Javier Ruiz
En España, las pensiones se han convertido en un reto económico de primer orden comparable al acceso a la vivienda. Las cotizaciones sociales financian alrededor del 70 % de los ingresos de la Seguridad Social, pero ya no bastan para cubrir el gasto creciente.
En la actualidad, lo que resta se compensa con impuestos y deuda, mientras pymes y autónomos cargan con una de las presiones más altas de Europa.
¿Un peso desproporcionado?
En 2025, los ingresos por cotizaciones ascendieron a 87.500 millones de euros, un 7,2 % más que en 2024. Aun así, el sistema sigue en números rojos. Según el Instituto de Estudios Económicos, España es uno de los países de la UE donde más pesan las cotizaciones sobre la recaudación: un 25,8 % frente al 17,9 % comunitario.
En términos de PIB, en España la presión fiscal empresarial alcanza el 12,3 %, frente al 10,2 % de la media europea. Esto se traduce en menor margen para contratar, subir salarios o reinvertir beneficios. Los autónomos tampoco salen mejor parados: la mayoría cotiza por bases mínimas, lo que limita su pensión futura.
Sin embargo, la Seguridad Social ha compartido datos actualizados que muestran cómo el gasto en pensiones se mantiene en torno al 12 % del PIB (Seguridad Social). Solo en julio de 2025, el desembolso mensual fue de 13.588 millones de euros, un 6,2 % más que el año anterior.
Haciendo un cálculo rápido, hoy día, la pensión contributiva media se sitúa en 1.311 €/mes, mientras la de jubilación supera los 1.500 €/mes. En cambio, la pensión de los autónomos apenas llega a los 1.000 euros al mes, y quienes cotizan siempre por la base mínima pueden estar cobrando (o cobrarán) poco más de 635 €.
El Banco de España y la Comisión Europea advierten que el modelo actual no es sostenible: el gasto crece más rápido que los ingresos, y la base de cotizantes se debilita. El peso de los salarios en el PIB, que rondaba el 55 % hace dos décadas, ha caído al 50 % y podría bajar al 40 % en 2060, como apuntaba Julián Díaz Saavedra para El País.
Para intentar ganar oxígeno, el Gobierno ha reforzado el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), elevando la cotización adicional del 0,7 % al 0,8 %. Solo en 2025 generará 690 millones extra, así como se ha introducido una “cuota de solidaridad” para salarios que superen los 58.900 € anuales, con recargos crecientes de aquí a 2045.
El dilema de las pymes
Como resultado, el ecosistema empresarial español supone una doble pinza: por un lado, empresas pequeñas y trabajadores por cuenta propia soportan unas cotizaciones muy elevadas en comparación internacional. A su vez, sus pensiones futuras no están garantizadas, especialmente en el caso de los autónomos que cotizan por lo mínimo.
Un ejemplo práctico: contratar un trabajador con un salario bruto de 20.000 € anuales cuesta a la empresa alrededor de 26.000 € tras sumar las cotizaciones sociales. Para una pyme con tres empleados, la factura anual se dispara por encima de los 18.000 € adicionales, un coste que limita tanto la contratación como la competitividad.
Todo indica que España no puede sostener el futuro de las pensiones cargando todavía más sobre la pequeña y mediana empresa y los autónomos.
Según los analistas, la solución debe pasar por diversificar las fuentes de financiación (vía impuestos finalistas, mejora de la productividad y planes complementarios) y por incentivar bases de cotización más altas sin penalizar la actividad.
Si no se aborda el problema de raíz, se corre el riesgo de seguir siendo sostenible a costa de quienes menos margen tienen: los pequeños negocios y los trabajadores por cuenta propia. Pero ¿hasta cuándo?
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