Si bien es cierto que las empresas, sobre todo las más pequeñas, tienen graves problemas de financiación, no menos cierto es que los bancos también están atravesando también por problemas de liquidez que les impiden conceder los préstamos que éstas necesitan. En muchos casos las pymes no tienen otro remedio que cerrar o reducir su negocio debido a que no pueden hacer frente a los pagos pendientes por falta de liquidez.

Lamentablemente, estos problemas de liquidez no son casos aislados, si no que se están generalizando cada vez más en las pymes y los autónomos. Sin embargo, no todo son malas noticias; parece que el crédito comienza a fluir de nuevo con ayuda del Instituto de Crédito Oficial (ICO), o al menos ha aumentado su concesión con respecto al año pasado.

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Ante la grave crisis que atravesamos, el deterioro de los resultados de las empresas y el miedo a la pérdida del puesto de trabajo, se han puesto de moda entre los empleados una serie de frases hechas que no siempre se ajustan a la realidad, algunas de estas so: ‘estoy hasta arriba de trabajo’, ‘estoy muy liado’, o ‘no puedo más’.

Decir que este tipo de comentarios pueden tener sus consecuencias, máxime cuando este tipo de ‘espejismos’ no pueden maquillar la apreciación que tengan de nosotros nuestros supervisores, ya que normalmente cuentan con argumentos lo suficientemente objetivos como para evaluar nuestro desempeño por otras vías más tradicionales.

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Según publicó Europa Press hace unos días, un ayuntamiento de la provincia de Guadalajara acogido al plan de pagos a proveedores ha solicitado 7.058 años para devolver las cantidades adeudadas sujetas a este plan. Otro de Teruel ha solicitado un plazo de amortización de 462 años y otro muy “importante” de la Comunidad de Madrid podría tardar más de 22 años en devolver el dinero que se le va a dejar para pagar a los proveedores.

No, no es broma. Este es el nivel de responsabilidad de muchas Administraciones Públicas que han venido incumpliendo sistemáticamente sus compromisos de pago con autónomos y pymes que les han estado proveyendo de servicios o productos y que se han visto asfixiadas económicamente por la morosidad de estos “clientes”.

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Dada la gran cantidad de novedades de toda índole que abarrotan las páginas del BOE casi a diario, cabe detenerse en las que afectan al Impuesto de Sociedades de 2011, que ya está a la vuelta de la esquina. Realmente, los cambios no son muchos, por lo que la gran mayoría de PYMES y microempresas no notarán variación con respecto a la liquidación de 2010.

El esquema del impuesto sigue siendo el mismo y también el plazo de presentación. Para las empresas cuyo periodo de liquidación coincida con el año natural, del 1 al 25 de julio de 2012 (cinco días antes si queremos domiciliar el pago). La forma de presentación continúa siendo telemática para las Sociedades Anónimas y Limitadas.

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Bien sea por reducir costes operativos al encontrarnos en situaciones de crisis como la que estamos atravesando y tener una cierta incertidumbre acerca de la evolución del mercado, o bien sea por miedo a que otra empresa aproveche el conocimiento que hemos proporcionado a los empleados, lo cierto es que la mayoría de empresas no invierten lo suficiente en formación.

En ocasiones, además, esto se ve complementado con la creencia por parte de numerosos empresarios que la inversión en formación no va a aumentar la eficiencia de la organización, su coste hará que se reduzcan los beneficios empresariales, y por tanto va a ser una inversión a fondo perdido. Pero, ¿la inversión en formación es realmente innecesaria?

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Una vez comentado el Balance, el documento que nos proporciona información sobre la evolución de la actividad económica de la empresa es la cuenta de Pérdidas y Ganancias. Este informe presenta el resultado de explotación en un ejercicio determinado, resultado que se obtiene calculando la diferencia entre los ingresos y los gastos.

En la cuenta de Pérdidas y Ganancias podemos ver si el negocio ha obtenido beneficio o pérdida en un ejercicio fiscal. Si ha obtenido beneficio, se reflejará en un resultado positivo. Por el contratio, si ha sufrido pérdidas, tendremos un resultado negativo. A diferencia del balance, en el que podemos ver un historial de la vida del negocio, en la cuenta veremos el estado actual de la actividad mercantil.

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El Consejo de Ministros trató ayer un informe de los Ministerios de Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas y Empleo y Seguridad Social, para la modificación del Código Penal en materia de delito fiscal y contra la Seguridad Social. Se creará, en ambos casos un subtipo agravado para las conductas más graves.

El nuevo tipo agravado de delito fiscal se aplicará cuando la cuantía de la cuota defraudada supere los 600.000 euros o cuando el fraude se cometa a través de una organización o grupo criminal. También se aplicará cuando se utilicen negocios, entes o territorios que dificulten u oculten la identidad del obligado tributario o la determinación de la cuantía defraudada.

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Es de sobra conocido que las Sociedades Mercantiles tienen que presentar anualmente las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, los cambios en el Patrimonio Neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria. Ahora bien, aparte de conocer el nombre, sería interesante saber en qué consite cada uno de estos documentos que las integran.

A todo empresario a lo largo de su vida profesional le han pedido alguna vez un balance. Sobre todo si se ha visto obligado a acudir a una entidad bancaria a solicitar financiación para su negocio. Pero, ¿qué es un balance?. Una definición sencilla podría ser: un resumen de la situación de la empresa. Como su nombre indica, el Balance de Situación recoge la información relativa a los bienes y a las deudas. Es pues, un documento esencial para conocer el estado de un negocio en un momento dado.

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La cantidad de información y documentación que se genera a diario en todas las empresas, independientemente de su tamaño, es enorme. Desde un tiempo a esta parte esta información se encuentra almacenada en soportes informáticos por su mejor manejo y consulta, pero todavía es mucha la que se imprime por cualquier motivo, incluidos temas legales o datos financieros de la compañía.

En la mayoría de las ocasiones, esta información ha de ser gestionada de forma confidencial, ya que una filtración al exterior podría resultar muy perjudicial para la compañía. Quizá el momento más crítico sea en el cual esta información deja de ser necesaria y es destruida, ya que no siempre se realiza de manera adecuada. En este sentido, ¿sería interesante contratar un servicio de destrucción de información confidencial?

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