Uno de los problemas estructurales del mercado de trabajo en España es la baja formación de una parte importante de los trabajadores, que suele coincidir con aquellos que tienen más complicado mantener un empleo estable. Por eso es importante mejorar la formación y es una buena noticia conocer que Gobierno y comunidades acuerdan repartir 2.111 millones de euros para políticas activas de empleo.
La medida se acordó ayer en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. Del total de 2.111 millones de euros, casi 145,1 millones se destinarán a acciones formativas con itinerarios de formación con acompañamiento personalizado y compromiso de contratación para personas desempleadas. Se trata de una fórmula que mejora mucho la empleabilidad de aquellas personas que pasan por estos programas, ya que por un lado se obtienen los conocimientos necesarios y por otro se adquiere experiencia en su aplicación trabajando en una empresa. Estos programas podrán favorecer a 43.000 personas sin empleo, según los cálculos del ministerio.
Por otro lado, 110,2 millones se destinarán a financiar acciones formativas de personas trabajadoras en Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), una cantidad algo escasa teniendo en cuenta que es un porcentaje de población elevada y posiblemente no todos se vuelvan a reincorporar a sus puestos de trabajo.
Para los más jóvenes, de los que tienen un porcentaje de paro rozando el 40%, se destinarán un total de 600 millones, para atender a 21.000 jóvenes, menores de 30 años. Se trata de que se puedan reciclar o formarse en sectores estratégicos mediante contrato formativo en el marco del plan para el incremento y la mejora del empleo joven. A esta cantidad se sumarán 688 millones de euros, procedentes del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia.
El ministerio ha informado que se van a modificar las metodologías para que las comunidades autónomas puedan informar de cómo están funcionando los planes formativos. Y dado que una parte de la financiación de las políticas de empleo, en concreto un 45 %, al cumplimiento de los objetivos del Plan Anual de Política de Empleo (PAPE). Este plan permite obtener una evaluación del impacto de las medidas, cada seis o doce meses, y así repartir el dinero en consecuencia.
De esta forma lo que se busca es premiar con más financiación a aquellos programas que están teniendo más éxito en la inserción laboral e ir modificado o retirando aquellos que no están logrando dichos objetivos. Lo cierto es que la dotación puede ser escasa para la cantidad de gente que necesita ayuda para formarse en un sector laboral con futuro y no depender solo de cuándo empieza la temporada te turismo para que nos contraten de camareros.
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