El partido Sumar, liderado por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha presentado una enmienda al Proyecto de Ley de Función Pública de la Administración General del Estado (AGE) para reducir la jornada laboral de los funcionarios a un máximo de 35 horas semanales.
Una propuesta que supone reducir otras 2,5 horas respecto a la jornada actual y se enmarca en una serie de medidas para mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos. La enmienda plantea consolidar esta jornada a nivel estatal que ya se encuentra en gran medida en muchas de las comunidades autónomas.
Tendencia general
La iniciativa se suma a la reciente aprobación de la reducción de la jornada laboral general en España a 37,5 horas semanales sin reducción salarial, fruto del acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos CC OO y UGT tras meses de negociaciones.
Los últimos cambios se apoyarán en las nuevas directrices que incluyen el registro horario digital, más estricto, y sanciones severas para las empresas que no cumplan con la regulación laboral.
En el caso de la Administración Pública, la propuesta de Sumar busca modificar el artículo 87 de la nueva Ley de Función Pública para garantizar que la jornada semanal no supere las 35 horas. Esta medida se fundamenta en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI firmado en 2022, que ya contemplaba la recuperación de la jornada reducida para los empleados públicos.
Efectos de esta reducción
Si la propuesta es aprobada, los funcionarios de la Administración General del Estado verían reducida su jornada laboral en 2,5 horas semanales, lo que en la práctica significaría una mejora en la conciliación de la vida laboral y personal.
Además, distintas administraciones autonómicas y municipales ya aplican jornadas de 35 horas semanales, por lo que esta medida supondría una homogeneización de las condiciones laborales en todo el territorio.
En términos organizativos, la reducción de jornada podría generar la necesidad de contratar más personal en algunos sectores de la Administración para evitar una disminución en la prestación de servicios.
No obstante, los sindicatos han defendido la viabilidad de la medida, argumentando que la eficiencia laboral no depende exclusivamente de la cantidad de horas trabajadas, sino también de la organización y digitalización de los procesos administrativos.
En este caso, la tesitura es muy distinta a la que Cepyme y otras asociaciones de empresarios han criticado en los últimos meses, debido al aumento de las cotizaciones por trabajador y a la difícil tarea de aumentar la productividad en sectores con márgenes escasos, según su último informe.
Jubilación parcial
Junto con la reducción de jornada, Sumar ha propuesto en otra enmienda la posibilidad de que los funcionarios puedan acogerse a la jubilación parcial voluntaria.
Actualmente, los empleados públicos deben esperar a la edad legal de jubilación o acogerse a regímenes especiales según su grupo profesional. La propuesta permitiría que los funcionarios reduzcan, progresivamente, su jornada laboral entre un 25 % y un 50 % antes de la jubilación completa, facilitando una transición más gradual.
Para implementar esta medida, sería necesario modificar el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley General de la Seguridad Social y la Ley de Clases Pasivas. Este cambio podría ayudar a aliviar el envejecimiento de la plantilla en la Administración Pública, permitiendo una renovación progresiva y el relevo generacional sin una pérdida abrupta del personal con más experiencia.
El debate, al Congreso
La reducción de jornada y la introducción de la jubilación parcial para los funcionarios dependerán del respaldo parlamentario necesario para su aprobación. Mientras el Ejecutivo busca modernizar la Administración y mejorar la calidad del empleo público, la medida también plantea desafíos en términos de coste y reorganización de recursos.
De igual modo, la prórroga de la jornada laboral debería ser una opción voluntaria para los empleados públicos, con la excepción del personal directivo profesional, que quedaría excluido de esta posibilidad. En cuanto al teletrabajo, se subraya que esta modalidad debe ser una opción disponible para los funcionarios, pero nunca una obligación. Sumar también ha destacado que implementar el trabajo en remoto se hará bajo criterios de eficiencia y conciliación, y no a través de un enfoque de reducción de costes, puramente económico.
De aprobarse, estas reformas no solo impactarían en la calidad de vida de los empleados públicos, sino que también podrían sentar un precedente para futuras negociaciones sobre la jornada laboral en otros sectores. En un contexto de cambios en el mercado laboral y en las condiciones de trabajo, el debate sobre la reducción de jornada sigue ganando protagonismo.