El acceso a una vivienda digna y asequible es una preocupación central en España, donde los elevados precios de compra y alquiler dificultan que muchos trabajadores puedan satisfacer esta necesidad básica.
En respuesta a esta problemática, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez ha anunciado la creación de una "gran empresa pública de vivienda" destinada a construir y gestionar viviendas desde la Administración General del Estado.
Objetivos de la empresa pública de vivienda
La iniciativa tiene como meta principal aumentar el parque público de viviendas, con el fin de alcanzar un 6% del total de viviendas disponibles para 2030. Además, se propone rehabilitar 1,5 millones de viviendas antes de esa fecha. Estas medidas buscan facilitar el acceso a la vivienda para los trabajadores y desincentivar la especulación inmobiliaria que ha contribuido al incremento de los precios en el mercado.
La construcción y gestión de un volumen significativo de viviendas públicas generará una demanda considerable de mano de obra en el sector de la construcción y en áreas relacionadas, como la arquitectura, la ingeniería y la gestión inmobiliaria.
Aunque no se han proporcionado cifras exactas sobre el número de empleos que se crearán, es previsible que la iniciativa impulse el empleo en el sector de la construcción, que en 2023 empleaba a más de 1,3 millones de personas en España. Este incremento en la actividad podría contribuir a la reducción del desempleo y al fortalecimiento de la economía nacional.
Cabe recordar también que, según datos de la Fundación Laboral de la Construcción, cada millón de euros invertido en el sector genera entre 12 y 16 empleos directos e indirectos. Si se destina una inversión de, por ejemplo, 50.000 millones de euros a lo largo de seis años (estimación basada en proyectos similares en Europa), podría generar entre 600.000 y 800.000 empleos en España, considerando tanto la construcción como las actividades relacionadas.
El empleo en el sector de la construcción
Además, el sector de la construcción representa el 5,3% del PIB español (datos del INE, 2023). Una inversión pública de esta magnitud no solo dinamizaría el mercado laboral, sino que también contribuiría al crecimiento económico, beneficiando tanto a trabajadores directos como a empresas proveedoras de materiales y servicios relacionados.
La creación de una empresa pública de vivienda tiene el potencial de mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población activa al facilitar el acceso a viviendas asequibles. Otra cosa es que lo consiga.
Al aumentar la oferta de viviendas públicas, se espera que los precios de alquiler y compra se estabilicen o incluso disminuyan, permitiendo que los trabajadores destinen una menor proporción de sus ingresos a la vivienda.
Actualmente, en algunas zonas de alta demanda, los ciudadanos destinan más del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda, una carga que esta iniciativa pretende aliviar.
Efectos sobre propietarios y grandes tenedores
La implementación de esta empresa pública podría tener implicaciones significativas para los grandes propietarios y tenedores de viviendas. Al aumentar la oferta de viviendas asequibles, es probable que se reduzca la presión sobre el mercado privado, lo que podría llevar a una moderación en los precios de alquiler y venta.
Esto podría afectar los márgenes de beneficio de los grandes tenedores que han capitalizado el déficit de oferta para obtener mayores rendimientos. Además, la iniciativa busca desincentivar la especulación inmobiliaria, lo que podría implicar una regulación más estricta y posibles impuestos adicionales para aquellos que posean múltiples propiedades destinadas a la inversión especulativa.
El anuncio de la creación de la empresa pública de vivienda ha generado diversas reacciones entre políticos, expertos y sectores económicos. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dio la "bienvenida" a la iniciativa, aunque expresó dudas sobre su eficacia para reducir los precios del alquiler.
Por otro lado, representantes del sector inmobiliario han manifestado escepticismo, señalando que la medida "solo genera dudas" y cuestionando su viabilidad.
Asimismo, algunos expertos han señalado que la creación de la empresa pública podría enfrentar obstáculos legales y administrativos, como la Ley del Suelo y la gestión de activos de la Sareb, que podrían complicar su implementación.
La propuesta del PSOE de crear una empresa pública de vivienda representa un esfuerzo significativo por abordar la crisis habitacional en España, buscando facilitar el acceso a la vivienda para los trabajadores y desincentivar la especulación inmobiliaria. También tiene el potencial de generar empleo pero ¿es todo ello posible?
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