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El Supremo sienta jurisprudencia: basta con 183 días fuera de España para ser considerado como no residente

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El Supremo sienta jurisprudencia: basta con 183 días fuera de España para ser considerado como no residente

Una de las dudas más frecuentes entre los contribuyentes que viven fuera de España durante periodos prolongados de tiempo es saber cuándo se les debe considerar como residentes y cuándo como no residentes a efectos fiscales. Se trata de una cuestión no exenta de polémica, pues hasta ahora la Agencia Tributaria interpretaba de manera subjetiva la determinación del domicilio fiscal de los residentes, interpretando si las ausencias esporádicas computan a la hora de determinar esta residencia fiscal, con independencia de la voluntad de permanencia en el extranjero del contribuyente en cuestión

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo del 28 de noviembre, que sienta jurisprudencia, aclara este criterio: bastará con 183 en el extranjero para que un contribuyente tenga que tributar por el Impuesto sobre la Renta de los No Residentes, en lugar de por el IRPF.

El criterio es objetivo y cierto, y no depende de criterios subjetivos** como la la intencionalidad del contribuyente de establecerse de manera ocasional fuera de la geografía nacional**. Dicho de otro modo, lo relevante es si el contribuyente pasa más de la mitad del año fuera de España (183 días) con independencia de cuál sea su voluntad.

Los hechos se refieren a un becario del ICEX en Bucarest al cual Hacienda le practicó una retención a cuenta de 3.481,32 € del IRPF. Sin embargo, por considerarse no residente, el contribuyente presentó el modelo 210 del IRNR, en el que solicitó la citada cantidad, propuesta que se denegó por parte de la Agencia Tributaria de Asturias, competente en el caso, al considerar que el becario estaba en el extranjero de forma esporádica, pues tenía la intención de regresar a España, y no poder acreditar aquel su residencia fiscal en el extranjero.

En primera instancia, el Tribunal Económico-Administrativo Regional le dio la razón a Hacienda; sin embargo, el becario reclamó al Tribunal Superior de Justicia de Asturias que, por el contrario, falló a favor del becario. Finalmente, Hacienda elevó el asunto en casación al Tribunal Supremo, que finalmente acabó dictando sentencia favorable al contribuyente que, además, sienta jurisprudencia.

De este modo, el fallo del Tribunal Supremo sirve para aclarar una duda tan controvertida que deja claro que la determinación de un contribuyente como no residente debe realizarse exclusivamente a través de criterios objetivos, el de los días naturales de permanencia en el extranjero. Lo que prevalece en este supuesto son los 183 días y no cualquier otra consideración de tipo subjetivo.

En Pymes y Autónomos | ¿Dónde debe tributar mi sociedad? Esto es los criterios para determinar el domicilio fiscal

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La presentación de la demanda por parte de Hacienda, en caso de delito fiscal, no interrumpe el plazo de prescripción

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La presentación de la demanda por parte de Hacienda, en caso de delito fiscal, no interrumpe el plazo de prescripción

Cuando Hacienda interpone una demanda o denuncia ante los Tribunales por un presunto delito fiscal, el simple acto de la interposición de esa demanda no interrumpe el computo del plazo de prescripción del presunto delito, sino que es necesario un acto de interposición judicial contra el presunto culpable para que esa interrupción sea efectiva.

Una sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 15 de noviembre de 2010, resuelve de esta manera un recurso de amparo presentado por unos contribuyentes condenados por la Audiencia Provincial de Madrid como autores de un delito contra la Hacienda Pública.

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Sin ayuda fiscal las pymes "sin negocio"

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Sin ayuda fiscal las pymes "sin negocio"

Hay muchos tipos de empresas, pero parece que a partir de ahora aquellas pymes que no realicen de forma real una actividad, no contarán con los mismos beneficios fiscales que otras empresas de reducida dimesión y que si tienen una actividad productiva propia como fuente principal de ingresos.

Esta noticia es toda una llamada al orden para las empresas que sólo cuenten con elementos patrimoniales ente su actividad empresarial, el Estado las ha gravado un 5% extra en el Impuesto de Sociedades hasta el 30%. Muchas de ellas gozaban del régimen especial para pymes de reducida dimensión que sólo grava en un 25% los primeros 120.000 euros de base imponible.

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Desistimiento del empresario durante el período de prueba

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Desistimiento del empresario durante el período de prueba

El período de prueba es aquél que se pacta entre la empresa y el trabajador en virtud del cual ambas partes tienen libre facultad para desistir del contrato de trabajo sin necesidad de causa, motivación o preaviso.

La pregunta del millón es ¿Puede utilizarse ese derecho por parte del empresario cuando el período de prueba está en suspenso por incapacidad temporal, maternidad, adopción o acogimiento?

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El TS anula las sanciones de Hacienda, sólo falta anular la factura del Abogado

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El TS anula las sanciones de Hacienda, sólo falta anular la factura del Abogado

Si bien es cierto que la sanciones de Hacienda son en un alto porcentaje abusivas, irrazonables y prefabricadas, no lo es menos que el administrado se ve compelido en una proporción muy similar de casos a aceptarlas y pagar (léase pasar por el tubo) por no disponer de medios, tiempo o dinero que sirvan de amparo a semejante abuso de posición.

Uso bien los términos tiempo, dinero o medios, porque la presunción de inocencia o carencia de culpabilidad y responsabilidad como tales no sirven, pese a ser los requeridos legalmente para exculpar. Siempre menciono que no hay peor disposición derogatoria que la propia realidad, y en este caso no estamos ante una excepción; la ley exige como uno de los principios básicos del derecho sancionador una mínima culpabilidad, una mínima voluntad de defraudación para poder sancionar administrativamente; la realidad no la requiere, y en consecuencia a cada cuota que deja de ingresarse, con independencia del motivo, su causa o la voluntad, se exige una sanción por parte de la administración tributaria.

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