Boris y Rosa: "Mientras la mayoría de nuestra quinta estaba pensando en salir de fiesta, veníamos aquí a construir lo que hoy es nuestro hogar"

Hay quien a los veinte años decide qué carrera estudiar o dónde pasar el verano. Boris y Rosa decidieron levantar la casa en la que viven hoy utilizando materiales reciclados y tierra extraída directamente del propio terreno. Dieciséis años después de aquel primer cimiento, la finca que entonces estaba abandonada es hoy un ecosistema residencial y agrícola prácticamente autosuficiente.

Según recoge una información de la Cadena COPE, todo el proyecto se sostiene sobre dos pilares: la permacultura (un sistema de diseño que persigue crear asentamientos ecológicamente sanos y económicamente viables) y la bioconstrucción. La pareja documenta el proceso en su propio canal de divulgación en redes, y la idea de fondo es simple de enunciar y difícil de ejecutar: integrar en un mismo espacio la vivienda, la producción de alimentos ecológicos, la salud y hasta la educación de su hijo Riu, criado pegado a los ciclos naturales en vez de al calendario escolar convencional. 

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El telón de fondo que convierte esta historia en algo más que una anécdota bonita es estructural: los precios de la vivienda urbana empujan a una parte minoritaria de la juventud a explorar el cohousing, el eufemismo elegante para lo que en realidad es compartir piso hasta los 40, o directamente la autoconstrucción rural extrema. El problema es que esa vía choca de frente con la normativa urbanística municipal y autonómica, que casi nunca contempla la bioconstrucción artesanal como una forma legal y habitable de vivienda.

El muro legal. Da igual que se use tapial (tierra compactada) o paja en vez de ladrillo: levantar cualquier vivienda en España exige cumplir la LOE (Ley de Ordenación de la Edificación) y, sobre todo, el CTE (Código Técnico de la Edificación). Para que una cabaña de este tipo consiga la cédula de habitabilidad hace falta un proyecto técnico visado por un arquitecto colegiado, ensayos del terreno y la certificación de que cada material reciclado cumple con las exigencias de seguridad estructural y aislamiento térmico. Ese nivel de exigencia técnica encarece, y mucho, los proyectos que nacen con presupuestos ajustados.

La paradoja del suelo. La mayoría de las fincas rústicas donde se levantan este tipo de proyectos carecen, legalmente, de la condición de suelo urbano finalista. En la práctica eso significa que ni siquiera se puede pedir una acometida de luz o de agua corriente de forma oficial. El ayuntamiento suele tolerar casetas de aperos temporales y de tamaño reducido, pero una vivienda de uso permanente sobre suelo no urbanizable puede terminar en un expediente de restablecimiento de la legalidad por infracción urbanística grave, con multas elevadas y, en el peor de los casos, orden judicial de demolición. La disciplina urbanística fija plazos de prescripción (entre 4 y 6 años en suelo rústico común, aunque varía según la comunidad autónoma) que a veces salvan de la piqueta a construcciones ya consolidadas por el paso del tiempo, aunque estas queden condenadas a vivir fuera de ordenación, sin licencia de primera ocupación.

Ahí está el contraste que resume bien el caso de Boris y Rosa: han logrado desconectarse del sistema en lo que respecta a huerta y consumo propio, pero no hay huerta ni tierra compactada que valga frente a la fiscalización urbanística del Estado. La autosuficiencia, en España, tiene techo. Y ese techo lo pone el papeleo, no la tierra.

Imágenes | Youtube (Arnau Serrado y Permacultura por la Tierra)