Redacción Pymes y Autónomos
EditorEs uno de los aspectos que quiere Hostelería de España en la próxima legislatura. La patronal ha trasladado 30 propuestas a los partidos políticos. Entre ellas están las de igualar las condiciones para todos los formatos de gastronomía. Es decir, que todos tengan las mismas obligaciones fiscales; que se apliquen las mismas condiciones sanitarias; que sean similares las condiciones de trabajo; que las licencias sean iguales en todos los formatos…
En su comunicado de 27 de octubre se refieren a “condiciones de competencia equivalentes”. Se trata de una forma de hablar generalizada que no concreta ninguna cadena. Este hecho no prueba que los supermercados sean ilegales o que se hayan aprobado nuevas obligaciones para estos puntos de consumo.
El problema viene de antes. En mayo, el presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, criticaba que en algunos comercios se estaba ofreciendo algún servicio que llevaba a comportarse como si fuera un bar. “Eso es competencia desleal”, aseguraba. Su argumento es que es un mercado abierto a todo el mundo, pero en condiciones de igualdad.
Un ejemplo es Mercadona. El cliente compra un producto preparado y se puede sentar en un área dedicada al consumo. En ella hay mesas y hasta elementos de calentamiento. En el caso de un bar que ofrece menús del día, se introduce un nuevo competidor en la pausa de la comida. Pero no basta con tener mesas o microondas para saber qué tipo de licencia tienen.
En Barcelona se ha llegado a la Administración. En junio de 2026, el Gremi de Restauració anunciaba una denuncia contra 30 supermercados de Mercadona. Los consideraba ilegales y les achacaba perjuicio a sus representados. Mercadona ha defendido que sus espacios están en regla. Con esto se demuestra que hay un conflicto, pero no que sean ilegales.
Además de esto, la plataforma de la patronal contiene otros elementos de interés para las pequeñas empresas. Por ejemplo, defienden mantener el IVA reducido (del 10 %). O también abogan por simplificar procedimientos. Otro elemento es la mejora de los autónomos en materia de protección social. Además de esto, hay propuestas sobre contratación y ayuda a micropymes rurales. Estas son propuestas que se han trasladado a los partidos políticos. Los hosteleros no pueden incluir estos aspectos en sus cuentas (como si fueran bonificaciones fiscales o ayudas).
Por otro lado, en el impuesto sobre el valor añadido (IVA) hay que matizar algo. Según la Agencia Tributaria, los servicios de hostelería y restauración están sometidos al 10 %, así como el suministro de comidas y bebidas para consumir en el acto. Por ello piden que se mantenga este tipo impositivo. No se puede concluir que en el supermercado todo lo que se venda esté sometido a un IVA inferior al de un restaurante. Hay que ver qué se vende.
La normativa permite zonas de degustación
Para analizar la reclamación, hay que partir de lo que está regulado. En el Real Decreto 1021/2022 se define como zona de degustación aquel espacio en el comercio minorista en el que se ofrezcan los productos que allí se venden (actividad complementaria) para su consumo en dicho lugar.
Hay condiciones. En el caso de que haya elaboración de comidas preparadas, es preciso contar con los equipos necesarios en un área diferenciada de la de venta. Se busca evitar problemas de contaminación cruzada entre los productos cocinados (que se van a servir) y los productos de venta (que están expuestos). También se evitan condensaciones que podrían perjudicar; hay unas normas particulares para la elaboración de comidas preparadas y se aplica el régimen de los utensilios y menaje.
Aunque esta es la definición que da la norma sanitaria, hay que verificar que se cumplan las normas autonómicas y municipales correspondientes. Un autónomo que quiere poner mesas en su tienda de alimentación debe saber qué tipo de actividad tiene autorizada en su local. No es que porque sea una zona de degustación pueda poner cualquier tipo de comedor (de cualquier tamaño y tipo de servicio).
Por ejemplo, en Cataluña hay límites. En el artículo 11 de la Ley 18/2017 se dice que las zonas de degustación que no superen el 33 % de la superficie de venta ni los 30 metros cuadrados (ambos límites deben cumplirse) constituyen actividad comercial. Los ayuntamientos pueden modificar estos límites hasta un 20 % (por arriba o por debajo) mediante ordenanza. También se cuenta la superficie de las terrazas.
En Barcelona hay una excepción. En la disposición final segunda de esta ley se indica que en esta ciudad los criterios de superficie (artículo 11.2) han de regularse por ordenanza municipal. Por ello, los límites generales de Cataluña no son suficientes para analizar los supermercados denunciados en la capital. Hay que recurrir a la normativa local y al establecimiento concreto.
Las obligaciones sobre comida están bien definidas. El artículo 30 del Real Decreto 1086/2020 establece que las comidas preparadas deben elaborarse con la menor antelación posible y deben servirse en el menor tiempo posible (salvo que se refrigeren, congelen o mantengan a 63 grados o más). También se deben mantener las temperaturas de conservación hasta el momento de servicio o consumo. En el decreto de comercio minorista se remite a este artículo. Por ello no es correcto hablar de zonas que no tienen nada que ver con lo sanitario.
Para las comidas refrigeradas se fijan unos límites de temperatura interior. Si tienen una vida útil superior a 24 horas, no pueden superar los 4 grados. Si es inferior, pueden llegar a 8. El operador productor puede justificar ante la autoridad competente otros parámetros siempre que haya evidencia científica de que es seguro. Se trata de condiciones de conservación del producto. Por ello, para comparar supermercado y restaurante, hay que comprobar que se cumplen, además de las diferencias de licencia.
Competencia desleal exige precisar la infracción
También hay que concretar el fundamento de la acusación. En el artículo 15 sobre competencia desleal se habla de aprovechar una ventaja competitiva significativa que se obtenga infringiendo las leyes. En el segundo apartado se habla de infringir normas que regulan la actividad concurrencial. Son casos diferentes. Hay que probar que se cumple alguno de ellos. Que haya un diferencial de precios entre dos negocios no es suficiente para pensar que hay una vulneración de estas normas.
Por ello hay que distinguir dos situaciones. Una asociación empresarial puede denunciar un incumplimiento de la normativa actual. O bien puede reclamar que se modifiquen los parámetros que consideran injustos (dirigido al legislador). En el primer caso hay que concretar qué obligación se incumple. En el segundo es una cuestión política (qué debe ser el mercado). La reivindicación de Hostelería de España de igualar las condiciones está en este último plano.
Anna Ruiz es profesora de Derecho mercantil en la Universitat Oberta de Catalunya. En el análisis que publica la universidad el 9 de julio, destaca que el problema es determinar si sigue siendo una actividad complementaria. En esa valoración influyen diversos aspectos (superficie, equipamiento, servicio…). No todos los supermercados están en la misma situación. Es importante cómo funciona el espacio (y no solo el nombre que ponga el propietario).
Se debe concretar en qué momento pasa a ser restauración y qué requisitos se deben cumplir. Para los que regentan un bar, es la cuestión que queda pendiente de la petición política. Qué criterios se cambiarían y a qué establecimientos afectarían.
Imágenes | Xataka y Joana Costa
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