Javier Ruiz
En España, desde 2019, las empresas tienen la obligación legal de registrar la jornada laboral —las horas de entrada y salida de cada trabajador— conforme al Real Decreto-ley 8/2019 y al artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores.
Sin embargo, el objetivo de "trazabilidad" de la jornada planteado en el desarrollo reglamentario se ha ido modificando y endureciendo a medida que se mantenían ciertos vacíos legales, que el control horario digital pretende terminar de subsanar.
Novedades en el control horario
Hasta la fecha, este registro de horas podía hacerse por medios más tradicionales (en papel, mediante hojas de Excel, etc.), garantizando su fiabilidad, conservación y disponibilidad para inspecciones.
El modelo vigente, no obstante, ha mostrado debilidades evidentes de las cuales el Ejecutivo es consciente, como manipulaciones, incumplimientos y falta de transparencia en la gestión.
Con el objetivo de corregir estas deficiencias, el Gobierno está terminando de estructurar una reforma que obligará a que el control horario sea estrictamente digital, seguro, trazable y accesible a la Inspección, con mayores exigencias y sanciones reforzadas.
El Ministerio de Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz, ya ha anunciado que llevará la reforma del control horario al Consejo de Ministros con carácter urgente: "El próximo martes va con carácter de urgencia la tramitación del control horario al Consejo de Ministros", dijo Díaz a finales de la semana pasada.
Si bien no se presentará texto definitivo del decreto, el objetivo es iniciar la tramitación por vía de urgencia, evitando nuevos retrasos legislativos con entrada en vigor del sistema a inicios del próximo año laboral, que ya se asume que requerirá de una adaptación tras la aprobación y puesta en funcionamiento.
Solo digital
Una de las claves de la reforma es que solo los sistemas digitales seguros serán admitidos. Los registros en papel, hojas de cálculo manipulables u otros formatos simples quedarán, con total seguridad, descartados frente a las nuevas exigencias.
El sistema deberá garantizar integridad, que los datos no puedan alterarse, y accesibilidad remota para la Inspección de Trabajo. Además, la empresa tendrá la obligación de conservar los registros durante al menos cuatro años, disponibles para trabajadores, sindicatos e inspección.
Con el objetivo de proteger a los trabajadores y asegurar el correcto cumplimiento, el Ejecutivo y los sindicatos propusieron que las sanciones se impusieran por trabajador afectado, en lugar de sancionar globalmente a la empresa. Esto implicaría que una sola empresa con múltiples incumplimientos podría enfrentarse a multas multiplicadas.
En cualquier caso, esta modificación requiere de aprobación parlamentaria, que no está claro que pueda obtenerse, por lo que la posibilidad de aumentar la cuantía de las sanciones sigue en el aire.
En la versión inicial del decreto podría no incluirse aún el máximo sancionador por trabajador, sino más bien un reforzamiento moderado respecto a la normativa actual.
Reducción de jornada
En origen, esta reforma del control horario estaba pensada como parte del proyecto de ley para reducir la jornada a 37,5 horas semanales. No obstante, esta iniciativa fue rechazada en el Congreso, lo que llevó al Gobierno a desdoblar la medida: el registro digital se tramitará por decreto independiente.
Este camino por decreto facilita que la norma avance sin depender de mayoría parlamentaria, aunque ciertas modificaciones (como sanciones muy gravosas) podrían seguir necesitando debate legislativo.
Entre los puntos más preocupantes está que solo alrededor del 35 % de las pymes actualmente disponen de un sistema de registro horario adecuado según evaluaciones técnicas, lo que revela una brecha tecnológica y de recursos digitales para muchas pequeñas empresas, que deberán solucionar para cumplir con la nueva ley en pocos meses.
Asimismo, desde la implementación del registro obligatorio en 2019, se ha observado una caída significativa del volumen total de horas extra registradas. No obstante, sigue habiendo muchas horas extraordinarias que no se pagan correctamente o no se registran.
En este sentido, hace unos días El País apuntaba cómo alrededor de medio millón de trabajadores no cobran las horas extra que realizan, o existe una notable opacidad al respecto, lo que refuerza el argumento de un control más estricto.
En conclusión, sin saber todavía sanciones exactas, el Gobierno parece querer empezar 2026 con un registro horario accesible las 24 horas por el Ministerio de Trabajo y 100 % digital. Ahora, queda ver los plazos en los que avanza la reforma.
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