Se aprobó ayer por el Consejo de Ministros el nuevo Plan de Lucha contra el Fraude con el que se quiere plantar batalla a la evasión fiscal y la economía sumergida. Este plan incluye varias medidas como la ya comentada prohibición de los pagos en efectivo en operaciones de importe superior a 2.500 euros, pero también incorpora una exclusión del régimen de módulos, la obligación de comunicar cuentas, valores o propiedades en el extranjero, etc.
Pendientes de la publicación en el BOE del texto completo en el que podamos ver la manera de instrumentalizar estas medidas para poder hacer una evaluación de las mismas, vaya por delante que el control del fraude y la economía sumergida es esencial en un país en el que las estimaciones cifran que el impacto de las operaciones opacas suponen unos 85.000 millones de euros. Eso sí, la idoneidad de esta nueva regulación la veremos cuando se conozcan los resultados de la misma.
El pasado 5 de septiembre se aprobó el 
