Sergio Delgado
Editor¿De qué sirve que Europa eleve hasta 10.000 euros el límite de los pagos en efectivo si los autónomos españoles seguirán sin poder cobrar ni siquiera 1.000 euros en metálico en la mayoría de sus operaciones?
La nueva normativa comunitaria, que comenzará a aplicarse el 10 de julio de 2027, no traerá el alivio que algunos pequeños negocios podrían esperar.
Mientras la Unión Europea establece un techo común de 10.000 euros, España conservará su restricción general de 1.000 euros, vigente desde julio de 2021. Esto significa que miles de profesionales y pequeñas empresas continuarán sujetos a unas condiciones más estrictas que las previstas en el nuevo marco europeo.
Europa permitirá pagos de 10.000 euros, pero España mantendrá las restricciones
El Reglamento (UE) 2024/1624, aprobado el 31 de mayo de 2024, establece en su artículo 80 un límite máximo de 10.000 euros para los pagos en efectivo relacionados con actividades comerciales y profesionales.
La medida tiene como objetivo combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, aunque contempla una excepción importante: los Estados miembros pueden mantener o aprobar restricciones nacionales inferiores.
En España, la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal redujo de 2.500 a 1.000 euros el importe máximo permitido en las operaciones en las que interviene un empresario o profesional.
Por tanto, las transacciones de importe igual o superior a 1.000 euros no pueden pagarse en efectivo, salvo que resulte aplicable alguna excepción legal que, además, son pocas.
La limitación afecta a todo el espectro de loa autónomos: comerciantes, autónomos, talleres, establecimientos de hostelería y profesionales que prestan servicios a particulares.
Los autónomos podrán cobrar hasta 10.000 euros a determinados extranjeros
Eso sí, no todos los clientes están sometidos al mismo límite. La legislación española contempla una excepción especialmente relevante para los negocios turísticos.
Según explica la Agencia Tributaria en su información sobre pagos en efectivo, el umbral asciende a 10.000 euros cuando el pagador es una persona física que acredita no tener domicilio fiscal en España y no actúa como empresario o profesional.
Por ejemplo, un comercio que venda artículos por 5.000 euros a un turista que cumpla estas condiciones podría aceptar el pago íntegro en metálico.
Sin embargo, tener nacionalidad extranjera no basta para acogerse a esta excepción. Lo determinante aquí es el domicilio fiscal y la condición en la que actúa el comprador. Y es que, las sociedades extranjeras y los profesionales que adquieren bienes o servicios para sus negocios tampoco pueden beneficiarse de esta ampliación.
Multas de hasta el 25% de la cantidad abonada en efectivo
Y mucho cuidado porque el incumplimiento de estas restricciones puede tener consecuencias económicas importantes. El artículo 7 de la Ley 7/2012 establece que tanto el pagador como quien recibe el dinero pueden ser responsables de la infracción.
La sanción consiste en una multa equivalente al 25% del importe pagado en efectivo cuando se incumple el límite aplicable. Por ejemplo, si un autónomo cobra 2.000 euros en metálico por una operación sometida al umbral general, la sanción puede alcanzar los 500 euros.
Tampoco está permitido esquivar la prohibición dividiendo una misma factura en varios pagos inferiores a 1.000 euros. Para determinar si existe infracción, se considera el importe total de la operación.
Y es más, la normativa contempla una posible exoneración para quien denuncie el incumplimiento ante Hacienda dentro de los tres meses siguientes, siempre que cumpla los requisitos establecidos.
¿Qué cambiará realmente a partir de julio de 2027?
La nueva regulación forma parte del paquete europeo contra el blanqueo de capitales, destinado a reforzar los controles financieros y armonizar las obligaciones de los Estados miembros.
Sin embargo, el máximo comunitario no sustituirá automáticamente las restricciones españolas. Los autónomos deberán seguir comprobando quién realiza el pago, cuál es su importe y si existe alguna excepción aplicable.
Además, la Agencia Tributaria recuerda las obligaciones de conservación de justificantes, que deben mantenerse durante cinco años en las operaciones sujetas a estas limitaciones.
Imágenes | Angelolucas, RobinHiggins
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