La ley riders ya inicia su tramitación para poner freno a los falsos autónomos

La ley riders ya inicia su tramitación para poner freno a los falsos autónomos
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No es ningún secreto que la postura de la ahora Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es similar a la mantenida por Inspección de Trabajo al considerar a los repartidores de las plataformas digitales de reparto como falsos autónomos. Hay diferentes sentencias de los Tribunales que así lo reconocen, pero no hay unanimidad. Y el Gobierno no quiere esperar a que se pronuncie, por eso ya ha iniciado la tramitación de la conocida como ley riders para poner freno a los falsos autónomos.

O más bien a las plataformas digitales que utilizan este modelo de relación laboral y que no solo afecta a los repartos. Desde la patronal del sector, ADigital, siempre han apostado por crear un modelo intermedio entre el autónomo y el empleado, el autónomo digital, una especie de TRADE vitaminado, con más derechos que un autónomo pero bastantes menos que un empleado por cuenta ajena.

No solo se trata de una cuestión de derechos para los trabajadores. Las arcas de la Seguridad Social se verían beneficiadas de esta legislación, puesto que ingresarían en función del salario mínimo en el peor de los casos y ahora muchos de estos autónomos se benefician de las bonificaciones de la tarifa plana, para luego en muchos casos darse de baja cuando tienen que pagar la cuota completa y no sale tan a cuenta.

Para el Gobierno no es lo mismo una plataforma tecnológica que facilita la intermediación entre un trabajador y un demandante de empleo, sin intervención alguna en las condiciones o términos de dicho encuentro. Diferente es cuando la plataforma fija las condiciones para ambos a la hora de cobrar comisiones, dar o no trabajo, etc. No es una cuestión por lo tanto del uso de la tecnología, sino de quién impone las condiciones de trabajo.

De lo que se trata es de establecer el marco regulativo para la economía colaborativa. La ley está en fase de consulta pública. El objetivo es dar la seguridad jurídica necesaria a las empresas de la economía colaborativa para que puedan operar con unas condiciones regulatorias claras. Por ello afirman que:

los nuevos modelos de negocio on line deben estar sometidos a las mismas reglas que los modelos de negocio clásico, lo que podríamos denominar como equiparación entre los modelos de producción clásicos o tradicionales y los nuevos modelos tecnológicos o informáticos. De ahí la necesidad de articular de manera segura y con las certezas necesarias para los distintos sujetos implicados, una realidad económica nueva que debe garantizar la protección de quienes son trabajadores, aun cuando puedan prestar servicios de un modo que se aparta del tradicional

El miedo es que la precariedad de este modelo se extienda a otros muchos sectores, donde ahora se están dando algunos pasos. Podríamos verlo desde abogados a diseñadores gráficos, creadores de páginas web, etc. El modelo es muy flexible y en la mayoría de los casos el trabajador no está en posición ventajosa como para negociar las condiciones.

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