Javier Ruiz
El debate sobre las nuevas cuotas de cotización por ingresos reales vuelve a tensarse. En las últimas semanas, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha decidido dar un golpe en la mesa frente al Gobierno y negarse a negociar mientras no se resuelva primero un problema de fondo: el acceso al paro de los autónomos sigue siendo prácticamente inaccesible para la mayoría.
Según la patronal, 6 de cada 10 autónomos no tienen acceso real a la prestación por cese de actividad, lo que complica sobremanera un cambio laboral y supone una cotización mayor para un sistema que no apoya a los trabajadores por cuenta propia en los momentos de mayor necesidad.
Un sistema ineficaz
Hoy por hoy, más de la mitad de los autónomos que solicitan el paro se quedan sin él, pese a haber cerrado su negocio y cotizado para cubrir ese derecho.
Esta situación contrasta con la protección que reciben los asalariados en caso de despido, y supone que miles de pequeños negocios se enfrenten a cierres sin una red de seguridad mínima.
Según Lorenzo Amor, presidente de ATA, el problema no es nuevo, pero sí urgente: el 60-65 % de quienes lo solicitan no logran acceder a la ayuda, lo que convierte a esta prestación en un mecanismo casi decorativo.
Mientras el Gobierno sigue enfocado en tratar de perfilar el sistema de cotización por ingresos reales, para la ATA y otras organizaciones del sector no tiene sentido seguir adelante si antes no se garantiza el acceso efectivo al paro: "No podemos negociar cuánto pagamos si no sabemos qué protección obtenemos a cambio", resumía Amor en declaraciones recogidas por Mundo Emprende.
Sin embargo, a medida que el verano avanza, todo indica que este debate traerá cola. La UPTA, otra de las asociaciones representativas, coincide en la necesidad de más protección social y propone un sistema más progresivo, donde quienes ingresen más paguen más, y quienes ingresen menos tengan más margen de alivio. Sin embargo, subrayan también que la clave es que los autónomos cuenten con derechos equiparables a los asalariados.
Un laberinto de requisitos
El acceso al paro de los autónomos sigue siendo uno de los puntos más criticados del sistema. La principal razón es que, para poder solicitarlo, la normativa exige haber cotizado al menos 12 meses de forma continuada, estar dado de alta en el RETA y al corriente en el pago de las cuotas.
Además, el trabajador debe justificar el cese de actividad (por causas económicas, técnicas, pérdida de licencia, fuerza mayor, divorcio, violencia de género, etc.) y presentar la solicitud dentro de los plazos establecidos.
A todo ello se suma la obligación de firmar un compromiso de actividad, que implica participar en programas de formación, orientación o reinserción laboral. Todo ello configura un entramado burocrático que, en la práctica, convierte en muy difícil acceder a una ayuda que debería funcionar como red de seguridad.
Las consecuencias son claras: más del 60 % de las solicitudes de cese de actividad acaban rechazadas por la Seguridad Social, según diferentes análisis. Los motivos más frecuentes son no cumplir con la cotización continuada, no poder acreditar suficientemente el motivo del cierre o arrastrar pequeñas deudas con la Seguridad Social.
Esto ha generado una paradoja: existe un fondo millonario acumulado para cubrir estas prestaciones, la mayor parte queda sin utilizar porque la mayoría de los trabajadores por cuenta propia no logra superar las trabas administrativas. En pocas palabras, el paro de autónomos se convierte así en un derecho reconocido sobre el papel, pero de muy difícil acceso en la realidad.
Un contraste con el mercado laboral
El debate llega en un momento paradójico. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), España superó en julio por primera vez los 22 millones de trabajadores en activo y redujo la tasa de paro al 10,29 %, el nivel más bajo desde 2007. Sin embargo, este dinamismo no se traslada a los autónomos, que continúan perdiendo efectivos y, lo que es más grave, siguen sin acceso real a una prestación básica.
Las principales demandas son claras:
- Simplificar los requisitos para acceder a la prestación por cese de actividad
- Garantizar un subsidio específico, similar al de mayores de 52 años que sí tienen los asalariados
- Un marco estable y duradero de cotizaciones, que no cambie cada pocos meses
- Apoyo al relevo generacional, evitando que miles de negocios desaparezcan al llegar la jubilación de sus titulares
De nuevo, desde la ATA y otras asociaciones se apunta a que más allá de las cuotas futuras, está en juego la confianza en el sistema. Si un autónomo paga lo mismo que un trabajador por cuenta ajena, pero no recibe la misma protección, el modelo se resquebraja.
Por todo ello, antes de hablar de nuevas cargas fiscales, se insiste en resolver primero lo básico: un paro de autónomos real, accesible y efectivo.
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