Impuestos

He leido atentamente el artículo que publica El País refiriendose a Internet como paraiso fiscal. Independientemente de las consideraciones que realiza sobre las actividades de las grandes empresas y su “ahorro fiscal” por tributar en Irlanda, donde el impuesto de sociedades en menor, sí sería conveniente realizar ciertas aclaraciones que hacen pensar que realmente Internet no es tal paraiso fiscal.

En primer lugar, no es suficiente con tener la página web, desde la que se venden o se prestan servicios, alojada en un servidor extrajero para pagar menos impuestos. La ley determina que se tributa desde donde ser realiza la operación pero siempre teniendo en cuenta que el servidor sea propiedad de la empresa y no es suficiente con contratar el hosting en ese país. Una empresa española que tenga su tienda virtual alojada en un servidor de Amazom no tributará en el país donde esta empresa tenga sus servidores sino en España, porque la empresa española no tiene esos servidores en propiedad.

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Una vez más lo han vuelto a hacer, y ya van muchas. Una vez más el Estado como tal ave carroñera depredadora, como cual caco, desvalija todo lo que encuentra por delante, una vez más han vuelto a dar el gran golpe. Un gran golpe en forma de recuperación del Impuesto de Patrimonio, que curiosamente afectará a los de siempre: a los empresarios medios.

¿Hasta cuándo vamos a tolerar que jueguen con el esfuerzo, que con el sudor, con la ilusión de tantos años tirando adelante nuestro negocio?, ¿hasta cuándo vamos a permitir que nos sigan robando a mano armada (el fisco) y sin esconderse?, ¿hasta cuándo vamos a permitir que en nombre de la solidaridad nos expolien aquello que tantos años, esfuerzo y riesgo nos ha costado lograr?

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Una sentencia del Tribunal Supremo determina que no es sancionable una interpretación erronea de una norma fiscal si es razonable el criterio adoptado por el contribuyente. La cuestión principal que lleva a esta conclusión por parte del TS es que ese criterio razonado, aunque se determine que es una interpretación erronea de la norma, no supone una intencionalidad de no cumplir adecuadamente con las obligaciones fiscales.

En el caso particular, una empresa recurrió al Supremo tras perder en todas las instancias anteriores una resolución del TEAC que modificó la base imponible del Impuesto de Sociedades al no admitir las pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias, resultantes de la adquisición por parte de la sociedad de sus acciones para su posterior amortización, que no deben computarse como disminución patrimonial y tampoco los ajustes por la periodificación de los intereses originados por el aplazamiento en el pago de la adquisición de las acciones propias. Además de la rectificación del Impuesto presentado, la empresa fue sancionada por ello.

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Hace no mucho, hemos visto el “circo político” (tal y como lo definió la misma Casa Blanca norteamericana) en el que se sumió la nación estadounidense por el aumento del techo de la deuda. Y concretamente hemos visto como gran parte de ese “circo” se centraba en si se debían aumentar los impuestos a los que más ganaban o no, yo quiero focalizarlo en si se deben aumentar (o mantener) a las empresas y empresarios o no.

Todos los que me siguen en esta plataforma desde que empecé a colaborar en ella saben mi radical oposición a los impuestos de todo tipo. Por todos son conocidas mis tendencias ultraliberales, y por todos es conocido lo que pienso de lo que se debería hacer con el gasto social y demás, pero si eso lo focalizamos en las empresas y empresarios se multiplica por diez.

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Según sentencia del Tribunal Supremo, Hacienda no puede utilizar dos métodos de estimación distintos para la liquidación de tributos de una empresa, aunque afecten a impuestos distintos.

El fallo cierra así el contencioso entre la Administración Tributaria y una empresa a la que se le aplicó, en los ejercicios 1994 y 1995 del Impuesto sobre Sociedades (IS) el método de estimación indirecta de bases, al considerar que no se disponía de los datos necesarios para la determinación completa de la base imponible, mientras que la base imponible en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los mismos ejercicios se liquidó por estimación directa, dando por buenas las facturas que presentó.

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Durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Nación, Mariano Rajoy anunció que el Partido Popular iba a presentar una propuesta para aprobar una Ley de Emprendedores. Parece que se van conociendo el contenido de este proyecto legislativo que será discutido en el Parlamento.

Se propone incentivar la creación de empleo mediante la creación de una nueva deducción de 3.000 euros en el Impuesto de Sociedades por la contratación del primer trabajador de una empresa nueva, siempre que sea con carácter indefinido durante al menos dos años y con la reducción de hasta en un 20% en las cotizaciones por contingencias profesionales de la Seguridad Social.

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Un punto de vista importante a tener en cuenta a la hora de internacionalizar nuestro negocio y de escoger entre las distintas maneras de hacerlo que ya hemos indicado es la fiscalidad. Lo primero que debemos de reflejar en este tema es que, como es obvio, nuestro negocio estará sujeto a la legislación fiscal del país en el que operemos. Es muy importante, por lo tanto, que comprobemos antes de establecernos en otro país, cual es la fiscalidad del mismo y a que obligaciones estaremos sujetos en ese territorio.

Un aspecto a considerar, también muy importante, es si ese país y España tienen firmado un acuerdo para impedir la doble imposición. Estos convenios tienen por objetivo evitar que una persona o entidad que obtiene un beneficio por su actividad en el extranjero y que paga los consiguientes impuestos allí, vuelva a pagar impuestos en España por el mismo concepto una vez que repatria el capital obtenido. Actualmente España tiene múltiples convenios firmados con una gran parte de países que evitarían esa doble imposición.

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Según se establece en la Ley General Tributaria, la AEAT deberá devolver el coste de los avales aportados para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda, previa solicitud del contribuyente y acreditación de su importe, si dicho acto o deuda es declarado improcedente por sentencia o resolución administrativa firme.

En función de la cuantía y de la fase del procedimiento en que se encuentre el expediente, la Administración exige una garantía de cobro de las cantidades reclamadas para proceder a la suspensión de la ejecución del acto en cuestión o bien para conceder el aplazamiento o el fraccionamiento de la cantidad objeto de reclamación. La normativa indica que, en caso de que la resolución final fuera favorable al contribuyente, éste podrá reclamar el reembolso de los costes de las garantías aportadas.

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Uno de los motivos que últimamente se asocia con la economía sumergida es el efecto de la crisis económica, sin embargo un estudio realizado por FUNCAS parece desmentir esto ya que el índice de economía sumergida en estos momentos es practicamente el mismo que durante el periodo de “bonanza” económica que vivimos en España antes del estallido de la burbuja inmobiliaria y de la crisis financiera.

Dicho estudio utiliza tres métodos diferentes de estimación de la economía no declarada en España y abarca el periodo 1980-2008: el método monetario, el de consumo de energía y el llamado “método de múltiples indicadores y múltiples causas”. Los tres muestran resultados similares y situan la economía sumergida en España en un rango entre el 20% y el 23,7% del PIB en 2008.

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