Sergio Delgado
EditorTras la aprobación de los permisos por nacimiento y cuidados del menor que eleva la prestación de 16 a 19 semanas y, en el caso de familias monoparentales, hasta las 32 semanas, se ha abierto una fuerte polémica entre sindicatos, patronal y los distintos partidos políticos.
La medida, que se establece con carácter retroactivo desde el 2 de agosto de 2024 y podrá solicitarse a partir de enero de 2026, mantiene una prestación equivalente al 100 % de la base reguladora, asumida por la Seguridad Social.
Sin diálogo social
El objetivo del Ejecutivo es, de nuevo, mejorar la conciliación y cumplir con los estándares europeos, pero la aprobación sin pasar por el diálogo social ha generado críticas de la patronal y preocupación en muchas pymes, que deberán adaptarse a estos cambios con escaso margen de planificación.
Con la nueva normativa, se añaden 3 semanas adicionales para cada progenitor (que se suman a las 16 actuales) o 32 semanas para las familias monoparentales; se cobrará el 100 % de la base reguladora y se aplicará de forma retroactiva (agosto de 2024).
Este cambio se enmarca en la puesta en práctica de la Directiva (UE) 2019/1158, que exige un mínimo de cuatro meses de permiso parental individual e intransferible por progenitor. España se había retrasado en su implementación, motivo por el que la Comisión Europea impuso una sanción de 6,8 millones de euros.
Las críticas de la CEOE y CEPYME
Sin embargo, las organizaciones empresariales han reprochado que la medida se haya aprobado sin consultar ni a la patronal ni a los sindicatos, rompiendo el mecanismo habitual de diálogo social.
Desde CEOE y CEPYME advierten de que esta forma de legislar introduce incertidumbre regulatoria, aumenta los costes y dificulta la organización interna, especialmente en las pequeñas empresas con plantillas reducidas.
Las patronales subrayan que el absentismo laboral está en niveles récord y que la productividad sufre, por lo que cambios inesperados como este pueden agravar la situación. También critican que se incrementen las obligaciones sin un periodo de adaptación ni medidas compensatorias para las empresas afectadas.
La respuesta del Gobiern
El Ejecutivo defiende que la ampliación es necesaria para garantizar la conciliación familiar y laboral, y para evitar sanciones europeas por incumplimiento de la directiva.
Desde Sumar se ha señalado que existía riesgo de multa si no se aprobaba de forma urgente, y se acusa a otros socios de Gobierno de retrasar la medida por falta de voluntad política. A su vez, el Ministerio de Trabajo sostiene que la prestación está cubierta por la Seguridad Social y que no implica un coste directo para las empresas más allá de la reorganización de personal. Sin embargo, para las pymes, la ausencia temporal de un trabajador clave puede suponer un reto operativo y financiero.
Así, las pymes temen que la falta de planificación previa genere problemas inmediatos, como la necesidad de sustituciones rápidas o la formación acelerada de personal temporal, el pago de horas extra o la sobrecarga de trabajo para el resto del equipo o posibles sanciones, si la gestión no se realiza de forma correcta.
La ampliación de los permisos por nacimiento y cuidado del menor es un avance social que acerca a España a las prácticas europeas. El problema es que su aprobación sin consenso con patronal y sindicatos plantea un desafío adicional para las pymes, que deberán adaptarse a un cambio relevante en la organización de su plantilla sin haber participado en el proceso de diseño de la medida.
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