El Gobierno pospuso la aprobación de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales debido a un inesperado apagón total que afectó a toda España. Hoy, estas líneas no nos sorprenden, pero lo cierto es que el lunes nadie esperaba algo así.
El proyecto de ley, que sigue encontrando resistencia entre la patronal, no está claro que tenga los apoyos parlamentarios necesarios para salir adelante, pese a que el Gobierno lo da por hecho.
Fecha de la votación
En esta tesitura, se ha producido una creciente presión sindical que el 1 de mayo, Día del Trabajo, sacó músculo en más de 80 ciudades españolas para exigir avances concretos y reivindicar esta medida clave para millones de trabajadores.
A su vez, el Consejo de Ministros tenía previsto aprobar esta semana el proyecto que reduce la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales. Sin embargo, el Ejecutivo decidió aplazar su envío al Congreso como consecuencia del apagón eléctrico que afectó al centro de datos de la Seguridad Social y otros sistemas administrativos.
La medida, prioritaria para la agenda laboral del Ministerio de Trabajo, queda en pausa hasta nuevo aviso. En estos momentos, según El Economista, se ha acordado retomar las votaciones, tras el aplazamiento, "para al próximo martes 6 de mayo."
Sin embargo, no es la primera ni la segunda vez que esta medida se retrasa, por lo que nos encontramos ya frente a un horizonte poco claro, donde el calendario de tramitación sigue siendo incierto.
Apoyos insuficientes y bloqueo político
Más allá del fallo técnico, y pese a las esperanzas puestas por parte de sindicatos y Gobierno, no están asegurados los apoyos parlamentarios necesarios para sacar adelante la reforma.
En estos momentos, el grupo de Junts mantiene su bloqueo a la tramitación, y desde el Ministerio de Trabajo se ha instado públicamente al Partido Popular a desbloquear la situación.
La ministra Yolanda Díaz apeló a la "responsabilidad de todos los grupos" para garantizar el avance de una medida que considera fundamental para mejorar la salud y conciliación laboral de la población trabajadora.
Como recoge Infobae, la incertidumbre y la falta de acuerdos choca, frontalmente, con el planteamiento esgrimido desde el principio por la ministra de trabajo. Según palabras del abogado laboralista y tiktoker @laboral_tips: "Lo más importante para poder tirar adelante un proyecto de este tipo es que se requiere tener mayoría”, y [él] no cree que el Gobierno la tenga."
Patronal, en contra
La CEOE ha reiterado su rechazo a la reducción de jornada por decreto, y otras entidades como ATA y Cepyme también mantienen una postura conservadora.
Además, la patronal sigue defendiendo que cualquier cambio en este sentido debe ser fruto de la negociación colectiva sectorial, y no de una imposición desde el Gobierno. Así, se argumenta que muchas pymes no podrían asumir el impacto económico de trabajar menos horas sin reducir salarios, y temen que la productividad no se recupere a corto plazo.
La presión sindical
Coincidiendo con el Día Internacional del Trabajo, los sindicatos mayoritarios aprovecharon las más de 80 manifestaciones convocadas en toda España para volver a poner el foco en la reducción de la jornada.
Bajo el lema "Proteger lo conquistado, ganar el futuro", CCOO y UGT reclamaron que el Gobierno cumpla con su compromiso y advirtieron de que intensificarán la presión si no hay avances tangibles en las próximas semanas. También reclamaron una reforma del despido ajustada a la Carta Social Europea.
La propuesta de ley prevé que, a partir de 2025, la jornada máxima semanal se reduzca a las 37,5 horas. La medida no conllevaría reducción salarial. En las marchas esta fue la petición principal, además de revisar los despidos, asegurar la correcta implementación de los sistemas de control horario digital, reforzar el derecho a la desconexión y adaptar los convenios colectivos a la nueva normativa.
El Gobierno mantiene su intención de aprobar la medida lo antes posible. El 6 de mayo, tendremos novedades. Por su parte, los sindicatos no descartan movilizaciones adicionales si el Ejecutivo no cumple su compromiso.
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