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Hace unos días, hacíamos referencia a las deudas que las distintas Administraciones tienen con la Seguridad Social. La cosa, por supuesto no acaba ahí, ayer, el presidente de Cepyme, Jesús Bárcenas, participó en un encuentro informativo organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE). En este encuentro denunció que las Administraciones Públicas deben más de 35.000 millones de euros a las pymes españolas.

Esta cantidad es una aproximación ya que según el presidente de la Cepyme “en las administraciones periféricas pequeñas, con poca intervención, muchas de las facturas emitidas están guardadas en el cajón o durmiendo el sueño de los justos hasta que toman carta de naturaleza, por lo que es imposible conocer la morosidad real del sector público con las pymes”.

Hoy se ha presentado por parte del Colegio de Registradores de España, su Estadística Mercantil 2009 que nos permite conocer la evolución de la actividad empresarial de nuestro país. Como ya se había ido informando en los informes trimestrales, la creación de empresas en España sigue cayendo, si bien en el 2009 lo ha hecho de forma más moderada que en el 2008.

El número de concursos de acreedores de sociedades mercantiles (anterior suspensión de pagos) aumentó un 114,8% respecto a los del 2008. Pero además, según esta estadística,más del 90% de los concursos de acreedores acabó en la liquidación de la empresa afectada.

Estamos a la espera de que se reuna el Pacto de Toledo para tratar la tan necesaria reforma de las pensiones. Han ido saliendo informaciones sobre determinadas cuestiones que el Gobierno va a proponer para esta reforma, retraso de la edad de jubilación, un nuevo Régimen Especial de Autónomos para que éstos cotizen por sus ingresos reales, etc.

Ahora mismo conviven varios regímenes distintos en función del tipo de trabajador, el Régimen General, el Especial de Autónomos, el de Artistas, entre otros. Además, hay un convenio especial para los funcionarios de la Administración Central del Estado y otros para los funcionarios autonómicos y locales. Cada Régimen o Convenio tiene sus características más o menos justas y eso debería también de ser revisado, además el trato de la Seguridad Social hacia los distintos tipos de “empresas” no es tampoco el mismo.

Los estudios que jhan presentado distintos organismos internacionacionales como la OCDE y nacionales como la CEOE constatan cómo la burocracia en las empresas españolas nos cuesta 3.000 millones de euros al año. Esta cuantía es simplemente una barbaridad que lastra la productividad empresarial y las cuentas de resultados.

Acabo de reflexionar sobre la poca importancia que puede tener crear una empresa en 30 o 47 días, y al igual que ese punto no lo veo prioritario, si veo como un punto básico agilizar las relaciones administrativas entre empresas y administración. No es asumible un coste improductivo excesivo en tareas burocráticas.

Hay aspectos legislativos que no alcanzo a comprender, bien por su ambigüedad, bien porque siempre me situo en el lado práctico de la medida. Y quizá allí donde muchos ven ventajas, yo sólo veo inconvenientes. En este caso particular, hablo del nuevo Fondo para la Inversión Local, el nuevo PlanE y sus beneficios para autónomos en paro.

Esta Ley, fija mediante su disposición adicional primera la captación de desempleados del INEM y la posibilidad de formalización de contratos con autónomos de tal forma que se lanzan las campanas al vuelo y se vende este nuevo PlanE como la solución para los autónomos que han cerrado su negocio. Textualmente:

Una reciente consulta de la DGT plantea el caso de una empresa que dispone de un vehículo contratado en régimen de arrendamiento financiero que se usa para gestiones y desplazamientos propios de la empresa, además de ser utilizado por el gerente de la entidad para fines particulares, estimándose ese uso en 3/7 partes.

El motivo de la consulta es si puede eliminarse la retribución en especie del gerente (por el uso particular del vehículo) aportando éste las 3/7 partes del coste del arrendamiento financiero. De este modo, la empresa, imagino que facturando ese coste, se ahorraría informar en la nómina la retribución en especie, ingresar el IRPF a cuenta, aplicar el tipo máximo de retención si es el caso, todo ello sin efectos en la cuenta de resultados de la empresa.

Cuando a los políticos se les llena la boca con las promesas de creación de empleo, se entiende que se refieren a que pondrán en marcha medidas para estimular la creación de este. Tarea en la que nuestro actual gobierno parece no estar haciendo un gran trabajo. Signos políticos aparte, el Gobierno, más allá del Plan E, no ha conseguido que las cifras de aumento del paro dejen de crecer. Frente a quienes argumentan que el Gobierno no puede luchar contra los elementos, tenemos ejemplos de cómo una buena gestión puede crear bienestar económico.

En Ólvega lo saben muy bien. En este pequeño pueblo de Soria, hace ocho años, la mitad de la población se encontraba en paro. El panorama era el de tantos otros pueblos de nuestro país: una economía basada en el sector primario, una población menguante y un descenso galopante de la población.

Siempre he dicho que, si la administración dedicara a los autónomos el mismo tiempo, como mínimo, que emplean las compañías de telefonía, parte de nuestros problemas se habrían resuelto hace mucho tiempo.

Aunque sea en su propio beneficio, lo cierto es que los spots dirigidos a autónomos (Vodafone abrió la veda y a partir de ahí se disparó la caza) dan en el clavo sobre nuestras necesidades (y ya de paso, sobre la forma en que podrían ser resueltas).

Como muestra, os dejo el último anuncio de Movistar, en el que se mencionan nuestros tres males endémicos:

Esta frase (la que encabeza el título del post) debería ser la coletilla que debiera usarse en todos los acuerdos de inicio de expediente sancionador que envía la Agencia Tributaria a los contribuyentes cuando son víctimas de cualquier fallo al confeccionar una declaración.

Es muy fácil cometer errores; todos hemos sido testigos de los múltiples errores (sin consecuencias dada la autoría) de la administración al confeccionar los borradores de declaraciones sumamente sencillas. Por ese único motivo, la administración debería ser menos promiscua a partir de ahora cuando de castigar se trata, iniciar menos expedientes sancionadores, y resolver la inexistencia de infracción tributaria en otros tantos ya iniciados. Pero la cuestión es ¿Por qué son tan valientes?