El parlamento catalán está tramitando el proyecto de ley del código de consumo en el que pretende recoger la obligatoriedad de emitir cualquier tipo de comunicación comercial en lengua catalana. El alcance de esta norma legal se basa en el respeto de los "derechos lingüisticos" de los consumidores catalanes dado que tienen el derecho a ser atendidos por las empresas, tanto públicas como privadas, en el idioma que ellos deseen.
A efectos prácticos, esta norma se traduce en la emisión de facturas, presupuestos, comunicaciones comerciales, manuales de uso o cualquier otro tipo de documento en catalán. En el caso de no cumplir con esta norma, se articula un mecanismo sancionador para aquellas empresas que no cumplan con esta obligación pudiendo sancionarlas con un máximo de 10.000 euros. No pongo en duda este derecho de todos los catalanes y ya que estamos, gallegos y vascos también, pero no es de recibo que una comunidad entera obligue por ley al resto de empresas que no están establecidas en Cataluña y desconocen la lengua a que tengan que traducir sus comunicaciones comerciales al catalán para no ser sancionados por la Generalitat.
No todas las empresas, somos grandes, que se pueden permitir el uso de softwares multi-idioma o se pueden permitir el lujo de disponer de personal adecuado para canalizar las relaciones con los clientes en la lengua cooficial de la comunidad de destino.
Este tipo de medidas sólo generan una especie de autarquía, sin olvidar que no pueden tener alcance fuera de los límites territoriales. Sin ir más lejos, en el caso de importaciones, la lengua estándar es la lengua del país de origen o en su defecto el inglés y no creo que la Generalitat pueda obligar a infinidad de empresas que no se encuentran establecidas en Cataluña a que todas adapten la lengua de destino.
Respecto a las empresas catalanas, establecidas en esta comunidad, deben actuar como buenamente les parezca y adaptándose al mercado. Si los clientes quieren las facturas en catalán, es lógico que emitan en catalán toda la documentación, pero no es lógico que una empresa establecida en Madrid que tenga muchos clientes finales en Cataluña, tenga que adaptar su lengua. En fín, portazo a pymes no establecidas en la comunidad, al menos es la actitud que yo veo en esta norma.
Vía | ABC En Pymes y Autónomos | Cataluña prohibe el 2+1, happy hours y promociones similares Imagen | Zoonie