Redacción Pymes y Autónomos
EditorCuando un autónomo cierra su negocio porque se jubila, está obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización de un mes de salario. En este caso no es relevante la antigüedad.
Para ello es importante que el empleador sea persona física (que sea un autónomo). Además, es necesario que la razón del cese de actividad sea la jubilación. Es decir, que el autónomo se jubile. No vale que simplemente cambie el administrador o el propietario de una sociedad, porque en ese caso no pueden extinguir los contratos de los empleados con un mes.
Cuándo corresponde el mes de salario y cuándo continúa el contrato
Esta regla está recogida en el artículo 49.1.g) del Estatuto. Se prevé que pueda haber una extinción por jubilación del empresario. En este caso el trabajador tendrá derecho a una cantidad “equivalente a un mes de salario”. Como ven, esto ya estaba en el texto de 2015. Sin embargo, se suele presentar como algo que recién ha entrado en vigor.
En la guía oficial sobre cese del autónomo se concretan los requisitos. Hay que verificar que se trata de una jubilación reconocida por la Seguridad Social. Y que cese la actividad empresarial.
Por otro lado, en algunos casos se produce una sucesión de empresa (por ejemplo, si hay un cambio de titularidad). En estos casos no hay ruptura de la relación laboral. El nuevo empresario es sucesor de los derechos y obligaciones del anterior, por lo que el trabajador sigue contratado con el nuevo empresario. Por ello, no tiene derecho a indemnización por el hecho de que haya habido un traspaso de la empresa. Esto ya lo explicábamos en Pymes y Autónomos.
Es importante tener en cuenta que cuando el empleador es una sociedad no es lo mismo que el propietario se jubile. En este caso, si se producen despidos objetivos procedentes (con extinción de contratos), la indemnización legal es de 20 días de salario por año de servicio (hasta un máximo de doce mensualidades). Para ello es necesario demostrar las causas y seguir el procedimiento correspondiente. Simplemente que un socio se retire no es suficiente.
El finiquito, el paro y las garantías que también hay que revisar
Tampoco es que se sustituya el finiquito. Hay que liquidar al final del contrato todo lo que haya pendiente (salario de los días trabajados o vacaciones devengadas pero no disfrutadas). Es más, en el artículo 49.2 se indica que el empresario deberá acompañar la comunicación de la extinción de contrato con una propuesta de liquidación. El trabajador tiene derecho a solicitar que en el momento de firma del recibo del finiquito esté presente un representante legal de la plantilla.
Además, si se pierde el trabajo por la jubilación del empresario se podrá acceder a la protección por desempleo (si se reúnen los requisitos). De hecho, en el SEPE está recogido expresamente como situación legal de desempleo. Es importante no confundir este cese con una baja voluntaria del empleado.
Para acceder a la prestación contributiva es necesario reunir unos requisitos. En general, es necesario haber cotizado al menos 360 días (en los últimos seis años) por desempleo (y que esos días no hayan sido utilizados para ningún derecho anterior). Además, hay que estar registrado como demandante de empleo y cumplir otras condiciones. No es suficiente con que se pague el mes.
En general el plazo para solicitar la prestación es de 15 días hábiles desde el último día de trabajo. Si se pagan vacaciones no disfrutadas el plazo empieza a contar desde el final de un periodo equivalente a esas vacaciones. En cualquier caso es posible que por entregar la solicitud tarde se pierdan días de prestación aun teniendo las cotizaciones suficientes.
En determinados casos (cuando hay una plantilla numerosa) es importante conocer que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha decidido que también están incluidas en la Directiva de despidos colectivos las extinciones por jubilación del empresario (cuando se alcanzan los umbrales). En concreto, el 11 de julio de 2024 (C-196/23) decidió este asunto. El asunto procedía de España (en él se producía la extinción de 54 contratos en ocho centros de trabajo).
En el comunicado sobre estos cierres se explican las garantías que deben darse (información y consulta a los representantes de los trabajadores), con el objeto de analizar posibilidades de evitar extinciones o minimizarlas. No se decide que haya una nueva indemnización (que sustituya al mes de salario), sino que es preciso analizar el importe y las garantías del procedimiento por separado.
Asimismo se aclara que en un conflicto entre particulares no es obligatorio para el juez que la norma nacional en contra de la directiva quede inaplicada. Es el tribunal nacional el que debe analizar si puede interpretar la norma de forma compatible con la directiva (sin que tenga que forzar una lectura en contra de su propia ley).
Imágenes | El Blog Salmón
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