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Cuando una sociedad de responsabilidad limitada atraviesa dificultades de liquidez, puede declararse en concurso de acreedores con el objetivo de solucionar situaciones negativas de tesorería o bien para que la empresa pueda declararse en quiebra después de saldar las deudas que le son exigibles con sus acreedores. Es habitual que, en España, el concurso de acreedores sea sinónimo de quiebra, pues la mayoría de ellos acaban en liquidación de la empresa.

Pero, ¿puede una persona física solicitar el concurso de acreedores? ¿Qué salidas tiene un autónomo para solucionar una situación similar? La pregunta no es baladí porque, a diferencia de las sociedades, cuyos socios solo responden de las deudas con sus aportaciones al capital, los autónomos ponen en riesgo la totalidad de su patrimonio presente y futuro para saldar sus compromisos contraídos (salvo 300.000 euros de la vivienda), lo que ha provocado que muchos emprendedores atraviesen situaciones verdaderamente críticas.

Sin embargo, si trabajamos por cuenta propia, existen algunos mecanismos para resolver problemas de este tipo, aunque ninguna de ellas garantizan la viabilidad futura del negocio. El primero es la solicitud del concurso de acreedores voluntario, una posibilidad a través de la cual el deudor puede conseguir una reducción de la deuda de hasta un 50% y un aplazamiento en el pago de hasta cinco años.

El segundo es la solicitud de la segunda oportunidad, un mecanismo a través del cual el autónomo puede tiene la posibilidad de eliminar las deudas contraídas para evitar embargos futuros. Se trata de una posibilidad que, sin embargo, es necesario demostrar de manera fehaciente, acreditando que la situación actual del autónomo puede conducir a la suspensión de pagos, primero con un acuerdo extrajudicial con los acreedores y después cumpliendo una serie de requisitos, como demostrar buena fe. Aun así, algunas deudas, como las contraídas con Hacienda o la Seguridad Social no quedan exoneradas.

Ambas posibilidades conllevan gastos, que pueden oscilar entre el 10 y el 15% del total de la deuda para cubrir los gastos de gestión de los procedimientos, y ninguna de las dos va a tener una conclusión fácil ni rápida.

En definitiva, existen alternativas para que un autónomo pueda librarse total o parcialmente de sus deudas. Sin embargo, si lo que queremos es proteger nuestro patrimonio al comenzar la actividad, lo mejor es iniciarla como persona jurídica, de manera que la responsabilidad del emprendedor quede limitada a su aportación en la sociedad.

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Imagen | sansit

Era una ley tan necesaria como justa: la necesidad de articular una especie de ley concursal tanto para las familias como para los autónomos que les permitiesen resarcirse por las deudas contraídas en caso de insolvencia, más conocida como la ley de la segunda oportunidad. Y por fin ha llegado, aunque tarde y cojeando de un pie. En concreto, del pie público.

La nueva Ley de Segunda Oportunidad permite liquidar los bienes del deudor para saldar las deudas y aplicar quitas sobre el resto mediante la dación en pago. Sin embargo, esta posibilidad solo se aplica a las deudas privadas; en ningún caso se eliminarán las deudas contraídas ni con la Hacienda ni con la Seguridad Social.

Era, posiblemente, una de las reivindicaciones más recientes de diversos colectivos, tanto del ámbito social como del ámbito profesional: la aprobación de un mecanismo de segunda oportunidad para que los deudores de buena fe pudiesen extinguir sus deudas en caso de insolvencia y no hipotecar el resto de su vida. Una reflexión de la que, incluso, ya nos habíamos hecho eco hace escasamente 15 días y que ha terminado por aprobarse.

En el Consejo de Ministros de ayer, el Gobierno aprobó el Real Decreto 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, en virtud de la cual se establece una segunda oportunidad en el ámbito concursal para deudores de buena fe con cargas que, además, incluye por primera vez a los particulares.

En un contexto económico como el actual, muchas son las familias que están sufriendo las consecuencias de la crisis en forma de pérdidas de empleo o, lo que es más grave, en forma de pérdida de sus viviendas. Un hecho lamentable que, además, deja con una deuda casi de por vida a las personas que lo sufren.

Cuando una empresa se encuentra con problemas de liquidez, esta tiene que elegir muy bien los pagos que realiza para poder seguir con su actividad. Si ya no puede conseguir financiar sus operaciones los recursos que genera tienen que ser aplicados al pago de proveedores estratégicos, empleados, suministros, alquiler de instalaciones, prestamos, etc. Y es una tarea sumamente compleja y dolorosa para el empresario tener que elegir a quien no pagar sus deudas.

Una de las medidas que, a mi juicio, más importancia han tenido dentro de Ley de Emprendedores que se ha anunciado el Viernes en Consejo de Ministros, pero que al mismo tiempo, ha pasado más desapercibida, es la creación de la figura del autónomo de responsabilidad limitada y la regulación de la segunda oportunidad empresarial, figuras que ya existen en otros países de nuestro entorno pero que, inexplicablemente, aún no existían en España.

Hasta ahora, los trabajadores autónomos y, en general, toda deudor que no tenga responsabilidad limitada de sus deudas (cualquier personas física) responde de ellas con todo su patrimonio presente y futuro, hasta que finalmente se salde la deuda pendiente. Con esta medida, se pretende proteger al trabajador autónomo blindando la parte de su patrimonio que no exceda los 300.000 euros, que será inembargable.

Se viene comentando que una de las próximas medidas que el Gobierno va a aprobar es un mecanismo de "segunda oportunidad" para los autónomos, de tal manera que el fracaso de su negocio no le impida volver a empezar. Dentro de estas medidas se baraja la creación de un sistema similar al concurso de acreedores pero específico para los autónomos y las micropymes.

Se trataría de que, en situaciones de insolvencia se pudiera recurrir a un procedimiento extrajudicial para negociar con sus acreedores e incluso aplicar una quita de las deudas y un plazo de pago para regularizar la situación. Este procedimiento podrá solicitarse por personas físicas o jurídicas cuyo pasivo no supere los cinco millones de euros, sin que importe la forma societaria. En el caso de las sociedades, no podrán acudir a esta vía si su lista de acreedores supere los 50.