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A partir de 2013, la Unión Europea sancionará a aquellas Administraciones públicas que con cumplan con los plazos legales de pago y abonen sus facturas en un plazo superior a los 30 días que determina la ley. Con ello se quiere controlar y obligar a la Administración Central y las autonómicas y locales a respetar la Ley y defender, de este modo, a las empresas que ahora mismo ven peligrar su futuro por el impago sistemático de los organismos públicos.
Según los últimos datos, España es, tras Grecia, el país en el que el sector público se demora más en el abono de sus facturas, la media es de 170 días. La directiva obliga a pagar en 30 días a partir de 2013, cosa prácticamente imposible de cumplir, teniendo en cuenta que ahora mismo no se están respetando los plazos establecidos para el periodo transitorio.
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