Es algo que ocurre con más frecuencia de la que pensamos. Autónomos y pequeñas empresas podrían estar gestionando determinados permisos laborales mal sin ser plenamente conscientes de ello. Aunque claro, el desconocimiento de la ley no exime de su fiel cumplimiento.

La cuestión radica en que algunos convenios colectivos contienen cláusulas que han quedado desfasadas tras las últimas reformas laborales y las interpretaciones realizadas por los tribunales.

¿Y qué ocurre con todo ello? Que algunas empresas estén aplicando exactamente lo que establece su convenio y, aun así, estén incumpliendo los derechos mínimos reconocidos por la legislación, eso sí, actual. Y ojo, porque esto podría acarrear sanciones de más de 7.500 euros.

Cuando el convenio se queda por detrás de la ley

Los convenios colectivos son una herramienta fundamental para regular las relaciones laborales dentro de cada sector. Sin embargo, existe un principio básico que no admite excepciones: el convenio puede mejorar las condiciones establecidas por la ley, pero nunca empeorarlas.

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El problema aparece cuando una modificación normativa amplía derechos laborales y el convenio continúa recogiendo una regulación anterior menos favorable para la plantilla.

El permiso por hospitalización es uno de los principales focos de conflicto

Uno de los ejemplos afecta al permiso por hospitalización, accidente grave o enfermedad de familiares.

Durante años, numerosos convenios establecieron criterios propios para regular estos permisos. Sin embargo, las modificaciones introducidas en el Estatuto de los Trabajadores ampliaron determinados derechos y posteriormente el Tribunal Supremo aclaró cómo debían aplicarse.

La sentencia dictada por el Alto Tribunal el 13 de noviembre de 2025 confirmó que los cinco días reconocidos para estos supuestos deben disfrutarse en días laborables. Además, dejó claro que ningún convenio puede reducir ese mínimo legal.

La diferencia práctica puede ser muy importante. Un trabajador que necesite atender a un familiar hospitalizado puede tener derecho a una ausencia más amplia de la que recoge un convenio firmado antes de los cambios normativos.

Un caso real que afectó al comercio textil

Uno de los ejemplos más citados en los últimos meses se produjo en el convenio del comercio textil de la provincia de Barcelona.

El texto, firmado a finales de 2022, establecía un sistema que graduaba el permiso por hospitalización en función de la distancia. En determinados supuestos, el trabajador disponía únicamente de tres días naturales cuando el familiar se encontraba en la misma provincia.

La situación generaba una contradicción evidente con la regulación estatal posterior, que reconocía cinco días laborables. Aunque el convenio fue actualizado en marzo de 2026, durante el periodo anterior pudieron producirse situaciones de incumplimiento involuntario por parte de numerosos negocios que actuaban siguiendo literalmente lo establecido en el texto convencional.

La adaptación de jornada genera numerosos problemas

Otro ámbito que está provocando conflictos laborales es el relacionado con las solicitudes de adaptación de jornada previstas en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores.

Este mecanismo permite solicitar modificaciones de horario, cambios de turno o incluso fórmulas de teletrabajo cuando existen necesidades de conciliación vinculadas al cuidado de hijos o familiares dependientes.

La normativa establece plazos concretos para responder a estas solicitudes y obliga a la empresa a justificar adecuadamente cualquier negativa.

Sin embargo, muchas pequeñas empresas gestionan estas peticiones de forma informal, sin procedimientos definidos ni respuestas documentadas. Esta práctica puede convertirse en un problema si el asunto termina ante un juzgado.

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La falta de respuesta o una contestación insuficientemente motivada suelen jugar en contra del empleador durante un eventual procedimiento judicial.

El permiso parental sigue generando dudas

La regulación del permiso parental también está provocando numerosas consultas entre empresas y asesorías laborales.

Actualmente existe un permiso parental de ocho semanas destinado al cuidado de hijos menores de ocho años que continúa siendo no retribuido, aunque garantiza la reserva del puesto de trabajo.

La confusión aumentó tras la aprobación del Real Decreto-ley 9/2025, que incorporó una nueva medida diferente: dos semanas retribuidas al 100% por la Seguridad Social dentro del permiso de nacimiento ampliado.

Una mala gestión puede terminar en los tribunales

Cuando una empresa deniega incorrectamente un permiso o interpreta de forma equivocada una solicitud de conciliación, el trabajador puede reclamar judicialmente el reconocimiento de su derecho.

Además, si la empresa ha descontado salarios o ha considerado injustificada una ausencia que en realidad estaba protegida por la ley, podría verse obligada a abonar cantidades adicionales.

En determinados casos, el conflicto puede incluso adquirir una dimensión mayor cuando se relaciona con derechos fundamentales vinculados a la conciliación familiar.

Por todo ello, es recomendable revisar periódicamente la compatibilidad entre su convenio colectivo y la normativa laboral vigente.

Imágenes | sol, Tingey Injury Law Firm

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La noticia Esta es la razón por la que autónomos y empresas podrían ser multados con hasta 7.500 euros aunque estén aplicando el convenio fue publicada originalmente en Pymes y Autonomos por Sergio Delgado .

Nuevo revés para los autónomos. El Gobierno ha decidido bloquear la tramitación de una proposición de ley que incluía medidas ampliamente reclamadas por buena parte del colectivo.

Entre ellas, la de una mayor facilidad para acceder al cese de actividad, un sistema de exención del IVA para pequeños negocios y nuevas oportunidades en la contratación pública. La decisión implica que el texto ni tan siquiera llegará a debatirse en el Congreso.

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La proposición registrada por Junts iba mucho más allá de una modificación puntual.

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El texto planteaba cambios en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), la Seguridad Social, la fiscalidad aplicable a pequeños negocios y la participación de autónomos y microempresas en contratos públicos.

Entre los objetivos: la simplificación administrativa, la reducción de determinadas cargas burocráticas y una mejora de la protección social de quienes desarrollan una actividad económica por cuenta propia.

También buscaba corregir algunos de los problemas detectados tras la implantación del sistema de cotización por ingresos reales.

El veto se apoya en motivos presupuestarios

La paralización de la iniciativa se ha producido mediante el mecanismo previsto en el artículo 134.6 de la Constitución.

Esta herramienta permite al Ejecutivo mostrar su disconformidad con aquellas proposiciones parlamentarias que impliquen un incremento del gasto público o una reducción de los ingresos del Estado.

Cuando el Gobierno ejerce esta facultad, la propuesta queda bloqueada antes de iniciar su recorrido parlamentario. Vamos, que los diputados no llegan a debatir ni votar el contenido del texto.

El cambio más esperado: facilitar el acceso al cese de actividad

Uno de los puntos que más interés había despertado entre los autónomos era la modificación del sistema de acceso al denominado paro de los trabajadores por cuenta propia.

Actualmente, para percibir esta prestación resulta necesario acreditar circunstancias económicas concretas, pérdidas significativas o determinadas situaciones excepcionales mediante documentación contable y fiscal.

Este procedimiento es considerado por muchas organizaciones como excesivamente complejo.

La realidad es desgastante. Una parte importante de las solicitudes presentadas terminan siendo rechazadas. En algunos ejercicios, las denegaciones superan ampliamente la mitad de los expedientes tramitados.

La propuesta pretendía simplificar este proceso. Bastaría con acreditar el cierre definitivo de la actividad y la baja correspondiente para acceder a la protección, acercando el sistema al modelo existente para los trabajadores asalariados.

El IVA franquiciado para pequeños negocios

Otra de las medidas más destacadas era la implantación de un régimen de franquicia del IVA.

Este sistema funciona desde hace años en numerosos países europeos y permite que determinados profesionales y pequeños negocios queden exentos de repercutir y liquidar el impuesto cuando no superan un determinado volumen de facturación anual.

La propuesta fijaba un límite de hasta 85.000 euros anuales para acogerse al régimen. De haberse aprobado, miles de pequeños empresarios, profesionales y autónomos habrían visto reducidas sus obligaciones fiscales y administrativas.

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La medida buscaba especialmente aliviar la carga documental que soportan los negocios de menor tamaño, facilitando además su gestión diaria.

Ajustes en las cotizaciones y más seguridad jurídica

La iniciativa también incorporaba cambios relacionados con el sistema de cotización por ingresos reales.

El objetivo era mejorar los procedimientos de regularización, reducir los tiempos de ajuste y evitar situaciones en las que algunos trabajadores por cuenta propia pudieran cotizar durante largos periodos por encima de los rendimientos finalmente obtenidos.

Asimismo, se contemplaban mecanismos destinados a ofrecer mayor seguridad jurídica cuando se producen modificaciones posteriores en los datos fiscales utilizados para calcular las cuotas.

Más oportunidades en la contratación pública

La proposición también reservaba un espacio importante para la contratación pública.

Entre las medidas incluidas figuraba la posibilidad de destinar al menos un 10% del volumen anual de contratación pública a autónomos y microempresas. El objetivo era facilitar el acceso de los pequeños negocios a licitaciones donde habitualmente compiten con empresas de gran tamaño.

Para lograrlo, se planteaban mecanismos como la división de contratos en lotes más reducidos y procedimientos de adjudicación más accesibles para organizaciones con menor capacidad financiera. Pero no. Tampoco podrá ser.

Imágenes | Mediterráneo Digital, Ibrahim Boran

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La noticia Golpe para los autónomos: queda en suspenso la medida que ampliaba el paro y los beneficios tributarios fue publicada originalmente en Pymes y Autonomos por Sergio Delgado .

Se avecina un cambio en lo que a la gestión de las bajas laborales se refiere. Varias comunidades autónomas ya están implantando nuevos sistemas de intercambio de información que permitirán a los médicos conocer con mucho más detalle el trabajo real que desempeña cada empleado antes de decidir si procede o no una incapacidad temporal.

Y es que, la medida llega en un momento en el que el gasto asociado a las bajas laborales se encuentra en niveles récord, siendo uno de los mayores desembolsos del sistema de Seguridad Social, solo por detrás de las pensiones.

Los médicos tendrán más información sobre cada puesto de trabajo

Hasta ahora, cuando un trabajador acudía a consulta para solicitar una baja médica, el facultativo se apoyaba principalmente en la exploración clínica y en la información que aportaba el propio paciente sobre las tareas que realizaba en su empleo.

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Con los nuevos mecanismos de intercambio de datos, la situación cambia. Los profesionales sanitarios podrán acceder a información más precisa sobre las funciones reales del puesto, los esfuerzos físicos que exige, los movimientos habituales, la necesidad de desplazamientos o las limitaciones funcionales que implica cada actividad.

El objetivo no es otro que la valoración médica se ajuste mejor a la realidad laboral de cada trabajador.

La misma lesión no afecta igual a todos los trabajadores

Hay que tener en cuenta una cosa esencial en todo esto: la misma patología puede tener consecuencias completamente distintas según la profesión que desempeñe la persona afectada.

Por ejemplo, una lesión en el hombro puede impedir desarrollar con normalidad tareas relacionadas con la construcción, la limpieza, la logística o la reparación mecánica. Sin embargo, esa misma dolencia podría permitir que una persona continúe realizando determinadas funciones administrativas o de oficina si no necesita realizar esfuerzos físicos.

Gracias a la nueva información disponible, los médicos van a poder valorar con mayor precisión si una incapacidad temporal está realmente justificada y durante cuánto tiempo resulta necesaria.

Un problema que preocupa cada vez más a la Seguridad Social

La incapacidad temporal se ha convertido en una de las cuestiones que más preocupa a las administraciones públicas debido a su creciente impacto económico.

El número de procesos de baja y su duración media han aumentado de forma significativa durante los últimos años, costando ya más de 18.400 millones de euros a las arcas públicas.

Además, existe una circunstancia que complica la gestión del sistema: quien toma la decisión médica es el profesional de atención primaria, mientras que el impacto económico recae sobre la Seguridad Social.

No se trata de reducir bajas, sino de mejorar las decisiones

El propósito es lograr que las decisiones sean más precisas y estén mejor fundamentadas.

Una baja médica injustificada supone un problema para empresas, autónomos y administraciones públicas. Sin embargo, una reincorporación prematura también puede provocar recaídas, nuevos periodos de incapacidad o incluso riesgos para la salud del empleado.

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Por ello, disponer de información objetiva sobre las características reales de cada puesto puede ayudar a encontrar un equilibrio más adecuado entre la protección de la salud y la continuidad de la actividad laboral.

Los sectores donde el impacto será más visible

Aunque la medida afecta a todos los trabajadores, existen determinadas actividades donde podría tener una incidencia especialmente importante.

Sectores como la hostelería, la construcción, el transporte, la logística, la limpieza o la industria presentan mayores exigencias físicas y funcionales que otros ámbitos económicos.

En estas profesiones son habituales los esfuerzos repetitivos, la manipulación de cargas, las largas jornadas de pie o la necesidad de movilidad constante.

Precisamente son también algunos de los sectores donde las bajas laborales tienen una mayor presencia. Solo la hostelería registró durante 2024 más de 585.000 procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes, con una duración media superior a la media nacional.

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La noticia Adiós a algunas bajas innecesarias: la Seguridad Social endurece los controles para evitar abusos fue publicada originalmente en Pymes y Autonomos por Sergio Delgado .

Montar una empresa en España sigue siendo una opción habitual para miles de emprendedores cada año. Sin embargo, los últimos datos muestran una pérdida de impulso preocupante en nuestro país.

Tras un relativo buen inicio de 2026, la creación de nuevas sociedades mercantiles se ha frenado con fuerza. De hecho, encadena ya varios meses de retrocesos.

Las cifras reflejan una caída cercana al 15% respecto al mismo periodo del año anterior. Esto supone que en mayo se constituyeron casi 2.000 empresas menos que hace un año.

La creación de empresas cae casi un 15% en un año

Los datos de la Estadística Mercantil elaborada por el Colegio de Registradores muestran que durante mayo se constituyeron 11.312 nuevas sociedades en España. En el mismo mes de 2025 se habían registrado 13.286.

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La diferencia alcanza las 1.974 empresas menos, lo que representa una caída interanual del 14,9%. Se trata de uno de los descensos más acusados observados durante los últimos meses y rompe con el optimismo que había acompañado al emprendimiento durante buena parte del inicio de año.

La constitución de sociedades es uno de los indicadores más observados para medir la salud del tejido empresarial. Cuando aumenta el número de nuevas empresas suele interpretarse como una señal de confianza económica. Cuando disminuye, refleja como es lógico una mayor prudencia por parte de emprendedores e inversores.

El fuerte arranque de 2026 pierde intensidad

La desaceleración ha llegado después de un comienzo de ejercicio muy positivo. Durante los primeros meses del año, la creación de sociedades mostró un crecimiento muy positivo.

El mejor dato se registró en febrero, cuando las constituciones aumentaron un 40,6% respecto al mismo mes del año anterior.

Sin embargo, la situación comenzó a cambiar durante la primavera. Abril ya cerró con cifras inferiores a las del año anterior y mayo confirmó la tendencia. O lo que es lo mismo: el emprendimiento encadena dos meses consecutivos de retroceso.

También es verdad que parte de esta caída puede responder a una corrección natural después de los fuertes incrementos registrados durante los primeros compases del año.

La mayoría de comunidades autónomas registran descensos

Este frenazo se ha extendido a buena parte del país. Durante mayo, únicamente tres comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, consiguieron aumentar el número de nuevas sociedades constituidas. El resto cerró el mes con cifras inferiores a las del año pasado.

Especial atención merecen Andalucía, Cataluña y Madrid. Entre las tres concentran cerca del 60% de todas las empresas que nacen en España, por lo que cualquier variación en estas comunidades tiene un impacto directo sobre el resultado nacional.

La incertidumbre económica pesa sobre los nuevos proyectos

Y es que, claro, la creación de una empresa suele implicar inversiones, contratación de servicios, búsqueda de financiación y planificación a medio plazo. Por ese motivo, los periodos de incertidumbre suelen afectar directamente a la decisión de emprender.

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El contexto actual presenta numerosos factores que invitan a la cautela. Entre ellos destacan las diferentes tensiones geopolíticas internacionales que estamos viviendo, aranceles, la evolución de los tipos de interés y las dudas sobre el crecimiento económico mundial durante los próximos trimestres.

Y ante este escenario, muchos emprendedores prefieren esperar antes de lanzar un nuevo negocio o realizar inversiones importantes.

Las ampliaciones de capital siguen creciendo

Pero ojo, no todos los indicadores empresariales muestran señales negativas. Mientras disminuye la creación de nuevas sociedades, las empresas ya existentes continúan reforzando su estructura financiera.

Durante mayo se registraron 606 ampliaciones de capital en Madrid y otras 492 en Cataluña. En conjunto, las ampliaciones crecieron un 1% respecto al mismo periodo del año anterior.

Aunque el avance es más moderado que el observado en abril, cuando el incremento alcanzó el 8,1%, la evolución sigue siendo positiva.

Este comportamiento hace pensar que muchas compañías ya consolidadas mantienen sus planes de crecimiento, expansión e inversión, incluso en un contexto más incierto para quienes están valorando iniciar una nueva actividad empresarial.

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La noticia El drama que ya es una realidad en España: cada vez se crean menos empresas, 2.000 sociedades menos que hace un año fue publicada originalmente en Pymes y Autonomos por Sergio Delgado .

Es algo desconocido por muchos trabajadores por cuenta propia. Pero hay determinados periodos en los que dejaron de cotizar por motivos familiares y que pueden seguir teniendo valor de cara a su futura jubilación.

Aunque dichas interrupciones no aparecen reflejadas como tiempo trabajado en la vida laboral, la Seguridad Social las tiene en cuenta en determinadas circunstancias para calcular la pensión.

Esta medida resulta especialmente importante para autónomos y autónomas que interrumpieron su actividad tras el nacimiento, adopción o acogimiento de un menor.

Cotizaciones reconocidas por nacimiento y cuidado de hijos

La normativa contempla varios supuestos en los que la Seguridad Social añade periodos de cotización a efectos del cálculo de la pensión de jubilación o de incapacidad permanente.

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Por un lado, se reconocen 112 días de cotización por cada parto de un solo hijo. En los casos de parto múltiple, se añaden además 14 días por cada hijo adicional a partir del segundo. Esta medida está dirigida principalmente a las madres que dejaron de cotizar durante las semanas posteriores al nacimiento.

Estos días se incorporan al historial utilizado para calcular la pensión, aunque no figuren como cotizados en la vida laboral ordinaria.

Hasta 270 días adicionales por interrupción de la actividad

Existe además un segundo mecanismo destinado a compensar los periodos en los que padres o madres dejaron de trabajar para dedicarse al cuidado de sus hijos.

En este caso, la Seguridad Social puede reconocer hasta 270 días de cotización por cada hijo cuando se haya producido una interrupción de la actividad dentro del periodo comprendido entre los nueve meses posteriores al nacimiento o adopción y los seis años siguientes.

Este beneficio puede solicitarlo cualquiera de los progenitores, aunque la normativa establece preferencia para la madre salvo renuncia expresa.

Un aspecto importante es que estos días computan para mejorar la cuantía de la futura pensión, pero no sirven para alcanzar el periodo mínimo de cotización exigido para acceder a la jubilación contributiva, que actualmente se sitúa en 15 años.

Se pueden acumular ambos beneficios

Las dos fórmulas de reconocimiento de cotización, eso sí, son compatibles entre sí. Esto significa que una misma persona puede beneficiarse tanto de los días asociados al parto como de los derivados de la interrupción de la actividad para el cuidado de los hijos.

La suma de estos periodos tiene, no obstante, un límite máximo fijado por la Seguridad Social. En total, pueden llegar a reconocerse hasta 1.825 días, equivalentes a cinco años completos de cotización.

Para muchos autónomos, esta compensación puede marcar una diferencia significativa en el importe final de la pensión, especialmente si durante su trayectoria profesional atravesaron etapas prolongadas sin actividad económica.

Cómo influyen estas cotizaciones en la pensión

La principal ventaja de estos periodos reconocidos es que permiten rellenar vacíos en la carrera de cotización.

Por ejemplo, si una autónoma dejó de cotizar durante nueve meses tras cerrar temporalmente su negocio para cuidar de un hijo, esos meses podrían computarse como cotizados siempre que se encuentren dentro de los límites temporales establecidos por la normativa.

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A efectos del cálculo de la base reguladora, esos días tienen el mismo valor que si se hubiera mantenido la actividad profesional. Esto contribuye a evitar que determinadas lagunas reduzcan la cuantía final de la jubilación.

Requisitos para acceder a esta compensación

Para beneficiarse de estas cotizaciones adicionales es necesario cumplir una serie de condiciones.

Hijos correctamente inscritos

El nacimiento, adopción o acogimiento debe estar debidamente acreditado mediante la correspondiente inscripción en el Registro Civil o documentación equivalente.

Interrupción real de la actividad

Es necesario haber cesado o suspendido la actividad profesional y no haber cotizado durante el periodo que se pretende compensar.

Respeto de los plazos establecidos

Los periodos sin cotización deben encontrarse dentro de los márgenes temporales previstos por la normativa, tanto para los supuestos vinculados al parto como para los relacionados con el cuidado de hijos.

La aplicación se realiza durante la solicitud de la jubilación

Una de las ventajas de este sistema es que no requiere realizar un trámite específico años antes de la jubilación.

Cuando el autónomo solicita su pensión, debe indicar los hijos que ha tenido, así como los procesos de adopción o acogimiento que correspondan.

A partir de esa información y de la documentación aportada, la Seguridad Social analiza si existen periodos susceptibles de ser reconocidos. Si se cumplen los requisitos, esos días se incorporan automáticamente al cálculo de la prestación.

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La noticia Si dejaste de trabajar para cuidar a tus hijos, la Seguridad Social puede reconocerte hasta cinco años de cotización fue publicada originalmente en Pymes y Autonomos por Sergio Delgado .

No cabe duda de que la inteligencia artificial está transformando el mercado laboral, pero su implantación entre los trabajadores autónomos españoles todavía se encuentra en una fase muy inicial.

Según un análisis elaborado por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), únicamente el 20% de los autónomos utiliza actualmente herramientas de IA de manera habitual en su actividad profesional.

Pero ojo, que dicho dato refleja una realidad muy desigual. Mientras algunas profesiones ya están incorporando estas tecnologías para automatizar tareas y mejorar la productividad, otras continúan desarrollando su actividad prácticamente al margen de esta revolución tecnológica.

Los oficios manuales resisten mejor el avance de la IA

Desde UPTA, al igual que el informe publicado por Funcas, consideran que la inteligencia artificial no tendrá el mismo impacto en todas las actividades económicas. Los trabajos vinculados a la presencia física, la destreza manual y la intervención técnica especializada cuentan con una protección natural frente a la automatización.

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Fontaneros, electricistas, mecánicos, carpinteros, albañiles, pintores, instaladores o profesionales del mantenimiento siguen y seguirán desarrollando tareas que requieren desplazamiento, adaptación a situaciones concretas y capacidad de actuación en entornos cambiantes.

Lo mismo ocurre con agricultores, ganaderos, transportistas, peluqueros, profesionales de la estética, hosteleros o trabajadores sanitarios, prácticamente imposibles de sustituir mediante sistemas automatizados.

Profesiones administrativas y de oficina, más expuestas

La situación es diferente en aquellas actividades donde una parte importante del trabajo se desarrolla mediante procesos repetitivos o gestión documental.

La IA ya es capaz de redactar documentos, generar presupuestos, organizar agendas, clasificar información o responder consultas básicas de clientes.

Por este motivo, determinados perfiles administrativos, profesionales de oficina o actividades relacionadas con la gestión de información podrían experimentar una transformación mucho más profunda durante los próximos años.

Las herramientas actuales también permiten optimizar procesos de compra, mejorar campañas de marketing, reforzar la atención al cliente y automatizar numerosas tareas de gestión empresarial. Sin embargo, el ritmo de adopción entre los pequeños negocios sigue siendo aún reducido.

Una adopción todavía muy limitada

Pese a la enorme atención mediática que recibe la IA, la mayoría de los autónomos todavía no la utiliza de forma habitual. Entre los principales obstáculos aparecen la falta de formación específica, el desconocimiento sobre sus aplicaciones prácticas y las dificultades para incorporar nuevas tecnologías en negocios de pequeño tamaño.

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Desde UPTA consideran que esta situación puede generar una nueva brecha tecnológica dentro del colectivo si no se toman medidas a corto plazo. Muchos profesionales desconocen cómo integrar estas herramientas en su actividad diaria o qué beneficios concretos pueden obtener de ellas.

La formación, la gran asignatura pendiente

Ante esta situación, UPTA reclama un impulso decidido a la capacitación tecnológica de los trabajadores por cuenta propia.

La organización propone la puesta en marcha de programas específicos de formación, ayudas para la digitalización y servicios de asesoramiento que faciliten la incorporación de estas herramientas.

También considera necesario adaptar los contenidos de la Formación Profesional y de los estudios universitarios a un entorno laboral donde la Inteligencia Artificial tendrá cada vez más presencia.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, advierte de que "la verdadera amenaza no es la Inteligencia Artificial, sino que miles de autónomos no dispongan de las herramientas y la formación necesarias para aprovechar su potencial y hacerlo conforme a la normativa. Necesitamos actuar de forma inmediata para que esta transformación tecnológica sirva para mejorar la productividad y la competitividad de los pequeños negocios, y no para generar una nueva brecha entre quienes pueden adaptarse y quienes se quedan atrás".

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La noticia Sólo el 20% de los autónomos utiliza IA: los oficios tradicionales y físicos van a salir ganando fue publicada originalmente en Pymes y Autonomos por Sergio Delgado .

La inteligencia artificial forma parte de la actividad diaria de miles de autónomos y pequeñas empresas que la utilizan para casi absolutamente todo. Pero ojo, esta “libertad” tiene los días contados.

La aprobación por parte del Consejo de Ministros del proyecto de Ley Orgánica para el Buen Uso y la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, es un paso decisivo para adaptar la normativa española al Reglamento Europeo de IA.

La gran cantidad de obligaciones se dirige a desarrolladores y proveedores de sistemas avanzados. Pero también autónomos y pymes deberán revisar cómo utilizan estas herramientas en su actividad cotidiana.

El uso cotidiano de la IA ya no será una cuestión menor

Cada vez es más habitual que un pequeño negocio recurra a ChatGPT para redactar textos, a Gemini para generar propuestas comerciales o a plataformas de diseño capaces de crear imágenes automáticamente.

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En la mayoría de los casos, estas aplicaciones se consideran de riesgo limitado o mínimo, especialmente cuando funcionan como apoyo a tareas de productividad y no toman decisiones importantes y menos sobre terceros.

No obstante, el hecho de que una herramienta sea fácil de utilizar no significa que esté exenta de responsabilidades legales.

Qué actividades pueden generar más riesgos legales

La normativa distingue diferentes niveles de riesgo según la función que desempeñe la inteligencia artificial.

Los problemas suelen aparecer cuando estos sistemas intervienen en procesos que afectan directamente a personas. Un software que selecciona candidatos para una oferta de empleo, una aplicación que analiza la solvencia de un cliente o una herramienta que determina quién puede acceder a determinados servicios puede quedar sometida a exigencias mucho más estrictas.

O lo que es lo mismo: la importancia radica, sobre todo, en si la herramienta influye en decisiones que afectan a clientes, empleados, proveedores o terceros.

Las sanciones pueden alcanzar cifras millonarias

El proyecto legislativo incorpora un régimen sancionador alineado con la normativa europea.

Las infracciones más graves podrían alcanzar los 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio mundial del ejercicio anterior.

Aunque estas cantidades están pensadas para incumplimientos especialmente relevantes o sistemas de alto riesgo, también existen sanciones para situaciones menos graves.

Las infracciones graves podrían situarse entre 500.001 y 7,5 millones de euros, mientras que las leves oscilarían entre 6.000 y 500.000 euros.

La cuantía final, según la ley, dependerá de factores como la intencionalidad, la reincidencia, el daño causado o el tamaño de la empresa.

Los chatbots deberán identificar claramente que son inteligencia artificial

Uno de los cambios que más afectará a pequeños negocios será la obligación de transparencia.

Muchas empresas utilizan asistentes virtuales en sus páginas web, sistemas automáticos de atención al cliente o chatbots integrados en WhatsApp y otras plataformas.

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La futura regulación exigirá que el usuario sepa de forma clara que está interactuando con una máquina y no con una persona física.

Esta obligación también puede extenderse a determinados contenidos generados mediante inteligencia artificial, especialmente cuando exista riesgo de confusión sobre su origen.

La protección de datos gana protagonismo

Otro de los aspectos más sensibles afecta al tratamiento de la información que se introduce en estas herramientas.

Muchos autónomos utilizan sistemas de inteligencia artificial para analizar documentos, redactar contratos, preparar informes o responder consultas de clientes. Sin embargo, no siempre conocen dónde se almacenan esos datos ni qué uso posterior puede hacerse de ellos.

La nueva normativa obligará a prestar mucha más atención a las políticas de privacidad, condiciones de uso y mecanismos de protección de la información.

Antes de incorporar una nueva aplicación a la actividad diaria será recomendable comprobar qué garantías ofrece respecto al tratamiento de datos personales y empresariales.

Las empresas deberán saber exactamente qué herramientas utilizan

Uno de los primeros pasos para adaptarse a la nueva regulación será elaborar un inventario interno de herramientas de inteligencia artificial.

Esto implica identificar qué aplicaciones utilizan empleados y colaboradores, para qué finalidades se emplean y qué impacto pueden tener sobre clientes, trabajadores o proveedores.

Ese control permitirá demostrar que existe una supervisión adecuada y que la organización conoce los límites y responsabilidades asociados al uso de estas tecnologías.

En otras palabras, la futura regulación insiste en la necesidad de mantener siempre una revisión humana en los procesos más sensibles. Al final el criterio de la persona es y debe ser el más importante.

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¿Estás de baja? A partir del próximo 1 de septiembre, tú y miles de trabajadores por cuenta propia deberéis prestar mucha más atención a vuestro buzón electrónico de la Seguridad Social.

La entrada en vigor de la Orden ISM/541/2026 supone un cambio en la forma en la que la Administración se comunicará con quienes estén cobrando determinadas prestaciones o tengan procedimientos abiertos relacionados con incapacidades.

La nueva regulación amplía los colectivos obligados a relacionarse electrónicamente con la Seguridad Social y afecta especialmente a autónomos que se encuentren de baja médica por incapacidad temporal o que estén tramitando expedientes vinculados a incapacidades permanentes.

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El objetivo, asegura el Gobierno, es acelerar la transformación digital de la Administración, reducir la dependencia del correo postal y agilizar la gestión de millones de comunicaciones que cada año intercambian ciudadanos y organismos públicos.

Qué cambia a partir de septiembre

Hasta ahora, la obligación de recibir determinadas notificaciones electrónicas estaba limitada principalmente a beneficiarios de prestaciones concretas, como las relacionadas con el nacimiento y cuidado de menores o situaciones de riesgo durante el embarazo y la lactancia.

Con la modificación normativa, la Seguridad Social amplía significativamente el alcance de este sistema.

Desde septiembre, también quedarán incluidos los solicitantes y perceptores de prestaciones por incapacidad temporal, así como las personas inmersas en procedimientos relacionados con incapacidades permanentes o lesiones permanentes no incapacitantes.

Esto significa que una gran parte de las comunicaciones que tradicionalmente llegaban por correo ordinario pasarán a estar disponibles en la Sede Electrónica de la Seguridad Social (SEDESS).

Las comunicaciones que podrán recibirse por vía electrónica

El cambio afecta a numerosos trámites habituales durante una situación de baja médica o incapacidad.

A través de la sede electrónica podrán notificarse resoluciones sobre prestaciones económicas, solicitudes de documentación adicional, comunicaciones relacionadas con revisiones médicas, cambios en el estado del expediente o decisiones vinculadas al reconocimiento de una incapacidad permanente.

También podrán recibirse avisos sobre incidencias detectadas durante la tramitación, requerimientos de subsanación o comunicaciones relacionadas con lesiones permanentes derivadas de accidentes o enfermedades.

El riesgo de no consultar el buzón electrónico

La principal consecuencia para los autónomos no va a ser la pérdida automática de una prestación, sino la posibilidad de ignorar comunicaciones importantes que exijan una actuación dentro de un plazo determinado.

Cuando la Administración pone una notificación a disposición del interesado, este debe consultarla y responder, si procede, dentro de los periodos legalmente establecidos.

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No revisar regularmente el buzón electrónico puede provocar que se pase por alto una petición de documentación, una convocatoria para una revisión médica o una resolución relacionada con la prestación que se está percibiendo.

También podrían perderse oportunidades para presentar alegaciones, formular recursos administrativos o completar procedimientos necesarios para mantener determinados derechos.

Más digitalización en un sistema que gestiona millones de trámites

La Seguridad Social lleva años avanzando en la digitalización de sus procedimientos. Actualmente, gran parte de las gestiones relacionadas con afiliación, cotización, altas, bajas o prestaciones pueden realizarse sin acudir presencialmente a una oficina.

La ampliación de las notificaciones electrónicas busca reforzar esta estrategia y reducir los problemas asociados a los envíos postales, como retrasos, devoluciones o incidencias derivadas de cambios de domicilio.

Además, la utilización de medios digitales permite que las comunicaciones lleguen de forma prácticamente inmediata, reduciendo los tiempos de gestión y facilitando el seguimiento de los expedientes.

La Administración considera que este sistema aporta una mayor seguridad jurídica, ya que permite acreditar con precisión cuándo una comunicación ha sido puesta a disposición del interesado.

Habrá excepciones y mecanismos de apoyo

Aunque la regla general será el uso de las notificaciones electrónicas, la normativa contempla algunas excepciones.

La Seguridad Social podrá seguir utilizando medios tradicionales cuando no disponga de información electrónica suficiente para contactar con el ciudadano o cuando existan circunstancias que aconsejen una comunicación por vías no digitales.

También se mantendrá la posibilidad de recibir determinadas notificaciones de forma presencial cuando el interesado comparezca voluntariamente en una oficina y solicite acceder a la comunicación en ese momento.

Asimismo, la Administración podrá utilizar otros canales cuando resulte necesario para garantizar una actuación más eficaz o rápida. Los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) podrán prestar asistencia presencial para facilitar el acceso a las comunicaciones electrónicas.

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La noticia Jugar al pádel durante la baja no es el problema: esto es lo que ahora vigilará la Seguridad Social fue publicada originalmente en Pymes y Autonomos por Sergio Delgado .

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha presentado una propuesta de modificación del Estatuto del Trabajo Autónomo con el objetivo de adaptar la legislación actual a las transformaciones económicas, tecnológicas y sociales que se han producido en las últimas dos décadas.

La iniciativa cuenta con el respaldo de más de 150 asociaciones de autónomos de toda España y plantea una revisión profunda de una norma que fue aprobada hace demasiado tiempo, allá por 2007.

Y claro, desde entonces, todo ha cambiado mucho. La digitalización, la aparición de nuevas formas de trabajo, la expansión de las plataformas tecnológicas y la evolución de los modelos de negocio han sido constante.

En Pymes y Autonomos

Durante años, hemos medido mal la productividad, y este dato afecta mucho más a pymes y autónomos

Durante los últimos meses, la organización ha desarrollado un proceso de consulta con entidades sectoriales e intersectoriales de todo el país para recoger las principales demandas de los profesionales por cuenta propia. Y este ha sido el resultado.

Más protección ante enfermedad, jubilación y cese de actividad

Uno de los pilares de la propuesta se centra en ampliar la cobertura social de los autónomos. El objetivo es acercar sus garantías a las que disfrutan los trabajadores asalariados, especialmente en situaciones que pueden comprometer la continuidad de un negocio o los ingresos personales.

Entre las medidas planteadas figura la mejora de las prestaciones por cese de actividad, una herramienta que durante años ha sido objeto de debate dentro del colectivo por las dificultades de acceso y las limitaciones existentes en determinados supuestos.

La reforma también propone revisar las condiciones relacionadas con la jubilación, la incapacidad temporal y las contingencias profesionales. Además, se contemplan mecanismos de apoyo extraordinario para situaciones excepcionales que puedan afectar gravemente a la actividad económica de los trabajadores autónomos.

La organización considera que el actual sistema necesita adaptarse mejor a la realidad de millones de profesionales que desarrollan su actividad sin la cobertura que existe en otros regímenes laborales.

El trabajo digital gana protagonismo

Otro de los grandes cambios incluidos en la propuesta afecta a las nuevas modalidades de trabajo que han surgido en los últimos años.

La expansión de las plataformas digitales, los servicios desarrollados a través de internet y las actividades económicas vinculadas a entornos virtuales han generado situaciones que no siempre encuentran un encaje claro dentro de la normativa actual.

Por este motivo, la reforma incorpora nuevas figuras jurídicas destinadas a ofrecer mayor seguridad tanto a los profesionales como a las empresas que operan en estos ámbitos.

El objetivo es reducir la incertidumbre legal y facilitar el desarrollo de actividades emergentes que tienen un peso creciente en la economía española.

Cambios en la figura del autónomo dependiente

La propuesta también presta especial atención a los trabajadores autónomos económicamente dependientes, conocidos como TRADE.

UPTA plantea una actualización de esta figura para adaptarla a los nuevos modelos productivos y reforzar los mecanismos de control frente a posibles usos indebidos. La intención es evitar situaciones en las que determinados profesionales trabajan en condiciones de dependencia económica sin disponer de una protección adecuada.

Incentivos para emprender y facilitar el relevo generacional

La reforma dedica un apartado importante a los incentivos económicos y al apoyo al emprendimiento.

Entre las medidas planteadas figura la revisión del sistema de bonificaciones, ayudas y reducciones de cuotas para hacerlo más eficaz y ajustado a las circunstancias actuales. También se proponen actuaciones específicas destinadas a impulsar el emprendimiento juvenil y favorecer la continuidad de negocios viables.

En Pymes y Autonomos

Una vez más, Hacienda usará las devoluciones de la Renta para cobrarse deudas de 2025

El relevo generacional aparece como otra de las prioridades. Numerosos negocios gestionados por autónomos afrontan dificultades para encontrar continuidad cuando sus propietarios alcanzan la edad de jubilación.

La propuesta busca facilitar la transmisión de actividades económicas y evitar la desaparición de empresas que siguen siendo rentables.

Asimismo, se plantean medidas para fortalecer el tejido productivo en zonas rurales y contribuir a combatir la despoblación mediante incentivos específicos para quienes desarrollan su actividad fuera de los grandes núcleos urbanos.

Menos presión fiscal y un marco preparado para las próximas décadas

La organización considera imprescindible abordar cambios tributarios que permitan aliviar la carga económica que soportan numerosos autónomos. La propuesta defiende un modelo fiscal más equilibrado y vinculado a la capacidad económica real de cada profesional.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha destacado la necesidad de que las decisiones sobre el futuro del colectivo se adopten con la participación directa de sus representantes.

Según señaló, "es el momento de los autónomos" y de situar sus necesidades reales en el centro del debate político y social para impulsar una normativa adaptada a la realidad actual del trabajo por cuenta propia.

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La noticia Los autónomos exigen más protección: piden al Gobierno mejoras ante enfermedad, jubilación y cese de actividad fue publicada originalmente en Pymes y Autonomos por Sergio Delgado .

La campaña de la Renta entra en su recta final. El plazo para presentarla finalizará el martes 30 de junio. De hecho, aquellos contribuyentes cuyo resultado sea “a ingresar” y quieran domiciliar el pago deberán realizar el trámite antes del 25 de este mismo mes.

Sin embargo, ya son millones los contribuyentes que han recibido el ingreso correspondiente a su devolución. Y entre ellos, cómo no, miles de autónomos.

Más de ocho millones de contribuyentes ya han recibido su devolución

Los datos disponibles muestran que la Agencia Tributaria ha acelerado el ritmo de las devoluciones durante las últimas semanas. Hasta el momento, ya se ha abonado aproximadamente el 75% de las solicitudes con derecho a devolución presentadas durante esta campaña.

En Pymes y Autonomos

Hacienda revisará las declaraciones de todos los autónomos este año, incluso si ya han recibido la devolución

En términos económicos, Hacienda ha transferido más de 5.700 millones de euros a cerca de 8,3 millones de contribuyentes. La Administración estima tramitar alrededor de 25,25 millones de declaraciones, lo que supone un 2% más respecto al ejercicio anterior.

La devolución media ronda los 690 euros

Pero, ¿cuál es la cantidad media que están recibiendo los autónomos que tienen derecho a devolución? Tomando como referencia los importes ya abonados y el número de contribuyentes beneficiados, la devolución media se sitúa actualmente en torno a los 690 euros.

Esta cifra, claro está, sirve únicamente como orientación, ya que la cantidad final depende de numerosos factores individuales.

En el caso de los autónomos, la existencia de gastos deducibles, las retenciones practicadas durante el ejercicio, las aportaciones a sistemas de previsión social o determinadas deducciones autonómicas pueden provocar lógicas diferencias muy importantes entre unas declaraciones y otras.

Hacienda prevé devolver más de 13.000 millones de euros

Las previsiones oficiales apuntan a que el importe total de las devoluciones durante esta campaña alcanzará los 13.271 millones de euros.

Y paralelamente, la Administración calcula que las declaraciones con resultado a ingresar generarán una recaudación superior a los 24.600 millones de euros.

A medida que se aproxima el cierre del plazo, la Agencia Tributaria mantiene además diversos mecanismos para reducir errores y facilitar la corrección voluntaria de posibles incidencias detectadas en las declaraciones ya presentadas.

Ojo con las cartas que están llegando a miles de autónomos

Junto a las devoluciones, Hacienda también ha intensificado el envío de comunicaciones informativas destinadas a aquellos contribuyentes en cuya declaración se han detectado discrepancias respecto a los datos fiscales disponibles.

Miles de autónomos están recibiendo estas notificaciones tanto por correo postal como a través de los canales electrónicos habilitados por la Administración.

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Hacienda devolverá hasta 900 euros en la próxima declaración de la Renta. Miles de personas pueden reclamar la cantidad

Estas cartas no significan automáticamente el inicio de una inspección ni implican la imposición de una sanción. Su finalidad es ofrecer al contribuyente la posibilidad de revisar la información presentada y corregir posibles errores antes de que se inicie un procedimiento formal de comprobación.

Durante esta campaña ya se ha remitido una primera tanda de decenas de miles de comunicaciones, aunque la previsión es alcanzar alrededor de 130.000 avisos antes de que finalice el proceso.

Cómo revisar las diferencias detectadas por la Agencia Tributaria

Las comunicaciones enviadas incluyen indicaciones precisas para que el contribuyente pueda consultar las discrepancias observadas por la Administración.

A través de los servicios habilitados en la sede electrónica, los autónomos pueden acceder a los apartados correspondientes de Renta Web y comprobar qué información no coincide con los datos fiscales que maneja Hacienda.

Desde esa misma plataforma es posible presentar una declaración rectificativa cuando se confirme la existencia de errores u omisiones.

En campañas anteriores, muchos contribuyentes optaron por corregir voluntariamente sus declaraciones tras recibir estos avisos, evitando posteriores requerimientos, intereses de demora o posibles sanciones derivadas de una regularización posterior.

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La noticia Hacienda pisa el acelerador con las devoluciones: cuánto dinero reciben de media los trabajadores por cuenta propia fue publicada originalmente en Pymes y Autonomos por Sergio Delgado .

El perfil del trabajador por cuenta propia en España ya no es el que era. Y hay tres factores que han sido imprescindibles para este cambio: el aumento de profesionales extranjeros, el avance del emprendimiento femenino y el auge de la pluriactividad.

Según el último informe de la Federación Española de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y que analiza el perfil del autónomo en nuestro país, en apenas diez años, el número de autónomos extranjeros prácticamente se ha duplicado.

La afiliación de autónomos extranjeros ha aumentado un 93,6%, lo que supone la incorporación de 165.781 nuevos profesionales. Y como resultado, este colectivo representa ya cerca del 17% de los autónomos en España.

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Cotizó durante décadas como autónomo y esta es la pensión que le queda en 2026

En 2016, los autónomos extranjeros suponían apenas el 9% del total. Un dato que pone de manifiesto el importante papel que desempeña la inmigración en la actividad económica y en la creación de nuevos negocios.

Además, son una parte importante del incremento de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), que ha incrementado su volumen de afiliados un 7,2% entre junio de 2016 y abril de 2026. O lo que es lo mismo, España ha pasado de contar con alrededor de 3,2 millones de autónomos a superar los 3,4 millones.

El emprendimiento femenino sigue avanzando

Otro de los cambios más significativos es el protagonismo creciente de las mujeres dentro del colectivo autónomo.

Durante la última década, el número de mujeres autónomas aumentó un 10,4%, con 71.746 nuevas afiliadas al régimen especial. Una evolución que contrasta con la registrada entre los hombres, cuyo número descendió un 2,4%, equivalente a una pérdida de más de 30.000 afiliados.

Como consecuencia, la participación femenina dentro del conjunto de autónomos persona física ha aumentado de forma constante. Si en 2016 las mujeres representaban el 34,7% del colectivo, actualmente alcanzan el 37,5%.

Cada vez menos autónomos generan empleo

A pesar del crecimiento general del colectivo, existe una tendencia que preocupa especialmente: la reducción de autónomos con trabajadores contratados.

Los datos muestran que los profesionales sin asalariados aumentaron un 4,4% en la última década, mientras que aquellos que cuentan con empleados a su cargo disminuyeron un 6,2%.

El caso más llamativo es el de quienes hace diez años mantenían al menos un trabajador en plantilla y actualmente han dejado de hacerlo. Este grupo se redujo un 8,6%, evidenciando las dificultades que afrontan los pequeños negocios para sostener puestos de trabajo.

¿Las causas? Pueden ser muchas: el incremento de los gastos operativos, las obligaciones administrativas, la presión fiscal o la complejidad normativa, entre otras.

La pluriactividad se dispara

La combinación de empleo asalariado y actividad por cuenta propia también se ha convertido en una tendencia cada vez más frecuente.

Los trabajadores en situación de pluriactividad crecieron un 83,4% durante los últimos diez años. Esto supone que casi 80.000 personas más compatibilizan actualmente ambos regímenes de cotización.

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La ayuda que prometía impulsar negocios acaba en alarma: casi la mitad de autónomos cierra antes de 3 años

En cifras absolutas, se ha pasado de poco más de 95.000 pluriactivos en 2016 a cerca de 174.400 en 2026.

En algunos casos, esto permite complementar ingresos. En otros, sirve como vía para poner en marcha proyectos empresariales sin renunciar inicialmente a la estabilidad de un empleo por cuenta ajena.

Los servicios siguen liderando el emprendimiento

Por sectores de actividad, los servicios continúan siendo el principal destino para quienes deciden emprender en España. Actualmente concentran cerca del 75% de los autónomos.

La construcción destaca como el sector con mejor evolución, registrando un incremento del 11,5% donde la recuperación de la actividad inmobiliaria, la rehabilitación de edificios y el crecimiento de determinadas especialidades técnicas están marcando tendencia.

En el lado opuesto se encuentran la agricultura y la industria. El sector agrario perdió más de 31.000 autónomos en diez años, lo que equivale a una caída del 13,2%. La industria también retrocedió, con un descenso del 12,4%.

Imágenes | alex starnes, Greg Trowman

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La noticia Más mujeres, más extranjeros y menos negocios con plantilla: así evoluciona el colectivo autónomo en España fue publicada originalmente en Pymes y Autonomos por Sergio Delgado .

El alivio fiscal aplicado a la factura eléctrica ha llegado a su fin. O lo que es lo mismo, a partir de este mismo mes de junio, el IVA general vuelve al 21% y también se recupera el habitual del Impuesto Especial sobre la Electricidad.

Y claro, para muchas pymes, especialmente las vinculadas a la industria, la subida llega en un momento en el que los gastos energéticos continúan siendo uno de los principales factores que afectan a su propia rentabilidad.

La factura eléctrica vuelve a subir el gasto de las pymes

Durante los últimos meses se ido aplicando un IVA reducido del 10% sobre la electricidad, acompañado de una rebaja extraordinaria del Impuesto Especial sobre la Electricidad hasta el 0,5%.

En Pymes y Autonomos

Alerta pymes: la nueva normativa salarial entra en vigor el 7 de junio y muchas siguen sin estar preparadas

Ambas medidas fueron aprobadas como respuesta al fuerte encarecimiento energético derivado de las tensiones internacionales y la volatilidad de los mercados energéticos.

Sin embargo, la normativa que regulaba estas reducciones establecía que su continuidad dependía de la evolución de los precios. Una vez constatada, según el gobierno, la moderación de la inflación energética, las rebajas desaparecen automáticamente.

A partir de ahora, el IVA vuelve al 21% y el impuesto especial recupera su nivel habitual del 5,11%.

¿Cuánto aumentará el recibo de la luz?

El impacto exacto dependerá del nivel de consumo de cada negocio, claro está. Los cálculos realizados por Selectra indican que la vuelta a los tipos impositivos ordinarios puede traducirse en un aumento cercano al 15% sobre el importe final de la factura eléctrica.

Para entender mejor el efecto, una factura con una base imponible de 50 euros antes de impuestos pasaría a situarse en torno a los 63 euros tras aplicar los gravámenes habituales. Esto supone aproximadamente ocho euros adicionales respecto a la situación existente durante el periodo de rebajas fiscales.

En el caso de las pymes, donde el consumo energético suele ser considerablemente superior al de un hogar, el incremento anual puede representar varios cientos o incluso miles de euros adicionales, como es lógico.

La energía sigue siendo un problema para miles de pymes

La subida fiscal se suma a una tendencia que preocupa especialmente al tejido empresarial español. Numerosos sectores industriales alertan de que los precios de la electricidad continúan situándose en niveles que reducen su competitividad frente a otros países europeos.

Un informe elaborado por EY Consulting para la Alianza por la Competitividad de la Industria Española señala que las tarifas eléctricas industriales han aumentado entre un 35% y un 60% desde 2019. Este escenario reduce la capacidad de inversión de muchas compañías.

La situación afecta de forma particular a autónomos y pequeñas empresas manufactureras, que suelen operar con márgenes reducidos y disponen de menor capacidad para absorber incrementos continuados en sus gastos operativos.

Las cinco medidas que podrían abaratar la luz hasta un 30%

Ante esta situación, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española ha presentado un plan orientado a reducir el precio final de la electricidad para empresas y autónomos.

Según sus estimaciones, la aplicación conjunta de las medidas propuestas podría rebajar la factura entre un 10% y un 30%.

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En España, la formación ya no garantiza estabilidad laboral ni ingresos suficientes. La IA puede dar la puntilla a las pymes y emprendedores

Entre las iniciativas planteadas destacan:

• Eliminación del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE).
• Extensión de las bonificaciones del Impuesto Especial sobre la Electricidad a un mayor número de empresas.
• Integración de determinados costes técnicos dentro de los peajes de acceso para disminuir la volatilidad de los recibos.
• Consolidación permanente de reducciones en peajes eléctricos para grandes consumidores.
• Refuerzo de las compensaciones asociadas a los costes indirectos derivados de las emisiones de CO₂.

El objetivo de estas medidas es reducir la carga regulatoria que soportan las empresas y facilitar que puedan destinar más recursos a inversiones productivas, modernización tecnológica y eficiencia energética.

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La noticia Vuelve el IVA del 21% a la luz pero las pymes encuentran fórmulas para evitar un fuerte aumento del gasto energético fue publicada originalmente en Pymes y Autonomos por Sergio Delgado .

El domingo 7 de junio finaliza el plazo establecido por la Unión Europea para que los Estados miembros incorporen a sus respectivas legislaciones la Directiva de Transparencia Salarial.

Se trata de una normativa que obligará a reforzar la igualdad retributiva, aumentar la información disponible para los trabajadores y justificar de forma más rigurosa las diferencias salariales dentro de las organizaciones.

Sin embargo, su aplicación está dejando mucho que desear. Según el informe HR & Payroll Pulse 2026 elaborado por SD Worx, una parte significativa del tejido empresarial español todavía no ha completado su adaptación a los cambios que se avecinan.

En Pymes y Autonomos

Es posible que contratar sea más fácil, pero también retener el talento. El problema principal parece ser lo que se promete pero no se cumple

De hecho, una de cada cuatro pymes reconoce que aún no está plenamente preparada para afrontar las exigencias de la futura normativa.

Qué cambia con la Directiva de Transparencia Salarial

La nueva regulación europea tiene como principal objetivo reducir la brecha salarial de género y garantizar una mayor equidad dentro del mercado laboral.

Para lograrlo, las empresas deberán ofrecer más información sobre las condiciones retributivas de los puestos de trabajo. Entre otras medidas, los candidatos tendrán derecho a conocer los rangos salariales antes de incorporarse a una empresa, mientras que los trabajadores podrán solicitar información sobre los niveles retributivos medios de puestos equivalentes, diferenciados por género.

La normativa también obligará a justificar cualquier diferencia salarial mediante criterios objetivos relacionados con la experiencia profesional, la formación, las responsabilidades asumidas o las funciones desempeñadas.

En aquellos casos donde se detecten desequilibrios injustificados, las compañías deberán adoptar medidas correctoras y revisar sus estructuras salariales.

Esta transformación que impulsa la Unión Europea obligará progresivamente a las pymes a implantar sistemas salariales más transparentes, documentados y fácilmente justificables.

Una de cada cuatro pymes reconoce que no está lista

Los resultados del anteriormente mencionado informe reflejan que la preparación empresarial avanza sí, pero a un ritmo desigual.

El estudio indica que el 64% de las empresas españolas considera que está preparada para cumplir con las exigencias derivadas de la Directiva de Transparencia Salarial. Esta cifra supera ligeramente la media europea, situada en el 62%.

Sin embargo, cuando se analiza el grado real de adaptación, aparecen importantes diferencias.

Según SD Worx, únicamente el 19% de las organizaciones dispone actualmente de herramientas específicas de transparencia salarial, como sistemas de análisis de equidad retributiva o bandas salariales accesibles para los empleados.

En Pymes y Autonomos

En España, la formación ya no garantiza estabilidad laboral ni ingresos suficientes. La IA puede dar la puntilla a las pymes y emprendedores

Además, un 26% de las empresas se encuentra todavía en una fase de cumplimiento parcial, mientras que un 9% reconoce no haber iniciado prácticamente ninguna medida de adaptación.

La percepción de los trabajadores también preocupa

El informe no solo analiza el nivel de preparación de las empresas. También revela importantes carencias en la información que reciben los trabajadores.

Uno de los datos más llamativos es que el 77% de los empleados españoles afirma desconocer la existencia de la Directiva de Transparencia Salarial o no comprender con claridad sus implicaciones.

Esta situación pone de manifiesto que muchas organizaciones todavía no han comenzado a trasladar internamente los cambios que deberán aplicar durante los próximos meses.

Solo el 37% cree que cobra un salario justo

La percepción salarial de los trabajadores españoles tampoco resulta especialmente positiva.

Según los datos recogidos por SD Worx, únicamente el 37% considera que recibe una remuneración justa por el trabajo que desempeña, una cifra significativamente inferior a la media europea, que alcanza el 44%.

Además, solo el 43% de los empleados cree que existe una verdadera equidad salarial dentro de su organización entre personas que ocupan puestos similares.

Por el contrario, el 64% de las empresas considera que remunera de manera justa a sus trabajadores.

Esta diferencia de percepción entre empleadores y empleados supera los veinte puntos porcentuales en algunos indicadores.

Los próximos meses serán decisivos

La entrada en vigor de la Directiva de Transparencia Salarial no supondrá únicamente un cambio normativo. También obligará a miles de empresas a revisar sus políticas retributivas, mejorar sus mecanismos de comunicación interna y reforzar la documentación relacionada con salarios y procesos de contratación.

Imágenes | Moerschy, Marco Bianchetti

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La noticia Aviso urgente a las pymes: el cambio salarial del 7 de junio puede traer sanciones fue publicada originalmente en Pymes y Autonomos por Sergio Delgado .

Acceder al cese de actividad sigue siendo uno de los trámites más complicados para los trabajadores por cuenta propia. Los últimos datos actualizados por la Seguridad Social hasta abril de 2026 reflejan que apenas cuatro de cada diez solicitudes terminan aprobándose.

En total, durante los primeros meses del año se reconocieron 2.674 prestaciones frente a 2.684 expedientes rechazados. Sin embargo, las estadísticas oficiales dejan además otro dato que da que pensar: cuando la Seguridad Social sí concede la prestación, casi siempre lo hace por motivos económicos muy concretos y perfectamente documentados.

Las causas económicas concentran siete de cada diez prestaciones aprobadas

Las denominadas causas Económicas, Técnicas, Organizativas o Productivas (ETOP) siguen siendo la principal vía de acceso al cese de actividad en España.

En Pymes y Autonomos

El SEPE avisa: "Si tienes días de vacaciones pendientes, debes esperar para pedir el paro"

Hasta abril de 2026, 1.902 autónomos lograron cobrar la prestación por esta vía, lo que supone más del 71% del total de expedientes favorables. El peso de estas causas no deja de crecer. En 2025 representaban cerca del 67% de las ayudas concedidas y este año ya superan claramente el 70%.

Dentro de este grupo se incluyen distintas situaciones. La normativa permite acceder al paro cuando el autónomo acredita pérdidas superiores al 10% durante un ejercicio completo, siempre excluyendo el primer año de actividad.

También pueden acceder quienes acumulen deudas superiores al 150% de sus ingresos ordinarios durante los dos trimestres anteriores o aquellos negocios que hayan tenido que reducir un 60% la jornada de sus empleados para intentar mantener la viabilidad económica.

La Seguridad Social exige, eso sí, una acreditación muy detallada mediante balances, facturación, libros contables, declaraciones fiscales y documentación económica suficiente para justificar la caída real de actividad.

La fuerza mayor sigue siendo la segunda gran vía de acceso

La segunda causa más habitual por la que los autónomos consiguen cobrar el cese de actividad es la fuerza mayor.

En los primeros meses de 2026, la Seguridad Social reconoció 512 prestaciones vinculadas a este supuesto, lo que equivale aproximadamente a un 19% del total de ayudas aprobadas.

Aquí se incluyen situaciones extraordinarias ajenas al trabajador por cuenta propia que impiden continuar temporal o definitivamente con el negocio. Emergencias públicas, interrupciones graves de actividad o incidencias excepcionales pueden dar derecho a esta protección.

Tras los cambios introducidos después de la pandemia, el sistema permite además solicitar un cese temporal parcial o total sin necesidad de darse de baja en el RETA o en Hacienda, algo que anteriormente complicaba enormemente el acceso.

La normativa actual contempla, por ejemplo, supuestos donde una emergencia provoque una caída de ingresos del 75%, siempre que el autónomo no alcance determinados mínimos de facturación.

Autónomos dependientes, divorcios o pérdida de licencia

Más allá de las causas económicas y de fuerza mayor, existen otros supuestos mucho menos habituales que también permiten acceder a la prestación.

Durante 2026, un total de 112 Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes (TRADE) lograron cobrar el paro. Se trata de profesionales cuyos ingresos dependen en al menos un 75% de un único cliente y que además no cuentan con empleados ni local abierto al público.

Estos trabajadores pueden solicitar la prestación cuando finaliza el contrato principal, existe incumplimiento grave por parte del cliente o incluso en casos de jubilación o fallecimiento del contratante.

Las estadísticas también muestran que 54 autónomos accedieron al cese tras perder una licencia administrativa imprescindible para desarrollar su actividad.

Además, 26 trabajadores por cuenta propia cobraron la prestación tras un divorcio o separación matrimonial al tratarse de autónomos colaboradores vinculados al negocio familiar.

Por otra parte, 13 autónomas víctimas de violencia de género pudieron acceder automáticamente al cese de actividad gracias a la protección específica prevista en la normativa.

El gran problema sigue siendo acreditar correctamente el cierre

Si las cifras de aprobación ya reflejan importantes dificultades, los datos de denegación muestran aún más claramente dónde está el principal obstáculo.

Hasta abril de 2026, la Seguridad Social rechazó 2.684 solicitudes. De ellas, 1.614 fueron denegadas porque el autónomo no consiguió acreditar suficientemente el cese de actividad.

En Pymes y Autonomos

Miles de autónomos, contra las cuerdas: cobrar el 100% de la pensión será más difícil

Esto significa que seis de cada diez rechazos se producen exactamente por el mismo motivo.

Muchos trabajadores por cuenta propia creen que cerrar el negocio o reducir ingresos basta para cobrar la prestación, pero el sistema exige pruebas documentales muy concretas sobre pérdidas, caída de facturación, endeudamiento o imposibilidad real de continuar con la actividad económica.

El segundo gran bloque de rechazos correspondió a las denominadas “otras causas”, con 737 expedientes denegados.

Además, otros 269 autónomos no pudieron acceder a la ayuda por no tener el período mínimo de cotización exigido.

En cambio, únicamente 63 solicitudes fueron rechazadas por no estar al corriente en el pago de cuotas, desmontando así una de las ideas más extendidas entre el colectivo.

Imágenes | Revista Seguridad Social, Look Studio

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La noticia La Seguridad Social solo concede el paro a autónomos en estos casos en 2026 fue publicada originalmente en Pymes y Autonomos por Sergio Delgado .

La jubilación ya no tiene por qué significar una salida definitiva del mercado laboral. El Consejo de Ministros ha aprobado una reforma de la jubilación flexible que introduce cambios de calado en este sentido.

En los últimos años, el envejecimiento de la población, la falta de relevo en algunos sectores y la necesidad de adaptar las carreras profesionales a nuevas realidades han impulsado distintas fórmulas para hacer más flexible esa transición del empleo al retiro.

España da un paso para aumentar las posibilidades de quienes, una vez jubilados, deseen seguir activos: por primera vez, los trabajadores autónomos que hasta ahora quedaban fuera de esta modalidad, podrán compatibilizar parte de su pensión con una actividad económica.

Los autónomos entran por primera vez en la jubilación flexible

Hasta ahora, esta posibilidad estaba centrada fundamentalmente en trabajadores asalariados con determinadas condiciones de jornada parcial. La nueva regulación cambia ese escenario y extiende la compatibilidad a otros perfiles.

En Pymes y Autonomos

Golpe a miles de autónomos: tendrán que cotizar más años para acceder a la pensión completa

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado que: "El Gobierno ha aprobado nuevas mejoras en la jubilación flexible para que quienes quieran compatibilizar el empleo y la pensión puedan hacerlo de una forma sencilla y beneficiosa para ellos".

La reforma incorpora además una novedad relevante: los jubilados no tendrán que esperar un tiempo mínimo antes de reincorporarse a la actividad laboral. Podrán hacerlo cuando lo consideren oportuno y siempre de forma voluntaria.

Saiz añadió también que la medida "ofrece la posibilidad de que las personas que ya están jubiladas, voluntariamente, puedan reincorporarse actividad y compatibilizar su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia".

Cambian los límites de jornada y mejora el porcentaje de pensión

La modificación no solo amplía quién puede acogerse a este sistema, también introduce cambios en los porcentajes aplicables.

En el caso de quienes regresen al mercado laboral como asalariados a tiempo parcial, el margen de jornada aumenta. Hasta ahora la compatibilidad permitía trabajar entre un 25% y un 75% de la jornada habitual. A partir de la nueva regulación, el rango pasa a situarse entre un 33% y un 80%.

Además, la reforma incorpora mejoras económicas para quienes tengan una dedicación superior. Los pensionistas con jornadas situadas entre el 55% y el 80% obtendrán un incremento adicional del 25% sobre la cuantía correspondiente. Para jornadas comprendidas entre el 33% y el 55%, el aumento será del 15%.

Qué ocurrirá con los jubilados autónomos

Los autónomos pasan a incorporarse a una modalidad de compatibilidad de la que hasta ahora estaban excluidos.

La nueva regulación establece que el pensionista podrá seguir desarrollando una actividad económica y percibir simultáneamente hasta un 25% de la pensión mientras mantenga esa actividad compatible.

En Pymes y Autonomos

El sistema de pensiones no es sostenible, y hace tiempo que lo sabemos. Lo que implica: jubilaciones a los 70, pensiones bajas y más carga fiscal para todos

Esta medida afecta a todos los regímenes de la Seguridad Social salvo algunas excepciones concretas. Quedan fuera de su aplicación los funcionarios civiles del Estado, los miembros de las Fuerzas Armadas y el personal al servicio de la Administración de Justicia.

Una reforma vinculada a los cambios del sistema de pensiones

El nuevo Real Decreto entrará en vigor tres meses después de su publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado y forma parte de la reforma de pensiones aprobada durante 2024 junto a los interlocutores sociales.

El objetivo es facilitar una transición más gradual entre vida laboral y jubilación, incorporando incentivos para retrasar la salida definitiva del empleo o favorecer retornos parciales al mercado laboral.

Además, quienes se incorporen a esta modalidad mantendrán la condición de pensionistas a efectos de asistencia sanitaria y protección social.

También existen novedades para quienes accedieron inicialmente a una jubilación anticipada involuntaria. Cuando regresen posteriormente a la jubilación plena tras acogerse a la modalidad flexible, podrán ver mejorada su pensión mediante el recálculo de la base reguladora y del porcentaje aplicable según el tiempo adicional cotizado.

Imágenes | Mehdi Raad, Shivendu Shukla

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La noticia Cambio histórico para los jubilados: trabajar sin renunciar a la pensión ya es una realidad fue publicada originalmente en Pymes y Autonomos por Sergio Delgado .

¿Eres autónomo y estás pensando en jubilarte en los próximos años? Por la cuenta que te trae, empieza ya a revisar con más cariño tus cotizaciones.

A partir de 2027 entrará en vigor un cambio que hará más lento el acceso al 100% de la pensión, ya que la Seguridad Social modificará el sistema que calcula el porcentaje de prestación según los años trabajados.

Aunque no cambia la edad de jubilación, sí exigirá carreras de cotización más largas y podría afectar especialmente a quienes hayan tenido periodos sin actividad o trayectorias laborales irregulares.

A partir de 2027 se ralentiza el acceso al 100% de la pensión

El sistema actual de la Seguridad Social establece una escala progresiva para calcular la pensión. Haber trabajado durante un determinado número de años no garantiza automáticamente el cobro íntegro de la prestación. El mecanismo funciona mediante porcentajes que aumentan gradualmente conforme se acumulan meses adicionales de cotización.

En Pymes y Autonomos

El sistema de pensiones no es sostenible, y hace tiempo que lo sabemos. Lo que implica: jubilaciones a los 70, pensiones bajas y más carga fiscal para todos

El punto de partida se mantiene igual: con 15 años cotizados se genera el derecho al 50% de la base reguladora.

A partir de ahí comienza una progresión que incrementa el porcentaje correspondiente hasta alcanzar el máximo posible.

La novedad llegará con el nuevo esquema previsto para 2027. Durante 2026 todavía se aplicará un sistema donde los primeros meses posteriores a esos 15 años incrementarán el porcentaje a un ritmo ligeramente superior.

Sin embargo, desde 2027 ese crecimiento será más lento y exigirá carreras de cotización más largas para llegar al mismo resultado.

Sobre el papel la diferencia puede parecer incluso hasta mínima. Pero claro, trasladar esos pequeños cambios a décadas completas de actividad laboral genera un efecto acumulado mucho mayor del que inicialmente parece.

Ojo a los autónomos con trayectorias discontinuas

No todos los autónomos notarán este ajuste de la misma forma. Existen perfiles que pueden verse especialmente afectados por la nueva situación, sobre todo aquellos cuya carrera laboral no ha sido completamente estable.

Dentro de ese grupo aparecen trabajadores que comenzaron su actividad a edades más avanzadas, profesionales que atravesaron cierres temporales de negocio, autónomos que acumularon años difíciles y personas que alternaron empleo asalariado con trabajo por cuenta propia. También entran en este grupo quienes durante largos periodos cotizaron por bases mínimas o tuvieron dificultades para mantener una continuidad completa en las cuotas.

En Pymes y Autonomos

La Seguridad Social pone la miel en los labios a los trabajadores: ya puedes consultar cuánto cobrarías de más por retrasar tu jubilación

Este escenario es relativamente frecuente dentro del colectivo autónomo. A diferencia de muchas trayectorias laborales asalariadas, numerosos pequeños empresarios y profesionales atraviesan etapas con ingresos muy variables.

La realidad de un negocio propio raramente sigue una línea completamente estable durante treinta o cuarenta años.

Llegar a la edad no significa cobrar el máximo

Uno de los errores más frecuentes consiste en pensar que cumplir la edad legal garantiza automáticamente el acceso a la totalidad de la pensión. La realidad es muy distinta.

Por ejemplo: un autónomo de 66 años que acumula 31 años cotizados, pero que durante su trayectoria atravesó varios años sin actividad o periodos donde sus cotizaciones fueron especialmente reducidas. Bien, pues podría quedarse todavía por debajo del nivel necesario para cobrar el 100% de la prestación.

Las diferencias económicas pueden crecer con el paso de los años

Los efectos se entienden mejor cuando se trasladan a cifras reales. Imaginemos un autónomo cuya base reguladora le permitiría cobrar 1.800 euros mensuales si alcanzara el porcentaje máximo de jubilación.

Con el sistema actual podría aproximarse antes al 100%. Supongamos que consigue consolidar un 96%, lo que situaría su pensión en unos 1.728 euros mensuales. Sin embargo, con el nuevo ritmo previsto desde 2027 podría quedarse en un 94%, reduciendo la prestación hasta aproximadamente 1.692 euros.

La diferencia sería de 36 euros al mes. Vista de forma aislada parece una cantidad pequeña. Sin embargo, cuando se proyecta a largo plazo el escenario cambia.

En una década de jubilación la pérdida acumulada superaría los 4.000 euros y, si la prestación se prolonga durante veinte años, algo habitual dada la esperanza de vida actual, el impacto económico continuaría aumentando.

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La noticia Miles de autónomos, contra las cuerdas: cobrar el 100% de la pensión será más difícil fue publicada originalmente en Pymes y Autonomos por Sergio Delgado .

El sistema de protección social de los autónomos presenta diferencias importantes respecto al de los asalariados, especialmente en materia de desempleo. Una de las consecuencias más desconocidas afecta al subsidio para mayores de 52 años, una ayuda especialmente relevante por su impacto económico y por sus efectos sobre la futura jubilación.

Muchos profesionales por cuenta propia descubren demasiado tarde que haber cotizado durante años no garantiza el acceso a esta prestación. Y el motivo no está relacionado con la edad, los ingresos o los años trabajados.

Un subsidio clave para quienes se acercan a la jubilación

El subsidio para mayores de 52 años es una de las ayudas más importantes del sistema de protección por desempleo. Su principal ventaja es doble: proporciona ingresos mensuales y mantiene las cotizaciones a la Seguridad Social hasta la jubilación.

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Esto permite que el trabajador continúe generando derechos futuros y evita que una etapa prolongada sin empleo reduzca la cuantía de la pensión.

Para acceder a esta ayuda deben cumplirse distintos requisitos:

• Tener al menos 52 años
• Haber cotizado seis años por desempleo
• Cumplir las condiciones necesarias para acceder a la jubilación, salvo la edad
• Estar inscrito como demandante de empleo
• No superar determinados límites de ingresos

Sin embargo, existe una condición que termina convirtiéndose en el gran obstáculo para muchos autónomos.

El problema no es cotizar, sino la situación legal de desempleo

La principal diferencia radica en cómo interpreta la normativa la finalización de una actividad laboral.

Cuando un trabajador asalariado pierde su empleo por causas reconocidas legalmente, pasa a encontrarse en situación legal de desempleo.

En cambio, un autónomo que cesa su actividad no entra automáticamente en esa categoría.

El Servicio Público de Empleo Estatal considera que darse de baja como trabajador por cuenta propia no equivale a una situación legal de desempleo, requisito indispensable para acceder a prestaciones y subsidios asociados al paro.

Por ese motivo, las solicitudes son rechazadas incluso aunque el interesado reúna el resto de condiciones exigidas.

Tener todas las cotizaciones puede no ser suficiente

Muchos trabajadores creen, incluso, que décadas cotizando bastan para acceder a la ayuda, especialmente si cumplen con los años necesarios y tienen ingresos reducidos. Pero la realidad es diferente.

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Da igual haber cotizado seis años por desempleo o disponer de carreras laborales extensas. Si no existe situación legal de desempleo reconocida, el acceso al subsidio queda bloqueado.

Este aspecto afecta a numerosos autónomos que, tras cerrar negocios o abandonar actividades por dificultades económicas, descubren que no pueden acceder a una ayuda que consideraban alcanzable.

La alternativa para poder acceder al subsidio

Existe, eso sí, una vía que permite cambiar la situación. Un autónomo puede acceder posteriormente al subsidio si vuelve a trabajar por cuenta ajena y ese empleo termina de forma no voluntaria.

En la práctica, debe incorporarse como asalariado durante un periodo mínimo y posteriormente encontrarse en una situación reconocida legalmente como desempleo.

No basta abandonar el trabajo por decisión propia. La finalización debe producirse por circunstancias admitidas por la normativa. Solo entonces podría solicitar el acceso a la ayuda si cumple el resto de requisitos exigidos.

Cuánto se cobra con esta ayuda

La cuantía del subsidio para mayores de 52 años mantiene un funcionamiento distinto respecto a otras ayudas asistenciales. Actualmente equivale al 80% del IPREM, lo que se traduce en aproximadamente 480 euros mensuales.

Además, existe otra ventaja relevante. Mientras se percibe la ayuda, el beneficiario continúa cotizando a la Seguridad Social sobre el 125% de la base mínima vigente.

Ese mecanismo puede tener un efecto importante sobre la futura pensión, especialmente en trabajadores cercanos a la edad de jubilación que necesitan mantener cotizaciones activas.

Imágenes  | Annie Spratt, SEPE

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La noticia Miles de autónomos pueden quedarse sin subsidio: el motivo que el SEPE revisa a partir de los 52 años fue publicada originalmente en Pymes y Autonomos por Sergio Delgado .

Miles de autónomos y pequeñas empresas podrían tener una nueva vía para recuperar cantidades pagadas de más a Hacienda incluso después de haber pasado una inspección tributaria.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha aclarado algo que puede tener consecuencias importantes para muchos contribuyentes: una comprobación parcial realizada por la Agencia Tributaria no cierra automáticamente la puerta a futuras rectificaciones.

Hasta ahora, numerosos negocios consideraban que una revisión de Hacienda suponía el final del recorrido. No había más donde acogerse. La idea de volver a reclamar deducciones olvidadas, errores fiscales o impuestos ingresados de forma incorrecta parecía prácticamente descartada.

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Sin embargo, ahora si un elemento concreto nunca fue revisado durante aquella actuación, todavía podría existir margen legal para modificarlo.

Qué cambia realmente tras una inspección parcial

La resolución judicial nace a partir de un caso relacionado con el Impuesto sobre Sociedades y grupos empresariales, aunque el criterio podría extenderse a numerosos autónomos y pymes sometidos a comprobaciones limitadas.

El principio es sencillo: una actuación parcial afecta únicamente a los aspectos revisados expresamente por Hacienda. Lo que queda fuera de esa comprobación no necesariamente queda cerrado para siempre.

¿Y qué significa esto en la práctica? Que un autónomo al que revisaron determinadas facturas, un gasto concreto o una parte específica de un impuesto podría mantener opciones para reclamar posteriormente otros elementos que nunca fueron objeto de análisis.

IVA, deducciones y amortizaciones olvidadas

Entre los supuestos más habituales aparecen errores frecuentes que muchos pequeños negocios descubren tiempo después.

Existen casos de cuotas de IVA soportado que nunca se dedujeron correctamente, amortizaciones olvidadas, incentivos fiscales omitidos o deducciones que quedaron fuera de una declaración.

También pueden producirse errores en la aplicación de retenciones o problemas derivados de facturas rectificativas que no llegaron a incorporarse correctamente a la contabilidad.

Uno de los ejemplos más sencillos se encuentra en las liquidaciones trimestrales del IVA.

Si una comprobación anterior se centró exclusivamente en determinadas facturas emitidas, podrían existir otros apartados no analizados previamente que todavía permitan solicitar modificaciones. La clave reside en identificar con precisión qué elementos quedaron realmente fuera del alcance inicial de la revisión.

El documento fundamental que tener a mano

Para saber si todavía existe margen para reclamar, es recomendable revisar cuidadosamente la documentación generada durante el proceso inspector.

La comunicación de inicio, las diligencias realizadas y el acta final suelen delimitar exactamente qué conceptos examinó Hacienda y cuáles no llegaron a formar parte de la actuación administrativa. Dicha revisión documental puede resultar decisiva.

Muchos autónomos descubren años después que determinadas partidas nunca fueron comprobadas formalmente, pese a asumir que toda la declaración había quedado revisada en su totalidad.

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La diferencia entre una comprobación parcial y una inspección completa puede terminar condicionando futuras reclamaciones.

También podría afectar a determinadas pymes

La resolución del Supremo también puede tener efectos en pequeñas y medianas empresas relacionadas con determinadas deducciones rechazadas anteriormente.

El caso analizado por el tribunal se refería a cuestiones vinculadas a grupos consolidados dentro del Impuesto sobre Sociedades, un régimen específico con requisitos legales concretos.

Algunas compañías podrían ahora disponer de argumentos para revisar decisiones tributarias anteriores relacionadas con beneficios fiscales denegados.

Aunque el impacto final va a depender de cada situación particular, la sentencia introduce un criterio que podría ampliar las posibilidades de reclamación en determinados supuestos.

Reclamar también tiene riesgos

No obstante, iniciar una solicitud de rectificación no garantiza automáticamente una devolución favorable.

El contribuyente debe demostrar documentalmente que existe un error y acreditar con precisión las cantidades reclamadas. La carga de la prueba continúa recayendo sobre quien presenta la solicitud.

Además, reclamar puede generar efectos secundarios no siempre previstos. Es decir, una solicitud para corregir un punto concreto puede abrir nuevas revisiones tributarias. La Agencia Tributaria podría analizar otros aspectos relacionados con la declaración si detecta elementos susceptibles de comprobación adicional.

El límite general para solicitar rectificaciones suele situarse en cuatro años desde la finalización del periodo voluntario de presentación del impuesto. Sin embargo, recursos, actuaciones previas o requerimientos administrativos pueden modificar el cómputo y complicar el cálculo final.

Imágenes | El economista, Sergeitokmakov

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La noticia El Supremo cambia las reglas: miles de autónomos podrían recuperar dinero que Hacienda daba por perdido fue publicada originalmente en Pymes y Autonomos por Sergio Delgado .

Muchos autónomos pasaron años tomando una decisión que parecía lógica: pagar menos cada mes para aliviar gastos y ganar algo más de margen económico. Lo que pocos imaginaron es que esa estrategia, aparentemente beneficiosa en el corto plazo, podía terminar teniendo consecuencias importantes décadas después, justo en el momento de la jubilación. 

Pero claro, ¿qué ocurrió más tarde? Que cuando llega el momento de calcular la jubilación, se nota y mucho el impacto real que esta estrategia tiene sobre la pensión a recibir.

La situación afecta a una gran parte del colectivo. En 2023, el 86,6% de los autónomos cotizaba por la base mínima y cerca del 40% mantuvo esa situación durante buena parte de su trayectoria profesional.

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El sistema de pensiones no es sostenible, y hace tiempo que lo sabemos. Lo que implica: jubilaciones a los 70, pensiones bajas y más carga fiscal para todos

El resultado ofrece una diferencia importante respecto a los trabajadores asalariados: la pensión media de los autónomos llegó a situarse cerca de un 40% por debajo de la del Régimen General.

La reforma del sistema iniciada en 2023 busca corregir progresivamente esa situación mediante un modelo basado en ingresos reales. Pero ojo, porque esta nueva normativa no modifica décadas anteriores de cotizaciones reducidas.

La reforma cambia el sistema, pero no el pasado

Hasta hace pocos años, el modelo permitía elegir la base de cotización prácticamente con libertad. La mayoría optaba por la mínima y únicamente elevaba las aportaciones en etapas cercanas a la jubilación.

El nuevo sistema cambia esa dinámica. Desde la entrada en vigor del nuevo modelo de rendimientos reales, las cuotas pasan a vincularse a los ingresos obtenidos por el autónomo y desaparece gran parte de la libertad existente anteriormente.

Actualmente solo determinados tramos con ingresos más reducidos permiten cotizar por bases mínimas muy bajas. Sin embargo, quienes pasaron décadas aportando por debajo de otros niveles mantienen el impacto acumulado de esas decisiones tan extendidas en autónomos.

Cómo se calcula la pensión de un autónomo en 2026

El cálculo de la jubilación funciona de forma parecida al Régimen General. La base reguladora se obtiene mediante la suma de las bases de cotización correspondientes a los últimos 25 años, es decir, los últimos 300 meses, dividida entre 350.

Además, existen varios elementos que influyen directamente:

· Años cotizados totales

· Edad efectiva de jubilación

· Posibles coeficientes reductores

· Lagunas de cotización

· Actualización de bases anteriores por inflación

· Exoneraciones o periodos especiales

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Una diferencia importante afecta precisamente a los periodos sin cotizar. En autónomos, esa cobertura funciona de forma distinta y puede afectar negativamente al resultado final.

O lo que es lo mismo: cotizaciones bajas durante largos periodos terminan traduciéndose en pensiones reducidas.

Entonces, ¿qué puede cobrar un autónomo que ha cotizado siempre por lo mínimo?

No existe una cifra universal porque cada jubilación depende de múltiples variables. Sin embargo, sí puede hacerse una aproximación tomando como referencia el sistema vigente en 2026.

En un supuesto de un trabajador que únicamente hubiera cotizado el periodo mínimo exigido, 15 años, tendría derecho inicialmente al 50% de su base reguladora.

Tomando como referencia bases mínimas asociadas a ingresos reducidos, la pensión teórica podría situarse alrededor de:

· Base aproximada: 653,59 euros mensuales

· Aplicación del 50%: unos 326,80 euros al mes

La cifra está muy por debajo de las cuantías mínimas legales. Por ese motivo, la mayoría de los autónomos en esta situación suelen acceder posteriormente a complementos a mínimos para elevar la prestación.

Las pensiones mínimas en 2026 elevan la cuantía final

Las prestaciones mínimas experimentaron una actualización importante en 2026 y quedan configuradas de la siguiente forma:

Mayores de 65 años con cónyuge a cargo

• 1.256,6 euros mensuales
• 17.592,4 euros anuales

Sin cónyuge a cargo

• 936,2 euros mensuales
• 13.106,8 euros anuales

Con cónyuge no a cargo

• 888,7 euros mensuales
• 12.441,8 euros anuales

Requisitos para acceder a la jubilación contributiva

Para acceder a la pensión contributiva deben cumplirse varias condiciones:

• Haber cotizado al menos 15 años
• Tener 2 años cotizados dentro de los últimos 15 anteriores a la jubilación
• Alcanzar la edad legal ordinaria

En 2026 la edad de jubilación queda establecida en 66 años y 10 meses para quienes tengan menos de 38 años y 3 meses cotizados. Y en 65 años para quienes superen ese periodo cotizado.

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La noticia Cotizó durante décadas como autónomo y esta es la pensión que le queda en 2026 fue publicada originalmente en Pymes y Autonomos por Sergio Delgado .

España supera actualmente los 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Una cifra que confirma el enorme peso de los autónomos en la economía nacional, como creadores de actividad económica y empleo. Sin embargo, detrás de esta cifra se esconde una realidad mucho menos optimista: miles de proyectos empresariales desaparecen pocos años después de su nacimiento.

Uno de los datos que más preocupa es la supervivencia de los nuevos negocios. Y es que, cerca de la mitad de quienes inician una actividad por cuenta propia no consigue mantenerla durante sus tres primeros años de vida. Existe un momento especialmente delicado: el final de las bonificaciones iniciales en la cotización.

El punto crítico llega cuando termina la ayuda inicial

La conocida tarifa reducida nació con un objetivo claro: facilitar el acceso al autoempleo reduciendo la carga económica durante los primeros meses de actividad.

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Actualmente esta fórmula permite a los autónomos acogerse a una cotización inferior durante el arranque de su negocio. Sin embargo, organizaciones del sector como UPTA consideran que el alivio temporal no siempre se traduce en proyectos sostenibles a largo plazo.

Según los últimos datos disponibles, alrededor de 434.000 trabajadores por cuenta propia se encuentran acogidos actualmente a este sistema bonificado.

El problema está cuando desaparece ese colchón inicial y muchos profesionales deben asumir la cuota ordinaria completa.

La diferencia económica puede ser importante

La cotización mínima aplicable en 2026 se sitúa en una base de 950,98 euros. Aplicando el tipo vigente del 30,60%, la cuota ordinaria alcanza aproximadamente los 291 euros mensuales. Traducido a un año completo, supone un desembolso cercano a los 3.492 euros por trabajador autónomo.

Para actividades consolidadas puede tratarse de un gasto ciertamente asumible, pero para negocios que todavía atraviesan una fase inicial o presentan ingresos irregulares, el cambio puede convertirse en presión.

Muchos emprendedores afrontan durante esta etapa otros retos habituales: inversión pendiente, captación de clientes, gastos fiscales, alquileres o financiación.

Las asociaciones alertan sobre un posible efecto indeseado

Desde UPTA sostienen que la ayuda inicial facilita el acceso rápido al emprendimiento, aunque consideran que por sí sola no garantiza la viabilidad empresarial.

La organización advierte que el diseño actual puede terminar actuando, en algunos casos, como "una auténtica trampa para miles de personas que inician una actividad sin la preparación suficiente ni un proyecto económicamente sostenible".

Pero ojo, que la preocupación no se limita solo al cierre de negocios. También hay otros efectos posteriores relacionados con endeudamiento, acumulación de obligaciones pendientes, dificultades con proveedores o retrasos en pagos fiscales y cotizaciones.

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Además del impacto económico, estas situaciones suelen generar consecuencias personales importantes derivadas del fracaso empresarial.

La formación aparece como una de las posibles soluciones

Organizaciones como UPTA consideran que las políticas públicas dirigidas al autoempleo deberían incorporar más herramientas de acompañamiento.

La reducción temporal de cuotas puede facilitar el inicio, pero la supervivencia empresarial depende de muchos más factores. Entre ellos, la formación específica, planificación financiera, conocimientos de gestión, acceso a asesoramiento o mecanismos de seguimiento durante los primeros años, entre otros.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, plantea una transformación del modelo actual para convertir estas ayudas en una herramienta orientada a la consolidación empresarial y la creación de empleo estable.

La idea pasa por vincular determinadas bonificaciones a procesos previos de cualificación y preparación que reduzcan el riesgo de fracaso.

Porque abrir un negocio puede resultar relativamente sencillo. Mantenerlo vivo cuando desaparecen las ayudas iniciales es, según muestran las cifras, la parte verdaderamente complicada.

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La noticia La ayuda que prometía impulsar negocios acaba en alarma: casi la mitad de autónomos cierra antes de 3 años fue publicada originalmente en Pymes y Autonomos por Sergio Delgado .