todo ello sin tener en cuenta que la estimación del fraude anual en España es de 85.000 millones de euros, de los cuales apenas el 20% se deriva de actuaciones ilícitas de pequeños empresarios y el resto corresponde a las grandes compañías.









