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En principio, y salvo que los estatutos de la sociedad dispongan lo contrario, el cargo de administrador de una sociedad es gratuito. Sin embargo, los administradores están obligados a darte de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y cotizar por su cargo. Pero, entonces, ¿son deducibles estas cotizaciones en el IRPF, tal y como ocurre con las cotizaciones satisfechas en el Régimen General?

Pues bien, la respuesta es sí. Aunque el administrador no reciba ningún tipo de ingreso por su cargo y, por tanto, tal deducibilidad pueda generarle al contribuyente rendimientos negativos, las cotizaciones satisfechas a la Seguridad Social tienen la consideración de deducibles para la determinación de los rendimientos netos del trabajo.

Así lo aclara una consulta vinculante planteada en febrero de 2017 a la Dirección General de Tributos (DGT). En ella, se aclara que, dentro del ámbito del IRPF, la realización en una entidad mercantil de las funciones de administración comporta que los rendimientos que puedan obtenerse por tal motivo proceda calificarlos como derivados del trabajo, conforme con lo dispuesto en el artículo 17.2.e) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

La deducibilidad está regulada en el artículo 19 de la citada Ley, que establece:

“1. El rendimiento neto del trabajo será el resultado de disminuir el rendimiento íntegro en el importe de los gastos deducibles. 2. Tendrán la consideración de gastos deducibles exclusivamente los siguientes: a) Las cotizaciones a la Seguridad Social o a mutualidades generales obligatorias de funcionarios.

Esta respuesta de la DGT supone una aclaración positiva para el bolsillo del contribuyente, con independencia de que opte por tributación individual o conjunta. Por tanto, queda claro que, a pesar de que pudiese resultar resultados netos negativos si el contribuyente no obtiene por este concepto ingresos íntegros que superen las cuotas abonadas.

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La Ley establece que todas las sociedades mercantiles, ya sean sociedades unipersonales, anónimas o de responsabilidad limitada, deben contar con un órgano de gestión, personalizado en la figura del administrador único, administradores mancomunados o solidarios o un consejo de administración.

En el caso de una pequeña empresa, es habitual que esta figura la asuma una sola persona como administrador único. En algunos casos, se trata de una figura puramente simbólica, que en teoría no desea asumir ningún tipo de responsabilidad sobre la gestión de una sociedad; tal es el caso de familiares o amigos de los socios que aceptan el cargo a cambio de un pequeño salario, con la promesa de que ellos no tendrán que hacer nada en el día a día de la sociedad más allá de firmar ciertos trámites administrativos y aprobar las decisiones tomadas por los socios.

Sin embargo, ser administrador de una sociedad conlleva una serie de responsabilidades que, en algunos casos, pueden tener consecuencias penales. Así que, si estás en esta situación, debes saber cómo te afecta firmar cualquier documento en diversos ámbitos legales.

Ámbito laboral

En el caso de que haya algún tipo incumplimiento de la normativa, por ejemplo, un impago de las cotizaciones sociales, la Tesorería General de la Seguridad Social va directamente contra el administrador o administradores de la sociedad. Esta conducta se considera una infracción muy grave que puede ser considerada como delito penal, y no meramente administrativo.

Ámbito tributario

Al igual que ocurre con los incumplimientos de la normativa en materia de Seguridad Social, la Agencia Tributaria también podría exigir el pago de las deudas al administrador, por ser responsables subsidiarios de la sociedad, de acuerdo con el artículo 43 de la Ley 58/2003.

Ámbito mercantil

De acuerdo con el artículo 236 de la Ley de Sociedades de Capital:

Los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la Ley o a los estatutos, o bien por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa.

Ámbito penal

Un administrador puede ser sancionado por delitos como falsear cuentas, estafas, delito fiscal o laboral, alzamiento de bienes, etc.

Así que, si estás en esta situación, y has aceptado el cargo sin saber exactamente qué consecuencias puede tener este cargo, lo mejor es que consultes con un experto para evitar tener que perder parte de tu patrimonio en caso de que concurra alguno de estos supuestos.

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Si un administrador o admistradores actúan con una conducta desleal o desorganizada producirá daños a la propia organización y/o a terceros.

Si el perjudicado es la sociedad mercantil, se podrá dirigir la acción de responsabilidad social contra el administrador. En el caso de que sea cualquier otra persona, sobre ella recaerá la acción individual.

La responsabilidad del administrador por las deudas contraídas por la entidad es un tema que ha causado numerosos quebraderos de cabeza en el panorama empresarial. Las actuaciones que pueden causar una derivación de responsabilidades son muchas y se han ido ampliando en las diferentes reformas de la normativa fiscal y mercantil. Como indica la Ley de Sociedades de Capital "los acreedores de la sociedad podrán ejercitar la acción social de responsabilidad contra los administradores cuando no haya sido ejercitada por la sociedad o sus socios, siempre que el patrimonio social resulte insuficiente para la satisfacción de sus créditos".

Esto nos lleva a la conclusión de que separar el patrimonio personal y el empresarial es algo de suma importancia para el que ostenta un cargo de administración en una sociedad de capital. De lo contrario, los bienes privativos se encuentran en riesgo y podrían perderse si la empresa incurre en deudas que no puede afrontar.

Nos envían una consulta en relación a cuál ha de ser el porcentaje de participación de una S.L. que puede ostentar una persona que se vaya a jubilar.

Mi padre es socio y administrador único de una sociedad. Va a jubilarse y va a cesar en el cargo pasando a ser yo la nueva administradora. Mi duda es la siguiente. ¿Que porcentaje de la sociedad tiene que venderme de las participaciones para poder jubilarse? ¿Hay un porcentaje mínimo?

La deducibilidad de las retribuciones de los administradores es un tema que ha provocado muchos quebraderos de cabeza en los últimos meses, tanto a los propios administradores societarios como a los tribunales, que han tenido que responder numerosas consultas intentando aclarar las dudas al respecto.

El punto de partida es que dichas retribuciones tan solo son deducibles en el Impuesto sobre Sociedades si se recoge expresamente en los estatutos que el cargo es remunerado. Sin embargo, varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia se inclinaban por aceptar la deducibilidad, aún figurando el cargo como gratuito en los estatutos, cuando el administrador tenía un elevado porcentaje de las participaciones sociales.

La baja sin disolución es una situación en la que se encuentran numerosas entidades. Sin embargo, a veces pasamos por alto que, en el caso de las sociedades limitadas, encontrarse inactiva durante un periodo superior a un año es causa legal de disolución.

Desde la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, el periodo de inactividad exigible para incurrir en causa de disolución se redujo de tres años a uno. De esto podemos deducir que existe un gran número de entidades de capital que deberían disolverse y no lo hacen, trasladando al administrador la responsabilidad por incumplimiento de su obligación.

Como ya hemos tratado en otras ocasiones, la relación entre el socio-administrador y la sociedad es un tema que lleva a múltiples dudas. Siempre hemos dejado claro que se trata de una relación mercantil y que los estatutos han de fijar si el cargo es retribuido y en qué cuantía. Pero ¿qué ocurre con los gastos de desplazamiento del administrador?

Si el principal representante de la empresa ha de viajar para, dentro de las atribuciones de su cargo, realizar alguna labor para la misma, y tenieno en cuenta que en el aspecto legal no hablamos de un trabajador como tal, ¿puede la empresa deducir los gastos de ese viaje?

Hacer un poder a favor de terceros es un recurso de utilidad, sobre todo en los casos de entidades mercantiles cuyo administrador realiza desplazamientos frecuentes que dificultan el correcto desempeño de su labor.

Lo normal en estos casos es acudir al notario y redactar un apoderamiento general mediante el cual se faculta al que lo recibe para realizar tareas tales como representar a la sociedad ante los Tribunales, la Administración, hacer trámites bancarios como abrir o cerrar cuentas, hacer depósitos o contratar seguros, contratar suministros o personal, realizar despidos...

Otra novedad que nos presenta la Ley 7/12 es la relativa a la responsabilidad subsidiaria de los administradores con respecto a la deuda tributaria originada por la falta de ingreso de retenciones que deban practicarse a trabajadores, profesionales u otros empresarios o por no repercutir los tributos que sean preceptivos.

Para poder atribuir esta responsabilidad es necesario que se presenten autoliquidaciones sin ingreso por esos conceptos de forma reiterada y que pueda acreditarse que no existe intención real de cumplir con la obligación tributaria objeto de autoliquidación. Se entenderá que existe reiteración cuando en un mismo año natural, de forma sucesiva o discontinua, se hayan presentado sin ingreso la mitad o más de las que corresponderían, con independencia de que se hubiese presentado solicitud de aplazamiento o fraccionamiento y de que la presentación haya sido realizada en plazo o de forma extemporánea.