En diciembre de 2024, Glovo anunciaba a bombo y platillo su compromiso con la legalidad laboral: "se acabaron los falsos autónomos en su plataforma" y se pretendía contratar, de forma directa, a más de 20.000 repartidores.
La empresa, bajo presión judicial, mediática y política, daba así un paso que muchos consideraron tardío pero necesario, especialmente tras las reiteradas multas y sentencias en su contra. Sin embargo, del dicho al hecho... ya saben ustedes.
Glovo ¿cambia el modelo?
Seis meses después, y tras las presiones de la "ley rider", la realidad es otra. La mayoría de los repartidores siguen operando bajo modelos externalizados, a través de subcontratas conocidas como “flotas”, y solo una pequeña parte ha recibido ofertas de contratación directa.
A principios de semana, el diario El País destacaba que, hasta la fecha, se ha podido conocer que se han enviado alrededor de 4.000 ofertas laborales —lejos de las 20.000 prometidas— y que no existe transparencia sobre los términos, condiciones ni seguimiento real de la transición.
Según los expertos, lo que está ocurriendo es un trasvase a figuras jurídicas intermedias, que permiten a la empresa seguir operando sin asumir la contratación directa de los riders.
Estas “flotas” funcionan como empresas interpuestas, donde el trabajador sigue realizando las mismas tareas, pero con menos derechos y sin vinculación laboral directa con Glovo. Los sindicatos han denunciado que estas prácticas suponen una “cesión ilegal de trabajadores”.
Además, el convenio colectivo que Glovo aplica en estos casos no siempre se ajusta al sector del reparto a domicilio, lo que abarata costes precarizando aún más el empleo.
En prensa, las últimas noticias conocidas afirman que, en la práctica, “todo sigue igual”: horarios irregulares, pago por pedido, sin derecho a vacaciones ni paro, y con gastos asumidos por el trabajador.
¿Y la Ley Rider?
La Ley Rider, en vigor desde agosto de 2021, exige que los repartidores de plataformas digitales sean considerados asalariados cuando exista dependencia y ajenidad.
En otras palabras, si el algoritmo controla el trabajo, debe haber contrato. Sin embargo, Glovo ha sido la única de las grandes plataformas en no aplicar voluntariamente la ley, lo que le ha costado más de 200 millones en sanciones, según la Inspección de Trabajo.
Mientras tanto, Just Eat —que sí optó por la contratación directa— ha presentado una demanda por competencia desleal, reclamando 295 millones de euros en daños. Considera que Glovo ha sostenido su modelo de negocio basándose en una ventaja ilegítima: usar autónomos donde otros tienen que pagar salarios, cotizaciones y seguros.
Distorsión del mercado
A finales de mayo, el CEO de Glovo, Oscar Pierre, declaró que la empresa completará este año su transformación hacia un modelo 100 % laboral basado en trabajadores autónomos.
El escepticismo sigue siendo evidente entre los repartidores: el historial de anuncios no cumplidos pesa y, en la práctica, sigue sin existir un marco sancionador eficaz que permite que la empresa siga incumpliendo.
Este tipo de prácticas no solo afectan a los repartidores.
Supone una distorsión en el mercado laboral, donde las empresas que sí cumplen con sus obligaciones se ven penalizadas por competir con modelos que operan en los márgenes de la legalidad.
Numerosas voces afirman que Glovo —incluso entre su competencia directa— ha logrado consolidarse gracias a un esquema que reduce costes laborales a costa de los derechos de sus trabajadores. Y eso, indirectamente, tiene efectos en otras pymes: desde restaurantes que externalizan el reparto hasta comercios que ven modificadas sus condiciones de competencia.
A la espera de que se concrete ese “modelo 100 % laboral” prometido, el caso vuelve a poner en evidencia los límites de la regulación actual, la lentitud de la justicia laboral y la facilidad con la que algunas plataformas esquivan sus responsabilidades. Mientras tanto, los riders —emprendedores y trabajadores autónomos, en su mayoría— siguen operando en condiciones de vulnerabilidad y muchas pymes continúan compitiendo en un entorno desigual. El reto, ahora, no es solo cambiar los discursos, sino garantizar mecanismos que hagan cumplir la ley.