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La ley de blanqueo de capitales se aprobó allá por el 2010 para tener un mayor control de operaciones con ventas superiores a 15.000 euros, en una o varias operaciones. A partir de ese momento se han ido introduciendo diversas modificaciones, pero ahora el Gobierno está preparando que nuevas actividades profesionales se vean afectadas por dicha ley contra el blaqueo de capitales.

Ayer fue remitida al Consejo de Ministros el informe con el anteproyecto que reforzará las medidas contra el blanqueo. Se trata de adaptar la ley al marco europeo y cumplir con las novedades de la V Directiva de Blanqueo. Se añadirán como obligados a los que se aplicará la ley los que intermedien en alquileres de renta mensual superior a 10.000 euros, pero también a las plataformas de crowfunding.

Hace algún tiempo el criterio que venía imponiendo Hacienda suponía que el delito fiscal significara además la comisión del de blanqueo de capitales. Ahora una resolución del Tribunal Supremo admite este criterio como acertado y establece que la comisión del primero suponga automaticamente la del segundo.

La decisión no está exenta de polémica, de hecho el fallo del TS contó con un voto particular. En primer lugar porque supone juzgar el mismo hecho desde dos frentes diferentes y en segundo porque en la práctica cometer un delito fiscal, por fraude por ejemplo, no tiene que significar que el dinero defraudado se haya obtenido ilegitimamente, algo esencial para el delito de blanqueo.

Hace unos días, el presidente de la organización de Inspectores de Hacienda del Estado, Ransés Pérez Boga, hacía unas declaraciones en los medios de comunicación relativas a la falta de transparencia con que se ha realizado la amnistía fiscal. El señor Boga exponía que los inspectores tienen muchas dificultades para realizar comprobaciones sobre las declaraciones acogidas a la amnistía fiscal, puesto que necesitan la aprobación de un responsable de la jefatura. Este procedimiento dista mucho de ser el ordinario, puesto que un inspector puede acceder sin problema alguno a la base de datos, para hacer cualquier consulta sobre un contribuyente. Según sus declaraciones "Este procedimiento no tiene precedentes en la Administración tributaria".

Otro hecho que llama la atención, según Pérez Boga, es que la información que contienen las declaraciones de la amnistía fiscal no se introduce en la base de datos de la Agencia Tributaria en abierto, para que los programas informáticos de selección de contribuyentes puedan cruzar esa información y determinar perfiles de riesgo. Los inspectores de por sí no pueden investigar nada. Los programas informáticos son los que determinan quien es más probable que sea un defraudador.

A partir de la entrada en vigor de la Ley 10/2010 de blanqueo de capitales, se han incrementado notablemente las exigencias de información sobre operaciones que pudieran ser sospechosas de de este delito. Entre esas exigencias se encuentra la de identificar al titular real.

Cualquier persona que haya tenido que requerir los servicios de un notario a partir de la fecha se habrá encontrado con la obligación de hacer un documento anexo en el que se identifica al que interviene en la operación, indicando si actúa por si mismo o en representación de un tercero.

El último grupo de infracciones contempladas en la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales corresponde a la infracciones leves. Integran este grupo aquellas que no están incluidas dentro del catálogo de infracciones muy graves ni en el de graves. Pero, además, también se considerarán como leves aquellas infracciones graves pero cuyo incumplimiento se considera ocasional o aislado.

Las sanciones a aplicar en estos casos son económicas, con una multa que no podrá ser superior a 60.000 euros, y una amonestación privada.

Las infracciones catalogadas como graves dentro de la Ley de Prevención de Blaqueo de Capitales se castigan con una multa cuyo importe puede oscilar entre el mínimo de 60.001 euros y el máximo que ascendería a la mayor de las cifras entre el 1% del patrimonio del sujeto obligado, el contenido económico de la operación más el 50% ó 150.000 euros. Además de una amonestación pública y privada.

Para el responsable de la infracción, dentro de la organización del sujeto obligado, se impondrá una multa de un importe entre 3.000 y 60.000 euros, una amonestación privada, pública y la suspensión temporal del cargo por un plazo no superior a un año. En el caso de icumplir la obligación de declarar los movimientos de medios de pago, la multa estará compendida entre los 600 euros y el doble del valor de los medios de pago empleados.

El régimen sancionador de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales establece tres tipos de infracciones: muy graves, graves y leves. La responsabilidad de los sujetos obligados recaerá sobre los administradores y directivos de las sociedades mercantiles y sobre los profesionales, en el caso de personas físicas.

En el caso de la infraciones muy graves, la Ley establece una prescripción de cinco años, este plazo se inicia en el momento en que se produce la infracción. La prescipción de las sanciones será de tres años.

La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales establece una serie de casos especiales de aplicación. Entre ellos destaca el comercio de bienes, las fundaciones y asociaciones, las entidades gestoras colaboradoras y el envío de dinero. Dadas las condiciones en las que se realizan estas actividades o las características legales de estas instituciones la Ley les confiere una mención especial.

Esta mención incluye determinadas obligaciones que han de cumplirse al realizarse operaciones dentro de las instituciones o actividades antes mencionadas y que complementan a las de carácter general.

Los sujetos obligados por la Ley de prevención del blanqueo de capitales deben intaurar en su organización un control interno a través de procedimientos escritos y puestos en conocimiento de todos los miembros de la misma que han de definir los procesos a seguir para tomar las medidas adecuadas para luchar contra el blanqueo de capitales y que incluyan mecanismos de prevención, información a terceros, conservación de documentación, etc.

Para ello, los sujetos obligados habrán de designar a un representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión, que será el responsable del cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley. También se creará un órgano de control interno, que se responsabilice de la aplicación de las medidas incluidas en el procedimiento escrito.

La Ley de prevención del blanqueo de capitales establece que los sujetos obligados han de analizar a sus clientes y las operaciones realizadas para identificar posibles riesgos de blanqueo de dinero. La misma Ley determina la obligación de realizar una serie de comunicaciones respecto a esas operaciones.

Los sujetos obligados habrán de tomar una serie de medidas para detectar cualquier operación sospechosa. Para ello realizarán un examen especial de las operaciones que se puedan considerar inusuales, que sigan una pauta de comportamiento compleja o presenten indicio de simulación o fraude.