Javier Ruiz
La digitalización abre oportunidades, pero también expone a pymes y autónomos a un riesgo creciente: los ciberataques. En un escenario donde la gestión de datos personales es clave, no basta con resolver internamente una incidencia.
La normativa europea, así como la española, obliga a dar un paso más: informar a la autoridad competente y a los afectados en caso de brecha. En otras palabras, un ciberataque no es solo un problema técnico, sino también es un riesgo legal, económico y reputacional que puede comprometer la supervivencia de un negocio. Las sanciones por incumplimiento pueden alcanzar cifras millonarias y ya existen precedentes de grandes empresas multadas en España.
Notificar en 72 horas es obligatorio
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) establece que las empresas deben comunicar cualquier brecha de datos a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en un plazo máximo de 72 horas desde que tienen constancia. La propia AEPD explica cómo debe hacerse esta notificación en su web oficial.
Cuando el riesgo es elevado, además hay que informar a los clientes afectados, detallando qué datos se han visto comprometidos y qué medidas se están tomando. No hacerlo, o hacerlo tarde, supone una infracción grave y abre la puerta a sanciones severas.
Multas que llegan a millones
Las sanciones dependen de la gravedad del ataque, del tipo de datos afectados y de la respuesta de la empresa. Pueden ir desde decenas de miles de euros hasta cifras millonarias.
Un ejemplo claro es el de Carrefour, sancionada con 3,2 millones de euros tras varias brechas de seguridad que afectaron a más de 118.000 personas. Además, la nueva directiva europea NIS2, que refuerza los requisitos de ciberseguridad en sectores críticos, contempla sanciones de hasta 10 millones de euros, señalando la importancia de invertir en digitalización y ciberseguridad a las pymes.
El riesgo principal es considerar que “los hackers solo atacan a grandes compañías”. La realidad es que las pymes son el blanco más habitual por su menor nivel de protección. Muchos ciberataques se dirigen a negocios pequeños porque cuentan con sistemas menos sofisticados, contraseñas débiles o empleados sin formación específica.
Según un análisis de Channel Partner, el 60 % de las pymes que sufre un ciberataque grave acaba cerrando en los seis meses siguientes por la combinación de pérdidas económicas, paralización de la actividad y pérdida de reputación.
Reducir riesgos y evitar sanciones
Para minimizar riesgos y cumplir la normativa, las pymes deben ir más allá de instalar un antivirus. Contar con un plan de respuesta a incidentes es esencial: registrar lo ocurrido, determinar las causas y establecer medidas correctivas ayuda no solo a responder mejor, sino también a demostrar diligencia ante la AEPD en caso de inspección.
El segundo paso es cumplir con la obligación de notificar en plazo. Comunicar lo ocurrido en menos de 72 horas y, cuando sea necesario, informar también a los afectados, es lo que marca la diferencia entre un simple incidente y una infracción grave.
A nivel técnico, conviene reforzar la seguridad con copias de seguridad periódicas, actualizaciones constantes, cortafuegos y segmentación de redes. Sin embargo, tan importante como la tecnología es la formación de empleados, ya que muchos ataques entran por simples correos de phishing o descargas no seguras.
Por último, cada vez más empresas recurren a ciberseguros para cubrir los costes financieros, legales y reputacionales que puede acarrear un ataque. En el caso de las compañías que operan en sectores críticos, será clave adaptarse cuanto antes a las exigencias de la directiva NIS2, que eleva el listón de protección digital en toda la Unión Europea.
En resumen, el mensaje para pymes y autónomos es claro: un ciberataque no es solo un problema técnico, también es un riesgo legal y económico. Notificar en plazo y reforzar la ciberseguridad no solo evita multas millonarias, sino que protege la continuidad del negocio en un entorno digital cada vez más vulnerable.
Ver 0 comentarios