La llegada de septiembre siempre supone un punto de inflexión para la mayoría de las empresas. Se trata de hacer un pequeño repaso para ver en qué puntos hay que apretar para acabar el año con un buen balance. Y lo cierto es que este año lo tienen más difícil que nunca, por que se encuentran con la subida del SMI, gasto energético disparado y amortización de deudas como los retos a la vuelta del verano.
Cada uno de ellos supone que lo que se gana se invierte en salvar estos gastos inesperados o amortizaciones de deuda generadas por la crisis de económica de estos últimos meses. Y ninguno de ellos parece que vaya a aplazarse y dar un respiro.
Al SMI, que puede que este año tenga una subida pequeña, entre 12 y 19 euros, se sumará otra en 2022 y una tercera en 2023. En total serán entre 100 y 120 euros más por cada trabajador que ahora tiene dicho salario mínimo. Si hay varios en nuestra compañía, a final supondrá un lastre en las cuentas contables.
A esto le tenemos que sumar el gasto energético disparado. No solo se trata del gasto de la luz, que ya han comentado que seguirá siendo alta en 2022, pero también el de gasolinas y diesel, al que posiblemente haya que sumarle los planes para igualar la fiscalidad de ambos, lo que perjudicaría de forma notable a aquellas empresas que tienen vehículos de transporte, normalmente diésel.
Si a esto se le suma algún retoque fiscal, como un céntimo por litro, para el pago del mantenimiento de la carreteras, lo cierto es que todo indica que el gasto medio de las empresas en este aspecto va a ser mucho más elevado que años precedentes.
Por último hay que empezar a amortizar las deudas contraídas durante la pandemia. Un lastre que muchas compañías van a arrastrar durante los próximos cinco años y que repercute de forma importante en su capacidad de inversión, pero a la vez en los beneficios que se obtienen a final de año.
Para los autónomos además hay que sumarle la posibilidad de empezar a cotizar por ingresos reales en 2023 o una reforma del sistema de módulos. Y esto puede que no sea más que el principio de un cambio que implique el un mayor control de la facturación, como se ha puesto de manifiesto con la nueva ley antifraude.
Y todo esto acabará por repercutir en los precios, lo que implica una subida que afecta la consumidor final y, como efecto rebote, una menor facturación. Una espiral que resulta complicada de parar y veremos como acaba.