Las amenazas a los sistemas informáticos no son ajenos a las diferentes administraciones. Y hoy en día, donde todo se encuentra informatizado supone dejar inoperativos muchos servicios. Pero los plazos en muchos casos siguen contando. Por eso se ha introducido un cambio en la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas que permite suspender los plazos en caso de un ciberataque grave. Vamos a ver cómo afecta a empresas y ciudadano.
No es algo nuevo porque durante el estado de alarma que se decretó por la incidencia de la COVID ya se suspendieron los plazos de los procedimientos administrativos en curso. Pero esta modificación permitirá hacerlo para un organismo concreto y por un motivo más localizado como una incidencia informática grave. El ejemplo lo tenemos en el ataque sufrido por el SEPE el año pasado.
¿Qué implicaciones tiene la suspensión de plazos?
El cambio se ha introducido aprovechando el decreto de medidas contra el impacto económico y social de la guerra en Ucrania. Así se permite que los servicios públicos puedan suspender todos los plazos obligatorios de los procesos en marcha en caso de ciberataque grave. De esta manera la Administración podrá acordar la ampliación general de plazos de los procedimientos administrativos.
Esto refuerza las garantías para las empresas y los ciudadanos, ya que hemos visto en estos últimos años como la imposibilidad de presentar escritos, impuestos, alegaciones, etc. todo lo que tiene que ver con la administración electrónica, pero también la atención presencial podía quedar parado.
Y en muchos casos la presentación fuera de plazos daba lugar a recargos, sanciones, etc. La administración también se cubre de esta manera ante posible retrasos en sus obligaciones, como pueden ser pagos o devoluciones de liquidaciones que sean a favor del ciudadano, como puede ser las prestaciones de pensiones, paro o devolución de la RENTA.
A la vez este decreto va acompañado de una fuerte inversión de 1.200 millones en ciberseguridad, para la puesta en marcha lo antes posible del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado. El objetivo es disponer de una estrategia nacional común de ciberseguridad, para prevenir ciberataques a organismos públicos y empresas, y tener planes de actuación en caso de que se produzcan. Veremos en los próximos años si sirve o no de algo esta inversión.