Fraude Fiscal

Los resultados del barómetro fiscal del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) indican que la mitad de los encuestados considera que el fraude fiscal es una conducta generalizada entre los contribuyentes de nuestro país. Los empresarios, seguidos de los profesionales liberales y los trabajadores autónomos, son los que mayor fama de defraudadores poseen ya que en sus actividades es más facil el fraude por estar sometidas a un menor control.

Los asalariados, por otra parte, son los más honestos ya que tienen menos oportunidades porque la mayor parte de sus ingresos están sujetos a retención fiscal por lo que no pueden ocultar las rentas que deben declarar. Otro dato llamativo es que el 43% de los ciudadanos justifica el fraude fiscal, el 34% alegan que las circunstancias actuales lleva a ese proceder para salir adelante mientras que el 9%, simplemente piensan que evadir impuestos es lo normal. El 57% de los españoles piensa que el fraude fiscal no se puede justificar en ningún caso, por ser una cuestión de solidaridad y principios.

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Con la cuestión del fraude fiscal cada uno tiene su propia opinión y en el caso particular de España, la mayoría entiende que es algo justificado por la mala administración del dinero público que se realizar y por los innumerables casos de corrupción política que cada día salpican las páginas de los periódicos.

Dejando de lado la vacuidad de estas argumentaciones, lo que es incuestionable es que la recaudación del IVA en España es objeto de fraude de manera permanente, no sólo por la propia actitud del empresario o profesional liberal sino por la propia actitud de la ciudadanía en general. Que vayas a reparar un vehículo y el mecánico te pregunte si quieres factura, debería de resultarnos tan extraño como ir a cenar a “Zalacaín” y el camarero nos preguntase si queremos que nos ponga la cena en un plato.

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Ayer publicó Gestha, Sindicato de Técnicos de Hacienda, un artículo bastante interesante en el que informa sobre el comportamiento fiscal de los pequeños empresario en España, en particular, los autónomos. El artículo se basa en los datos de la II edición del informe de la lucha contra el fraude fiscal elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda. La información que se emplea son los datos del IRPF de 2008.

El resultado es sorprendente, es más interesante ser un trabajador asalariado o pensionista que empresario, ya que los primeros, declaran unos ingresos de una media de 7.200 euros anuales más que los pequeños y medianos empresarios, cifra que asciende a los 7.600 euros si se compara con los ingresos de los microempresarios.

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Discrepancias aparte sobre la conveniencia o no de la subida del IVA, es indudable que se hacía necesaria una reforma fiscal dado la situación deficitaria del presupuesto del Estado. El incremento del gasto social, principalmente por las prestaciones de desempleo, ha supuesto una losa difícil de soslayar en la carga presupuestaria y antes o después había que tomar cartas en el asunto.

En las últimas semanas es una cuestión a la que le estoy dando vueltas, entre otras cosas, porque últimamente he estado en China donde el IVA como impuesto no existe, no se paga ni por ningún bien que se compre ni por servicio que se consuma. Y ahora, que por otras razones estoy en Australia, se dá casi la misma situación, la imposición indirecta es casi nula. Pero no nos vamos a engañar, la situación macroeconómica de China no es la España y la de Australia, un país inmenso con una población ridícula, tampoco.

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La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha avanzado la aprobación del nuevo y “ambicioso” plan contra el fraude fiscal. Elena Salgado, precisó ayer que en el Plan de Estabilidad se prevé recaudar con las medidas antifraude el 0,1% del PIB, aunque añadió que “espera poder superar esa cantidad”.

El presidente del Gobierno, ya había anunciado que en el primer trimestre de 2010, el Gobierno aprobaría un plan integral de lucha contra el fraude fiscal, laboral y de las prestaciones de la Seguridad Social que dotaría a estas Administraciones de nuevos medios e instrumentos, para garantizar su sostenibilidad.

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La segunda gran modificación que ha puesto en marcha el Ministerio de Economía es dotar a la Agencia Tributaria de la información relativa a las disposiciones en efectivo y de los medios de cobro y pago realizados sobre cualquier cuenta corriente. Esta información se remitirá a Hacienda por medio del modelo 171 tal y como define la Orden EHA98/2010 (BOE-PDF).

A partir del 20 de enero de este año, las entidades financieras y de crédito prestarán información detallada sobre las operaciones por importe superior a 3.000 euros que se realicen en las cuentas corrientes. Esta declaración incluirá los siguientes datos por operación:

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El Consejo de Ministros de hoy ha aprobado un Real Decreto que introduce varias modificaciones normativas tributarias de calado en el área de prevención del fraude fiscal, eliminación de trámites y una sorpresa de regalo, dado que se regula la posible atribución de una dirección electrónica a entidades y personas físicas, que habrá que leer con lupa una vez que tengamos acceso al articulado completo publicado en el BOE. Diseccionando por partes tenemos las siguiente modificaciones de calado:

• Se regula la posible atribución de una dirección electrónica a entidades y personas físicas. Primer paso para darle forma completa a la notificación telemática exclusiva para muchos procedimientos tributarios tal y como avanzamos hace unos días.
• Obligación de información por parte de las entidades financieras para movimientos superiores a 3.000 euros en metálico.

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El Real Decreto de obligaciones fiscales y normas de información que se prevé aprobar antes de final de año introduce una nueva obligación de información por parte de las entidades financieras a la AEAT sobre las cuentas corrientes que tengan vinculado cualquier TPV, bien físico bien virtual.

La obligación de información se extiende para las cuentas que ingresen cantidades superiores a los 3.000 euros mensuales mediante cobros con tarjetas. Según cuenta ABC, esta medida persigue aflorar desvío de ventas de negocios a cuentas personales junto con la hipotética evasión de ventas por parte del comercio minorista.

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Hablamos no hace mucho cómo el comercio puede comenzar a cobrar un recargo adicional por la recepción de pagos con tarjeta de crédito o débito. En principio, parece ser que la mayoria de comercios se van a mantener al margen de repercutir esta comisión. Lo dudo, realmente y antes o después se instaurará una comisión extra por estos pagos.

La lógica financiera y fiscal parte de la premisa que el dinero negro no debe pasar por banco, al menos para las cantidades que se manejan en la pyme. No vamos a recurrir a opercaiones complejas de blanqueo o evasión de impuestos que haberlas, haylas y allá cada cual con lo que haga. Si en lugar de facilitar los pagos en efectivo como pretende esta ley, se potenciaran los medios de pago que eviten el manejo del dinero físico, defraudar a Hacienda sería mucho más complicado.

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