Javier Ruiz
Para muchos autónomos, el descanso real es un lujo. Si hace unos días hablábamos sobre las dificultades de muchos trabajadores por cuenta propia de coger vacaciones y la expectativa de un mal año fiscal, el 36 % reconoce que no puede desconectar ni siquiera una semana por culpa de los impagos.
En este caso, no se trata solo de una cuestión económica, sino de la incertidumbre de no saber cuándo se cobrará: un problema que afecta a la salud mental, la planificación y, en consecuencia, a la productividad laboral.
El impacto de los impagos
La presión por cobrar a tiempo genera un estrés sostenido que se traduce en jornadas más largas, menos tiempo libre y una sensación constante de alerta.
Según un estudio de Informa D&B, el retraso medio de cobro en España supera los 15 días (45 días naturales) y supone un coste de 2 900 millones de euros para autónomos y pymes cada año, con dos tercios de las facturas impagadas en plazo.
En el caso de las administraciones públicas, el promedio se eleva a 67 días, muy por encima del límite legal de 30 días, siendo la morosidad la que está detrás de uno de cada cuatro cierres empresariales. Desde Cinco Días, se preguntaban cómo sobreviven las pymes a la alta morosidad: la realidad es que muchas no lo consiguen.
La Ley 3/2004 sobre morosidad fija un plazo máximo de 60 días para pagar facturas y reconoce el derecho a cobrar una indemnización mínima de 40 € por factura en caso de retraso, sin necesidad de solicitud previa.
En una amplia mayoría, los autónomos escogen ritmo det rabajo, días libres y cuentan con una mayor flexibilidad horaria, pero, pese a estos beneficios, resulta complejo ignorar las dificultades de trabajar sin garantías de cobro.
¿Papel mojado?
El Real Decreto-ley 4/2013 reforzó esta norma al eliminar el tope porcentual para la indemnización y declarar nulas las cláusulas que la excluyan. Además, desde 2024, Hacienda acepta cualquier medio fehaciente (correo electrónico, burofax, etc.) como prueba para reclamar el IVA de facturas impagadas, siempre que no hayan pasado más de seis meses y el importe supere los 50 €.
Para minimizar los riesgos, desde la Administración se plantean algunas prácticas como pagos por adelantado (pedir un porcentaje inicial o una provisión de fondos), si bien a menudo esta opción es poco realista, contratos claros donde se detallen los plazos de entrega y pago, penalizaciones y formas de resolver conflictos, priorizar el cobro de facturas vencidas antes de acoger nuevos proyectos (seguimiento de cobros) y procedimientos monitorios, vía judicial rápida para deudas ya documentadas.
No obstante, estas prácticas resultan notablemente ineficientes como muestran los datos, dificultando la posibilidad de una capacidad de presión real por parte de los autónomos al cliente final.
Se suma a todo ello la dificultad de detener la actividad que, a menudo, resulta compleja debido a una ausencia de ley de desconexión digital (por razones obvias), que no se aplica a los autónomos.
En cualquier caso, puede ser interesante establecer unos mínimos para el descanso, sobre todo, durante las vacaciones, como separar canales personales y profesionales, desactivar notificaciones fuera del horario establecido y planificar días de descanso reales, incluso en períodos de menor facturación, para prevenir el agotamiento.
En pocas palabras, parece que los impagos seguirán siendo un problema estructural para el colectivo autónomo, pero combinar medidas preventivas, uso efectivo de las herramientas legales y una gestión activa del tiempo puede reducir su impacto. El objetivo es claro: recuperar el control del trabajo, pero también del descanso.
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