Hace algo más de dos años entró en vigor la conmúmente conocida como Ley antitabaco, que prohíbe fumar en los establecimientos hosteleros y en otros espacios públicos, que especialmente ha afectado a los empresarios que regentan bares y restaurantes, ya que desde un principio se ligó su entrada en vigor a una minoración importante de su facturación.
En este contexto fueron muchos los establecimientos los que en un primer momento se declararon insumisos ante la citada ley, pero que poco a poco fueron desistiendo en su protesta, acatando la nueva normativa, o bien acabaron cerrando por la acumulación de multas. De tal manera que quedó constancia de un solo establecimiento en la ciudad de Valencia, que ha aguantado todo este tiempo, hasta que recientemente ha tomado la decisión de cerrar, con un saldo de multas que ascienda a la friolera cantidad de 640.000 euros.
Sin ánimo de entrar a la discusión de si este 'empresario rebelde' lo hacía para mantener a sus clientes fumadores, atraer a otros fumadores desde otros bares, o como modo de protesta individual al nuevo reglamento establecido, este aventurado empresario ha sufrido el coste desmesurado de sus convicciones, confirmando que una acción individual, sin ningún tipo de apoyo palpable desde una organización profesional, al final, está condenada al fracaso.
Por tanto, este caso quiero utilizarlo como ejemplo para decirles que a la hora de defender nuestros intereses profesionales, tengamos en cuenta que nuestras reivindicaciones pueden ser comunes con las de otros profesionales de nuestro mismo sector de actividad, así como a los de nuestro entorno geográfico, lo que ha de motivarnos para aunar fuerzas, aunque con ello no quiero decir, que la voluntad de diálogo, lo que se esté dispuesto a asumir, y la capacidad de negociación de la que dispongamos sea una tarea sencilla.
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