Javier Ruiz
Enésimo déjà vu a cerca de las cuotas de los trabajadores por cuenta propia en el debate político y económico de España. La Seguridad Social ha confirmado que no prevé un incremento de las aportaciones para 2026 y que la prioridad es solventar los errores detectados en la regularización de 2023, además de mejorar el acceso a la prestación por cese de actividad.
Este anuncio se produce tras meses de tensiones con la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), que venía reclamando una corrección de las disfunciones del sistema.
Para muchos profesionales, la regularización por ingresos reales ha generado efectos inesperados que han impactado especialmente a quienes compaginan varias actividades, así como a determinados colectivos como los autónomos colaboradores y los societarios.
Problemas en la regularización de 2023
Uno de los principales fallos se ha producido en el tratamiento de los autónomos en pluriactividad. Según ATA, la Seguridad Social ha interpretado de manera restrictiva la normativa y ha situado a muchos de ellos en los tramos más altos, pese a que ya contribuyen en el régimen general.
Esto ha generado un sobrecoste innecesario, alejándose de lo pactado en el acuerdo inicial. También los colaboradores familiares han sufrido las consecuencias de esta interpretación.
La normativa preveía que pudieran mantener las bases de 2023, pero en la práctica se les ha asignado una base inferior, lo que reduce sus aportaciones y puede tener consecuencias en sus futuras prestaciones.
En el caso de los societarios, la falta de declaración de rendimientos netos ha llevado a que se les aplique de manera automática una base más baja, contradiciendo el compromiso de respetar las cotizaciones de 2022.
Reforma del cese de actividad
Otro de los grandes temas que se abordarán en la mesa de negociación es el acceso al paro de los autónomos. Actualmente, más del 60% de quienes cierran su negocio no consiguen cobrar la prestación por cese de actividad, pese a haber contribuido durante años.
Según el presidente de ATA, Lorenzo Amor, esta situación es “inadmisible” y constituye una desigualdad respecto a los asalariados, que sí acceden a la prestación por desempleo al perder su empleo.
La intención del Ministerio es revisar los requisitos de acceso al cese de actividad, simplificando el procedimiento y eliminando trabas burocráticas que impiden a la mayoría de trabajadores por cuenta propia beneficiarse de un derecho por el que cotizan mensualmente.
Posición de ATA y presión negociadora
ATA ha confirmado que participará en la mesa convocada por la Seguridad Social, aunque no para negociar una subida de cuotas en 2026. La federación insiste en que su objetivo principal es garantizar que se corrijan los errores de la regularización y se aborde la reforma del paro de los autónomos.
Desde la organización subrayan que “no es el momento de hablar de incrementos, sino de soluciones”.
La asociación también ha recordado que, con la falta de Presupuestos Generales del Estado y el calendario legislativo tan ajustado, resulta prácticamente inviable aprobar nuevas tablas de cotización en apenas unos meses. Por ello, plantean que lo más realista sería prorrogar las cuotas actuales en 2026, manteniendo las bases mínimas y máximas establecidas para el sistema de ingresos reales.
Reformas pendientes más allá de las cuotas
El debate sobre las cotizaciones se suma a otras reformas que el Gobierno tiene pendientes en materia fiscal y laboral para los autónomos.
Una de ellas es la creación de un régimen de IVA franquiciado que permita a quienes facturen menos de 85.000 euros anuales no tener que repercutir este impuesto, medida que ya está vigente en varios países europeos.
También se estudia la posibilidad de revisar los gastos deducibles, un tema largamente demandado por el colectivo. Actualmente, la justificación de ciertos gastos, como los relacionados con el uso del vehículo, limita en exceso las deducciones a las que pueden acceder. Junto a ello, se plantea una reforma progresiva del sistema de módulos, buscando un modelo de transición similar al implantado en el País Vasco.
¿Qué podría pasar en 2026?
Las negociaciones entre la Seguridad Social, los sindicatos y las organizaciones de autónomos se presentan complejas. Sin embargo, existe un consenso en que antes de abrir cualquier debate sobre una posible subida de cuotas, es imprescindible resolver las deficiencias actuales del sistema y mejorar las prestaciones.
La prioridad será asegurar que la regularización por ingresos reales se aplica correctamente y que colectivos como pluriactivos, colaboradores o societarios no se vean perjudicados. Del mismo modo, el acceso a la prestación por cese de actividad debe dejar de ser un obstáculo para la mayoría de los autónomos.
En este escenario, todo apunta a que en 2026 no habrá cambios significativos en las cotizaciones y que se mantendrán las mismas tablas vigentes en 2025. Para ATA, esta solución temporal permitiría centrar los esfuerzos en corregir los fallos detectados y garantizar que el sistema de ingresos reales cumpla con su finalidad: una mayor equidad y proporcionalidad en la aportación de los trabajadores por cuenta propia.
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